NOTICIA
>
-Urbanismo > Julio Gómez-Poma
en Expansión
Valor
añadido > -En cuanto
a la reestructuración de las empresas y entidades públicas,
nuevamente va a ser necesario el pacto con ayuntamientos y CCAA, ya que
es aquí donde se concentra el problema. El sector público
autonómico pasó de 1.519 entes en 2004 (organismos autónomos,
fundaciones, consorcios, entes públicos, etc.) a 2.388 en 2010.
La reestructuración y supresión de organismos debe venir
acompañada de una reducción paralela en las plantillas, básicamente
integrada por personal laboral, y que ha sido objeto de críticas
fundadas respecto a los mecanismos de contratación. Las medidas
no son fáciles, pero los datos muestran la necesidad imperiosa de
acometer estos y otros ajustes en la estructura de las Administraciones
Públicas.
FLASH
>
NOTICIA
>
- Expropiaciones urbanísticas
> Editorial de Cinco Días
Valor
añadido > -El reglamento
de la Ley de Suelo que el Gobierno aprobó ... ha introducido un
cambio fundamental en el actual procedimiento de valoración del
precio de los inmuebles. El texto aspira a mejorar y clarificar el sistema
de determinación del valor de los bienes en un mercado -el del suelo-
tradicionalmente aquejado de opacidad y falta de eficiencia. El objetivo
de la nueva regulación apunta, entre otros fines, a combatir distintas
prácticas especulativas que inciden de forma directa en la fijación
del valor de los terrenos a efectos expropiatorios. La principal medida
en este sentido es la prohibición de que, en la valoración
de cualquier inmueble, se tengan en cuenta sus expectativas y aprovechamiento
futuros. No es ningún secreto que el precio que las Administraciones
públicas abonan en ocasiones a los propietarios de solares expropiados
excede en mucho -hasta en mil veces- su valor real. Un montante desorbitado
que no solo han tenido que venir asumiendo de forma gravosa las arcas públicas,
sino también las empresas concesionarias de las infraestructuras
y obras construidas en los terrenos expropiados. Para remediar esa elevada
distorsión entre precio abonado y valor real, el nuevo reglamento
establece de forma taxativa cómo debe ser tasado el suelo y contempla
todos los coeficientes que se pueden aplicar con ese objetivo, entre ellos,
la localización, cercanía o lejanía a un núcleo
urbano, etcétera. Con ello no se pretende fijar el precio real de
los solares expropiados, sino limitar de forma racional la factura final
a pagar. Introducir criterios de mesura en un mercado especialmente vulnerable
a la especulación es, sin duda, una buena noticia. También
lo es la introducción de mayores criterios taxativos que refuercen
la seguridad jurídica y la objetividad a la hora de establecer el
justiprecio de un bien expropiado, más aún en un contexto
económico de dura crisis como el actual, en el que la austeridad
se ha convertido en un bien en alza. Pero tampoco conviene olvidar que
la expropiación forzosa es un acto administrativo que conlleva la
lesión a un patrimonio privado y que esa lesión debe ser
compensada de forma justa y suficiente. En ese sentido, no faltan voces
que alertan del riesgo de que con la nueva normativa el precio abonado
al propietario expropiado pueda estar por debajo del coste a pagar por
este para obtener un bien sustitutivo en el mercado. Como ocurre con toda
norma legal que echa andar, habrá que estar atento a esas posibles
distorsiones para subsanarlas de forma conveniente y adecuada.
FLASH
>
NOTICIA
>
- Ayuntamientos > Due diligence
y auditorías.
Valor
añadido > -La Intervención
General del Estado, encargada de auditar las cuentas públicas, recurrirá
a empresas privadas ante la "carencia de efectivos suficientes" para cumplir
sus obligaciones. El Boletín Oficial del Estado publicó
una orden del Ministerio de Economía que lo autoriza. Se podrá
contratar a auditores privados por más de un año para trabajos
"periódicos y recurrentes", según el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas.
FLASH
>
NOTICIA
>
- Urbanismo > ayuntamientos
> editorial de Expansión
Valor
añadido > -el problema
no podrá empezar a resolverse hasta que los ayuntamientos admitan
y sean conscientes de que los ingresos que proporcionó en su momento
el auge inmobiliario tuvieron un carácter extraordinario y que por
mucho que mejore la economía no volverán a producirse. El
andamiaje municipal actual es insostenible. Eso implica emprender por parte
del Gobierno central la prometida reforma de la financiación local
para suplir la hiperdependencia del ladrillo, pero aun así será
insuficiente si no se acometen reformas para racionalizar unas estructuras
mastodónticas e incompatibles con la realidad del país. Merece
la pena considerar la aportación del Círculo de Empresarios,
que aboga por racionalizar el mapa de los municipios, en el que sólo
el 10% de los 8.100 que hay en España supera los 10.000 habitantes,
aglutinando los más pequeños en entidades administrativas
de mayor tamaño. Eso reportaría importantes sinergias de
gestión y ahorro de costes. Es pertinente la comparación
con Alemania, que con una población de 82 millones de personas –el
doble de la española– cuenta con sólo 5.000 municipios. El
nivel de atomización municipal es mayor en España a la de
muchos estados federales. El planteamiento del Círculo coincide
básicamente con las recomendaciones del FMI a la rescatada Grecia,
que aprobó reducir el número de ayuntamientos de 1.034 a
355. Otros países como Dinamarca o Suecia ya emprendieron en el
pasado esa concentración municipal de manera exitosa y con notables
efectos financieros.
