El senador tuvo un momento de duda cuando fue preguntado sobre las materias del plan que a juicio del PP son inconstitucionales. Ballesteros sólo pudo señalar una: la que establece extender la calificación de vivienda de protección oficial (VPO) a toda la vida de la casa en vez de los 15 años que las autonomías suelen fijar como límite antes de que puedan venderse a precio de mercado. 
No se trata de enmendar la plana a las autonomías, sino de financiar únicamente las que se ajusten a la “no descalificación”. Como se hace en toda Europa.
De lo dicho no hay posibilidad de que prospere un recurso por intromisión en competencias autonómicas, pero, en la práctica, se paralizaría el plan.