FLASH
>
informe >
-
Urbanismo
Valor
añadido > -El Círculo
de Empresarios pide suprimir Ayuntamientos > Administracones Territoriales.
Propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado >
Un reciente informe del Consejo de Europa (2008) identifica tres modelos
institucionales de cooperación intermunicipal en Europa: • Un modelo
muy integrado, fundamentalmente un modelo de derecho público, con
entidades
intermunicipales a las que se les asigna la competencia sobre la provisión
de determinados servicios básicos y que cuentan con recursos para
su gestión. Hay una supervisión estatal bien definida, tanto
financiera como legal y el marco legal es muy detallado. Es
el modelo que, además de en España, se encuentra en Francia
y Portugal. • Un modelo más flexible, basado en la libertad de las
Entidades Locales para colaborar en la provisión de servicios, y
que se apoya en asociaciones ya existentes o en acuerdos de colaboración
informales. No es un modelo basado en el derecho público y la supervisión
es menor. Es el que se puede encontrar en Reino Unido o República
Checa. • Un modelo intermedio, adoptado por la mayoría de naciones
europeas, que combina características de los dos modelos anteriores.
Ver
> Informe / Suscriptor
NOTICIA
>
-Urbanismo
Valor
añadido > -El Ministerio
de Vivienda ha editado el "Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento
Urbanístico Español", en el que se establecen 112 criterios
para alcanzar un desarrollo más sostenible y un decálogo
con propuestas. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, presentó
este martes el Libro en un acto en el que estuvo acompañada del
presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), Pedro Castro. Entre las propuestas que recoge el Libro Blanco se
encuentra: promover el equilibrio en el sector inmobiliario incentivando
la rehabilitación, vincular la legislación urbanística
y medioambiental, hacer un verdadero seguimiento de de la ejecución
de los planes, conseguir una participación ciudadana real y alcanzar
un acuerdo entre todas las administraciones para cambiar el modelo inmobiliario
español.
FLASH
>
NOTICIA
>
- Urbanismo
Valor
añadido > -La comisión
de peticiones del Parlamento Europeo decidió enviar una carta a
las autoridades españolas para que expliquen los detalles de la
Ley de Costas de 1989 y aclare si se han producido "abusos" en su aplicación,
tal y como denuncian varias asociaciones de afectados y ciudadanos de distintas
nacionalidades europeas.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Urbanismo
Valor
añadido > -El Gobierno
prevé una "modificación profunda" de la Ley de Régimen
Local, con una mayor "transparencia" de ayuntamientos > el Gobierno ha
previsto una "modificación profunda" de la actual Ley de Bases de
Régimen Local, que data de 1985, con la presentación durante
este trimestre de la Ley de Autonomía Local, que recoge una mayor
"transparencia" por parte de los ayuntamientos, sobre todo en materia de
urbanismo. Seguir leyendo el arículo
FLASH
>
NOTICIA
>-Urbanismo > Expansión
Valor
añadido > -¿Cuál
es la mejor vía para combatir las ilegalidades urbanísticas,
la penal o la administrativa? ¿Qué es preferible, el castigo
penal o el administrativo? Las irregularidades urbanísticas deberían
ser castigadas preferentemente por la vía administrativa. Ésta
el punto de partida teórico y dogmático que todos hemos repetido
en nuestras clases y en nuestros escritos. La razón es esencialmente
práctica: si el castigo es administrativo, será más
eficaz (rapidez e inmediatez), por lo que contribuirá más
y mejor a garantizar el cumplimiento de la ordenación urbanística.
Cuanto mayor sea la proximidad, incluso temporal, entre la infracción
y el castigo, más eficaz será el efecto disuasor de las conductas
contrarias a la ordenación. Cuanto menor sea el tiempo entre infracción
y castigo, más eficaz será el mensaje que aconseja el cumplimiento
voluntario de lo ordenado. En España pasa algo, cuando tenemos uno
de los ordenamientos urbanísticos más complejos del mundo,
con normas estatales, autonómicas y locales que ocupan miles y cientos
de miles de páginas que lo regulan todo, hasta el color de las paredes
de los edificios, entre otros detalles, y en el que, al mismo tiempo, son
evidentes los incumplimientos, en particular, en aquellas zonas de gran
interés ambiental cuyo atractivo turístico es, por ende,
superior. La Sentencia que comentamos no sólo es importante por
el castigo, sino por las consideraciones que vierte sobre el problema que
exponemos, las cuales conducen, inevitablemente, a que la vía penal
se presente como la única eficaz para hacer frente a las ilegalidades
urbanísticas. La defensa de uno de los acusados alegó que
los hechos debían dar lugar a un castigo administrativo y no penal,
puesto que éste se debía aplicar a las conductas más
graves. La respuesta del Tribunal, firmada por su Ponente, el Magistrado
Siro Francisco García Pérez, pasará probablemente
a la Historia, como la expresión más contundente del fracaso
que comentamos. El Tribunal rechaza el argumento de la defensa y afirma
con contundencia que “la desastrosa situación a que, a pesar de
la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto
a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajista,
justifica que, ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se
acude al Derecho Penal, como Última Ratio. Sin que quepa desconocer
que la profunda lesión del bien jurídico protegido trae causa
en buena parte del efecto acumulativo provocado por las transgresiones”.
Normas imposibles El Derecho penal debería ser el último
instrumento de defensa del Estado de Derecho cuando el incumplimiento es
singularmente grave. Que pase a ocupar una primera línea de defensa
de la ordenación del territorio es la muestra más elocuente
del fracaso. El fracaso basado, sorprendentemente, en un exceso desmedido
de normas y en una deficiente aplicación y control de su cumplimiento
por parte de las Administraciones, lo que conduce a que sean los Tribunales
del orden penal los que tengan que administrar castigos que sólo
deberían corresponder a la Administración. La Sentencia insiste
más adelante en reiterar la “situación desastrosa de algunas
partes de España en orden a la ordenación del territorio”,
al desconocerse la importancia del paisaje. Esta situación es debida,
a mi juicio, a que las normas urbanísticas se han establecido sin
tener en cuenta que deben ser cumplidas y que su cumplimiento ha de ser
controlado. Este sorprendente desconocimiento hace que las normas queden
reducidas a meras palabras, publicadas en los diarios oficiales. Y cuando
esto sucede, se produce lo que indica el Tribunal Supremo: que el buen
orden debe restablecerse mediante la imposición de castigos como
los que comentamos. En definitiva: son necesarias menos normas imposibles,
más normas “ejecutables”, mayor control, lo que conducirá
a menor corrupción y, por ende, a menor necesidad de restablecer
el orden, a golpe de llenar las prisiones con los incumplidores.
FLASH
>
NOTICIA
>-Urbanismo > Murcia
Valor
añadido > -Los ayuntamientos
de Lorca y Yecla se han adherido al programa Urbanismo en red, fruto de
un convenio marco entre los ministerios de Industria, Turismo y Comercio
y de Vivienda para la incorporación de las TIC en el ámbito
urbanístico municipal con un triple objetivo: dar respuesta a una
demanda social de transparencia, mediante la publicación por Internet
de los planes urbanísticos, fomentar la interoperabilidad entre
administraciones a través de servicios Web y mejorar la eficiencia
en la gestión introduciendo herramientas que faciliten la operativa
de los técnicos municipales. La puesta en marcha del Programa
en estos municipios se lleva a cabo gracias a la aportación del
70% de la inversión total por parte del Ministerio de Industria,
a través de red.es con Fondos FEDER, y el resto cofinanciado por
las entidades locales participantes.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Urbanismo > Galicia
Valor
añadido > - Un total
de 14 ayuntamientos de Galicia se han adherido ya al programa Urbanismo
en Red, fruto del convenio de colaboración entre los ministerios
de Industria, Turismo y Comercio y de Vivienda, para la incorporación
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
al ámbito municipal. En este sentido, la intención
de este programa es dar respuesta a una "demanda social de transparencia"
mediante la publicación por Internet de los planes urbanísticos,
fomentar la "interoperabilidad entre administraciones" a través
de servicios web y mejorar la eficiencia en la gestión.
La puesta en marcha de este Programa se lleva a cabo gracias a la aportación
el 70 por ciento de la inversión total por parte del Ministerio
de Industria y las entidades locales participantes.
FLASH
>
NOTICIA
>- Legal > Urbanismo > Madrid
Valor
añadido > -Gallardón
dice que la amenaza de embargar a Pilar Martínez si no se cumple
una sentencia "no es jurídicamente viable" > El alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, opinó hoy que la amenaza del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de embargar los bienes personales
de la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, si el Ayuntamiento
no cumple una sentencia y paga los intereses que debe a unos expropiados
de Usera "no es jurídicamente viable". Así, el primer
edil explicó durante la rueda de prensa posterior a la Junta de
Gobierno que, pese a no conocer el texto, "jurídicamente no es viable
en ningún caso que existan responsabilidades subsidiarias de cargos
públicos o funcionarios por deudas que corresponden a la propia
Administración". "Debe de haberse producido sin
duda un error. Cualquier juez puede requerir al cumplimiento de una resolución,
pero el patrimonio de cargos políticos y funcionarios no está
sujeto en ningún caso a cubrir responsabilidades que corresponden
a la Administración", zanjó. Según publicó
El País, el TSJM falló el pasado 5 de noviembre reclamar
al Consistorio el pago por los intereses de la expropiación irregular
de dos parcelas en el distrito de Usera por valor de 5,6 millones y 479.781
euros, respectivamente. Al considerar los propietarios que el justiprecio
era demasiado bajo, recurrieron la decisión y un juez les dio la
razón, añadiendo dos millones más a lo abonado, además
de los intereses de demora e inflación, que ascienden a 410.000
euros. Fue esta última cantidad la que nunca se llegó a liquidar.
Ahora, el juez amenaza con que, de no cumplirse este pago, "se incrementará
en dos puntos el tipo de interés aplicable sin perjuicio de que
el importe de dicho incremento se repercuta sobre el patrimonio personal
de la concejala del área, por la diáfana y contundente negligencia
en el cumplimiento de su obligación. Martínez consideró
ayer que "no parece mesurado ni de sentido común que quien no tiene
la llave para tomar una decisión y hacer lo que dice el juez, e
incluso quien no ha intervenido en este expediente en origen porque es
del año 2001, tenga que responder con el patrimonio suyo y de su
familia, con su casa". Sin embargo, "es lo que hay", por lo que "el
Ayuntamiento acatará esta sentencia". De hecho, según la
propia Martínez, el área de Gobierno de Hacienda "ya ha dispuesto
los recursos, ha provisto los fondos necesarios para poder responder a
esta sentencia" en los quince días siguientes a que el juez fije
la cuantía de la liquidación.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Urbanismo > Andalucía
Valor
añadido > -La Dirección
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha admitido a trámite
la denuncia que el pasado mes de agosto interpuso contra la torre Pelli
el arquitecto Fernando Mendoza, quien en 2008 obtuvo el Premio Nacional
de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por la
obra de restauración integral de iglesia del Salvador. A raíz
de esa denuncia, la Comisión Europea se ha puesto en contacto con
el Estado español para que verifique si el proyecto del rascacielos
cumple la Directiva 85/337/CEE, «relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente». Asimismo, la Comisión Europea ha
pedido a España que le remita el informe que realice sobre el cumplimiento
de la citada directiva por parte del rascacielos. El organismo europeo
pide también al Gobierno español información sobre
el estado de ejecución, actualmente en fase de excavación
para hacer los cimientos.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Urbanismo > Galicia > la
voz de Galicia y locales
Valor
añadido > -El Servicio
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha advertido
de un posible delito de prevaricación
urbanística en el archivo de las denuncias vecinales formuladas
por la construcción de una vivienda en un espacio protegido junto
a la playa La Novia de Saiáns. El atestado en poder del juzgado
y la Xunta hace constar que dos técnicas de administración
general actuaron «a sabiendas» permitiendo la continuidad de
unas obras en contra del planeamiento y ordenación urbanística
en vigor. Afirman que omitieron las exigencias procedimentales permitiendo
con ello eludir los controles que la propia ordenación urbanística
vigente. Los agentes concluyen que la licencia otorgada no puede amparar
la construcción porque las obras ejecutadas exceden de lo permitido.
Señalan además que por parte de los responsables del área
de urbanismo del Concello de Vigo no se incoaron los expedientes de caducidad
de la licencia previstos en la normativa, a pesar de tener conocimiento
sobrado de su reinicio por denuncias de particulares. Por último
no se dio trámite de las denuncias presentadas por los vecinos en
las cuales se instaba a la protección de la legalidad urbanística,
no adoptando ninguna medida de protección.
FLASH
>
NOTICIA
>-Urbanismo > Artículo
de opinión en el periódico por J. Parpal Ex teniente de alcalde
de Urbanismo de Barcelona.
Valor
añadido > -Que sirva,
como ejemplo, que un país tan conservador y, evidentemente, no totalitario
ni comunista como Gran Bretaña, ya en la Land Community Act del
1975, obligaba a las autoridades locales a adquirir el suelo necesario
para el crecimiento de las ciudades, mediante expropiación de acuerdo
con el valor rústico de los terrenos y prohibiendo todo tipo de
transformación en suelo privado. La eliminación de la corrupción
urbanística no se consigue aumentando la burocracia y los falsos
controles, que a menudo la incrementan, sino con la transparencia, el control
y la ética de los cargos públicos y con la aplicación
inflexible y rápida del Código Penal, con todas las garantías
para los imputados, que no provoque linchamientos públicos, pero
tampoco la sensación de inmunidad de los corruptos.
Ver
> Prensa / Suscriptor
NOTICIA
>
- Urbanismo > Andalucía
> diario de Sevilla Artículo de opinión de J. Aguilar
Valor
añadido > -Hace menos
de un mes el consejero mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía
(equivalente a la Sindicatura catalana), Rafael Navas, dijo en el Parlamento
regional algo que se parece mucho a lo que va a poner en práctica
Montilla: que el "grave" grado de incumplimiento
a la hora de rendir cuentas y la falta de transparencia de empresas públicas
e instituciones sea un criterio importante para decidir si reciben fondos
y subvenciones de administraciones superiores. Y
es que la irregularidad contable o la simple opacidad de los números
municipales es muchas veces el sensor que avisa de que hay corrupción
al fondo. La había detectado la propia Cámara de Cuentas
en el Ayuntamiento de El Ejido varios años antes de que estallara
el caso que llevó a su alcalde a la cárcel. Exactamente lo
mismo que había descubierto la Sindicatura de Comptes en las cuentas
del de Santa Coloma de Gramenet. Ninguno de los dos Parlamentos, el andaluz
y el catalán, se dieron por enterados. Al menos el gobierno de Montilla
va a hacer algo por evitar que se repita.
FLASH
>
NOTICIA
>
- Urbanismo > Andalucía
> el Mundo
Valor
añadido > -El alcalde
de Estepona, el socialista David Valadez, ha destinado un millón
de los 22 existentes en los depósitos de patrimonio municipal de
suelo para el pago de las nóminas del mes de octubre de los trabajadores
de las empresas municipales. Se da la circunstancia de que la Ley de Ordenación
Urbanística del Suelo de Andalucía (LOUA) prohibe estas prácticas,
por lo que el regidor estaría incurriendo en una ilegalidad. De
hecho, el tesorero municipal no libró el dinero hasta que el regidor
firmó la solicitud a través de un decreto de Alcaldía.
FLASH
>
NOTICIA
>
- Urbanismo > C. Valenciana
> el Mundo
Valor
añadido > -El promotor
del Atrium denuncia que un edil le pidió dinero para no paralizar
el proyecto > El presidente de Magic Costa Blanca asegura que Pedro Lloret,
concejal de Iniciativa Independent en La Vila, le presionó > Una
juez de Instrucción de Alicante investiga los hechos, sobre los
que tendrá que pronunciarse el fiscal Anticorrupción >Los
empresarios se han animado a denunciar casos de supuesta corrupción
política. Primero fue José Antonio
Alavés en Alicante y ahora lo ha hecho el promotor del Atrium Beach,
el mayor complejo hotelero de Europa, que se construye en la Cala de Villajoyosa,
según fuentes de la investigación. Francisco García
Martínez, presidente de la cadena Magic Costa Blanca, asegura en
un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción que recibió
presiones políticas por parte de un concejal de la localidad, un
chantaje para que hiciese la vista gorda con las irregularidades en las
obras a cambio de dinero.
FLASH
>
NOTICIA
>-Urbanismo > C. Valenciana
> el País, Provincias y prensa local
Valor
añadido > -Urbanismo
anula de forma definitiva los PAI de Parcent > Rechaza las alegaciones
de las promotoras > El último intento desesperado de las promotoras
de Parcent por desarrollar los tres PAI que contemplaban 1.800 nuevas casas
ha fracasado. La Consejería de Medioambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda ratificó ayer su decisión de anular definitivamente
los proyectos urbanísticos, que fueron presentados en 2006 bajo
el gobierno del PP, tras rechazar las alegaciones de las mercantiles. El
rechazo se produce al entender que las mismas no subsanaban las graves
deficiencias de los PAI: la carencia de suministros hídricos para
multiplicar por cinco la población del municipio, la destrucción
de terrenos forestales y la pérdida de especies protegidas. Además,
advierte de que algunos de los PAI arrastraban graves deficiencias en infraestructuras
viarias y dotaciones educativas y tenían en contra el veredicto
de instituciones, como la Confederación Hidrográfica del
Júcar o la Diputación de Alicante.La construcción
de 1.750 nuevas casa en Parcent, ha pasado a la historia. La Conselleria
de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo ha decidido esta misma semana denegar
la aprobación definitiva de los tres PAI de Parcent, El Replà,
La Solana y Cantalar, promovidos por tres promotoras. La Comisión
Territorial de Urbanismo ha ratificado el acuerdo del 29 de septiembre
en el que se concedía un plazo de 15 días para presentar
alegaciones por parte de las empresas promotoras. Unos argumentos que han
sido rechazados porque según Urbanismo, «las alegaciones no
desvirtúan la existencia de las deficiencias detectadas» en
el dictamen del 29 de septiembre. En aquel informe se aludía a la
falta de agua para garantizar el consumo de la futura población,
la afección de dominio público y la incidencia en el régimen
de corrientes de los tres planes urbanísticos. Además reconocía
el impacto ecológico que se causaría sobre las zonas afectadas.
En la resolución remitida esta semana desde la Dirección
Territorial de Urbanismo Ayuntamiento de Parcent, se hace un repaso de
los diferentes informes desfavorables que han venido acumulando los tres
PAI. Entre ellos destacan los de la CHJ sobre disponibilidad de recursos
hídricos, los del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Alicante
sobre la afección forestal y sobre la afección de especies,
ratificados por la Conselleria. Además cuenta cada PAI con otros
informes negativos. En su escrito, la Comisión Territorial de Urbanismo
considera que la tramitación realizada por el Ayuntamiento se ha
efectuado conforme a lo establecido en la LRAU. Pese a que los PAI
ya son historia, se ha notificado que contra los acuerdos se puede interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes y las administraciones públicas
pueden interponer en el plazo de dos meses recurso contencioso administrativo
ante el TSJ o requerimiento de anulación o revocación.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Urbanismo > el País
Valor
añadido > -España
está plagada de viviendas ilegales que siguen en pie. ¿Cuántas?
"No se puede calcular. No hay estadísticas judiciales", lamenta
Gemma Geis, 29 años, profesora de Derecho de la Universidad de Girona.
La única cifra que cita en su tesis doctoral La ejecución
de sentencias urbanísticas (editorial Atelier) son las 100.000 viviendas
de las que habla el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher.
"Pero son muchas más", asegura. Geis es taxativa: "Si una
vivienda es ilegal, hay que derruirla". En la actualidad, no es suficiente
con un fallo judicial. Para demoler una edificación, el demandante
tiene que pedir que se ejecute la sentencia, pero muchas veces se pacta
para evitar el derribo. Además, hay dos imposibilidades, la legal
y la material, que la Administración puede aducir para no hacerlo.
La tesis de Geis, pionera en España, propone una reforma legal que
restrinja estos dos principios. La imposibilidad material esgrime motivos
técnicos, económicos o de terceros en juego para no echar
abajo lo construido. Geis aboga por eliminar esta imposibilidad. "Que la
Administración pida créditos, que se embargue para hacerlo",
dice. Y propone que las comunidades autónomas se hagan "corresponsales"
y que colaboren porque también participan en los procesos urbanísticos.
La imposibilidad legal se aduce cuando ha habido un cambio a posterior
de las normas urbanísticas que favorece la construcción ilegal.
En este caso, la profesora pide que se limite el principio y que la Administración
tenga que justificar por qué ha intervenido.
FLASH
>
NOTICIA
>
- Urbanismo > delitos urbanísticos
> el País y locales
Valor
añadido > -La crisis
ha hecho que en algunas fiscalías disminuya el volumen de delitos
urbanísticos, aunque suben las diligencias de investigaciones y
los procedimientos abiertos durante el año pasado. También
aumentan las sentencias condenatorias. Un 37% respecto a 2007. Suman 301
y contribuyen a que decrezca la sensación de impunidad. Lo que sí
se mantiene es la escasez de medios materiales y humanos para perseguir
los delitos, así como la falta de colaboración por parte
de la administración pública, según la Memoria 2008
de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, a cuyo
frente está el fiscal Antonio Vercher. Las irregularidades que investigan
las fiscalías se producen en clara connivencia con las autoridades
municipales > A pesar del paulatino aumento de medios, siguen faltando
recursos materiales y humanos. En algún caso, carecen de fax y de
escáner. También faltan fiscales y personal auxiliar. Pero
en las fiscalías en que sí ha aumentado el número
de fiscales especialistas no ha mejorado el sistema organizativo. "El problema
informático y de unificación de sistema es un problema generalizado",
según la memoria. Esto dificulta la coordinación entre fiscalías
y juzgados. Cuando se trata de investigar grandes proyectos, además
de consumir los escasos medios de que disponen, los responsables suelen
quedar impunes. Dónde está la Administración A la
falta de medios se suma la de colaboración de la administración
pública. Algunos ayuntamientos "hacen absoluta dejación de
sus funciones" y no trasladan a las fiscalías expedientes incoados
cuando hay indicio de delito. Las irregularidades que investigan las fiscalías
se producen en clara connivencia con las autoridades municipales; en Salamanca,
se cita entre otros, al municipio de Ciudad Rodrigo con múltiples
irregularidades urbanísticas: chalés en suelo rústico,
obras sin licencia y expedientes administrativos que acaban caducando por
inacción de los ediles, tal como comprobó la Guardia Civil
a instancias de la Fiscalía. En Cáceres, se alude a concesión
de licencia para edificar en zonas inundables del río, con el consiguiente
riesgo; en Santa Brígida (Gran Canaria) es el propio ayuntamiento
el que construye un velatorio en suelo rústico de protección
ambiental. En Fuerteventura, habla de posible edificación dentro
del Parque Natural de Jandía, en Pájara (Fuerteventura).
Obras que se basaban en un plan parcial declarado nulo por sendas sentencias
del Tribunal Superior de Justicia canario. También destaca la memoria
diligencias informativas incoadas a raíz de las quejas y denuncias
formuladas por instituciones culturales por el polígono industrial
proyectado en las inmediaciones de Bienes de Interés Cultural, como
Numancia o el casco antiguo de la Ciudad de Soria, entre otros emplazamientos.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía se lleva la palma en
lo que se refiere a la actuación de las fiscalías en delitos
contra la ordenación del territorio y urbanismo: más del
50% del total de las diligencias de investigación; el 62% de los
procedimientos abiertos en toda España; el 78% de las sentencias
condenatorias y el 72% de las absolutorias. Al recoger la actuación
de las fiscalías la memoria de 2008 incorpora los diferentes criterios
de actuación en la lucha contra el delito urbanístico. Destaca
que la Fiscalía de Granada extiende la acción penal a las
empresas de gestión de publicidad o asesoría inmobiliaria
en promociones ilegales, compañías que antes se quedaban
al margen de la investigación penal como imputados. Abre el abanico
a quienes parcelan suelo no urbanizable ya sean constructoras, promotoras
o agencias inmobiliarias mediadoras que tendrán que responder como
responsables de la posible demolición o indemnizaciones a los terceros
de buena fe. Y, mientras las fiscalías de Córdoba y de Sevilla
son alabadas, la memoria pone en evidencia a las de Cáceres y Elche
que dejan actuar con total impunidad al promotor cuando se trata de un
particular por una "interpretación anómala" y restrictiva
del concepto de promotor en el Código Penal.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Promoción > Urbanismo
> C. Valenciana
Valor
añadido > -La Federación
de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana ha denunciado que
el informe Auken sobre abusos urbanísticos aprobado este jueves
por el Parlamento Europeo tiene "consecuencias negativas para el sector
inmobiliario" que agravarán "la coyuntura actual". El secretario
general de la Federación, Benjamín Muñoz, ha manifestado
que el informe Auken "está plagado de afirmaciones alejadas de la
realidad, intolerables y ofensivas que producen un daño social y
político relevante". Estas conclusiones, ha explicado, coinciden
con las que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento
Europeo ha emitido sobre este documento, y que en su opinión muestra
"una clara división de criterios en las autoridades europeas respecto
de su visión sobre la realidad urbanística española".
Ha destacado que la Comisión rechaza que exista una vulneración
del derecho fundamental a la propiedad por parte de la legislación
urbanística española y afirma que la adquisición de
bienes inmuebles en España se realiza de conformidad con la legislación
nacional. Críticas a las formaciones políticas Muñoz
ha destacado que el organismo europeo también plantea "serias dudas"
sobre la existencia de una "relación de causalidad suficiente entre
las presuntas aplicaciones inadecuadas de las directivas europeas que recoge
el informe y los presuntos daños alegados por los peticionarios".
El secretario general de la Federación ha lamentado los perjuicios
que puedan derivarse de informes como el Auken, "cuyo contenido y conclusiones
responde más a presiones políticas que a la realidad, y perjudican
seriamente a la imagen social y a la realidad empresarial española,
y particularmente, valenciana". Ha lamentado que se haya llegado a esta
situación "por la desunión existente entre las principales
formaciones políticas valencianas, cuyos responsables han anticipado
sus intereses partidistas a la necesidad de actuar coordinadamente en la
defensa de intereses generales". Muñoz ha instado a los partidos
políticos llegar a un acuerdo, "contemplando la necesidad de actuar
sobre la legislación urbanística valenciana en el momento
actual, impulsando para ello un debate coordinado entre propietarios, empresarios,
políticos y sociedad civil para consensuar los contenidos con Europa".
La legislación, ha defendido, "ha de ir pareja a la realidad que
se legisla, la legislación urbanística valenciana actual
ha evitar su exceso de rigidez y reglamentación, por el bien de
su propia aplicación y del interés general".
FLASH
>
NOTICIA
>
-Promoción > Urbanismo
> C. Valenciana > Levante y locales
Valor
añadido > -El PSOE y
el PP se culparon mutuamente de la aprobación del informe Auken.
Los eurodiputados socialistas españoles, que se abstuvieron en la
votación final del texto, aseguraron que el responsable de esta
condena es el Gobierno de la Comunitat Valenciana, ya que, en su origen,
las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de
la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística
Valenciana (LUV). Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia
de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos
públicos. "En lo que respecta a la Comunidad Valenciana, si se hubiese
cumplido la ley desde un principio, se habría evitado llegar a una
situación como la actual", afirmaron los socialistas en un comunicado.
El PP español voto en contra del informe que condena el urbanismo
en España y lo calificó de "aberración legal" porque
"tacha a España de república bananera, la califica como un
país en el que no se respeta el derecho de propiedad, en el que
no existen tribunales a los que recurrir en caso de daños o cuando
alguno se pronuncia no se aplican las sentencias".
Un dictamen "politizado" El conseller de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat valenciana, José
Ramón García Antón, calificó el informe Auken
como "totalmente intolerable y politizado". García Antón
dijo que el informe evidencia "un claro desconocimiento de las instituciones
urbanísticas en el derecho español, desde el derecho de la
propiedad, reconocido en nuestra Constitución, hasta las leyes de
las comunidades autónomas". El conseller matizó que el informe
Auken "no es vinculante" y ha apuntado que su único objetivo es
"llevar a la opinión pública a la confusión y al error
aprovechando la próxima campaña europea". "Es evidente que
se trata de un informe tremendamente político, dirigido por una
parte de la política del Parlamento europeo y apoyado sin ninguna
duda por el PSOE y el Partido Socialista valenciano", concluyó
Por su parte, la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad
Valenciana denunció ayer el informe Auken y dijo que tendría
"consecuencias negativas para el sector inmobiliario" que agravarán
"la coyuntura actual". El secretario general de la Federación, Benjamín
Muñoz lamentó que se haya llegado a esta situación
"por la desunión existente entre las principales formaciones políticas
valencianas, cuyos responsables han anticipado sus intereses partidistas
a la necesidad de actuar coordinadamente en la defensa de intereses generales".
El conseller de Infraestructuras y Transporte del Gobierno valenciano,
Mario Flores, aseguró hoy que la Comunitat Valenciana "cumple" todos
los requisitos que exige la legislación española en materia
de urbanismo y medio ambiente, y descartó que los fondos comunitarios
estén en peligro.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Promoción > Urbanismo
> C. Valenciana > Provincias y locales
Valor
añadido > -Qué
es el Informe Auken contra el urbanismo? Se trata de un informe realizado
por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken en el que denuncia los
supuestos abusos que se han cometido en la aplicación de la legislación
urbanística en distintas regiones, especialmente la Comunitat. Fue
aprobado primero por la Comisión de Peticiones de la Eurocámara
y ayer por el pleno.
Ver
> Prensa / Suscriptor
NOTICIA
>
-Promoción > Urbanismo
> Vivienda > C. Valenciana > diario información de Alicante
Valor
añadido > -Siete municipios
de la provincia de Alicante más las ciudades de Valencia y Castellón
destinaron el 65% del suelo o el dinero que recibieron de los planes urbanísticos
a fines no previstos en la ley, según el informe de fiscalización
del servicio de la gestión y control de los recursos integrantes
del Patrimonio Municipal del Suelo del Tribunal de Cuentas. La Comunidad
Valenciana es la autonomía con el porcentaje más elevado
(el 65%) de destino impropio de los bienes del Patrimonio Municipal de
Suelo (PMS) y los municipios de la provincia que figuran en el documento
son Alicante, Elche, Orihuela, Santa Pola, Torrevieja, Dénia y Calpe,
aunque se desconoce si todos incurrieron en este desvío y en qué
cuantía. ¿A dónde va este dinero? Se supone
que a fines confesables aunque no previstos en la ley, que pueden ser inversiones
generales, gastos de personal, gastos corrientes o gastos financieros.
Cataluña es la segunda comunidad en la que más irregularidades
a este respecto (un 61,9% de desvío) y Asturias la tercera (58,5%).
El órgano fiscalizador estatal también ha detectado que sólo
el 35% del dinero o del suelo de la actividad urbanística que reciben
los ayuntamientos de la Comunidad se destinan a construir viviendas de
protección oficial (VPO), que es el principal fin para que el que
se creó esta figura legal.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Promoción > Urbanismo
> Andalucía > Murcia > C. Valenciana
Valor
añadido > - La comisión
de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó por 23 votos a favor,
11 en contra y 1 abstención un informe que pide la suspensión
y la revisión de todos los nuevos
planes urbanísticos nuevos en España que no respeten el medio
ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad.
La Eurocámara amenaza con congelar los fondos estructurales para
España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados
en Bruselas y critica la lentitud de las autoridades judiciales españolas
a la hora de dar respuesta a estos casos. Las duras críticas
que contiene el informe hacia el urbanismo en España salieron adelante
pese a que los eurodiputados del PSOE y del PP habían presentado
enmiendas coincidentes para suavizar su contenido y suprimir parte de las
denuncias. La mayoría de estas enmiendas fueron rechazadas porque
no contaron con el respaldo de sus colegas conservadores y socialistas
europeos, que apoyaron el texto original, elaborado por la eurodiputada
verde Margrete Auken, e incluso lo endurecieron. El informe todavía
debe ser votado por el pleno de la Eurocámara, que está previsto
que se pronuncie el próximo 26 de marzo. Si sale adelante, será
la tercera vez que el Parlamento Europeo apruebe un informe censurando
los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura.
El Parlamento denuncia que "todas las administraciones, central, autonómica
y locales, son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo
insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto
medioambientales y, además, sociales y económicas". Los eurodiputados
expresan en particular "su preocupación
acerca de la situación de la planificación urbana en el municipio
de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas
de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación
comunitaria". También se censura que algunas urbanizaciones se han
construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones
en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.
El informe critica además que las
autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas"
para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con
demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de tos casos
no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales
abusos". "Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos
ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta
de actuación y parcialidad de la justicia española", prosigue
el texto. Para hacer frente a estos problemas,
la Eurocámara "pide a las autoridades
españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen
la especulación, tales como el agente urbanizador".
También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de
Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios
de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en
zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente
costero". El Parlamento asegura que "las personas que hayan
adquirido de buena fe una propiedad en España que haya sido declarada
ilegal deberían tener derecho a obtener una indemnización
adecuada a través de los órganos jurisdiccionales españoles".
FLASH
>
NOTICIA
>
-Urbanismo > Aragón
Valor
añadido > -el PP, subrayó
Rudi, presentará enmiendas al proyecto de Ley Urbanística
de Aragón (LUA) y al proyecto de Ley de Ordenación del Territorio
de Aragón (LOTA). El primero, "es un proyecto de ley totalmente
intervencionista que está siendo criticado por profesionales que
trabajan en el mundo del Urbanismo". En su opinión, la posible LUA
copia el modelo de la Ley de Urbanismo valenciana aprobada por el Gobierno
socialista en el año 94, que "ya ha generado muchos problemas y
que tiene que ser modificada por indicaciones de la Unión Europea".
FLASH
>
NOTICIA
>
-Promoción > Urbanismo
> Madrid > Operación Chamartín > la Gaceta de los negocios
y prensa financiera.
Valor
añadido > -La Asociación
de Reversionistas, que así se llama a la entidad que agrupa a los
dueños de los terrenos que les fueron expropiados en los años
40 y 50 para construir la estación de Chamartín, ha solicitado
esta semana una reunión con la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez,
para que haga público el documento
de desafectación de los terrenos y ofrezca a los propietarios los
derechos de reversión. "Hasta que
no se resuelvan los derechos de reversión no se podrá inscribir
en el Registro de la Propiedad ni un solo metro cuadrado de la operación
Chamartín como suelo privado y como ahora sigue constando como suelo
público no se puede construir allí", afirma César
Sánchez, portavoz de la Asociación de Reversionistas, que
aglutina a 1.100 propietarios. Los antiguos dueños del suelo de
Chamartín llevan años pleiteando y exigiendo que se reconozcan
sus derechos de reversión. Y es que en su momento a ellos
les expropiaron los terrenos para construir la antigua estación
de Renfe, y no para uso residencial (16.000 viviendas) como ahora plantea
la empresa gestora de ese suelo Duch (Desarrollo Urbanístico de
Chamartín), que controlan el BBVA (72,5%) y la constructora San
José (27,5%). Concurso de Renfe en 1993 La historia de la operación
Chamartín se remonta a 1993, cuando el Ministerio de Fomento convocó
un concurso para adjudicar la gestión de los terrenos de Renfe
en Chamartín con el compromiso de entregar una cantidad sustancial
al ministerio, que se utilizaría para sanear las cuentas de Renfe.
Al final, el adjudicatario del concurso fue la sociedad Duch, que se hizo
con los derechos de la concesión del 60% de los terrenos pero
no con la propiedad, comprometiéndose a resolver los derechos de
reversión del suelo además del pago de 1.200 millones de
euros al ministerio y 2.000 viviendas sociales. Pero Duch no ha cumplido
con su compromiso y los reversionistas exigen a Fomento que desafecte los
terrenos. "La desafectación del suelo es una labor que corresponde
por ley al ministerio, al hacer un cambio de uso en el terreno de
público a privado, y una vez que que el ministerio desafecte los
terrenos Duch tiene la obligación de reconocer los derechos de reversión,
que fue su compromiso para hacerse con el terreno, lo que supone indemnizar
con 300 millones de euros a los antiguos propietarios del suelo de Chamartín",
explica César Sánchez. Duch, hasta ahora, sólo tiene
la concesión de los terrenos y si compra los derechos a los reversionistas
será la propietaria del 60% del suelo; el resto del terreno está
en manos de Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Fomento. Desde el momento
de la compra de los derechos, Duch podrá inscribir los terrenos
en el Registro de la Propiedad y podrá patrimonializar el suelo,
es decir, podrá dar entrada con la venta de suelo a inmobiliarias
que quieran desarrollar este macroproyecto. Ahora, tras el convenio firmado
por el Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y Fomento, la operación
Chamartín se ha puesto en marcha, pero sólo en el plano administrativo,
con la presentación de un plan parcial de urbanización, porque
toda la operación está sujeta a que los terrenos puedan ser
escriturados como suelo privado.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Urbanismo > Andalucía
> ABC y prensa local
Valor
añadido > -Un juzgado
sevillano ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre condenado
por un delito contra la ordenación del territorio, después
de que éste no haya cumplido la orden judicial de demolición
de la vivienda ilegal que construyó en una finca de Gerena (Sevilla).
Fuentes judiciales informaron a Europa Press que el juzgado de lo Penal
número 10 de Sevilla ha dictado un auto acordando la prisión
de M. C. B. al incumplir la orden de demolición, impuesta en sentencia
firme por la Audiencia Provincial en noviembre del año 2007. La
finca sobre la que edificó el ahora condenado, sita en el lugar
conocido como 'Mesa Carrasco y Las Perreras', era de 2500 metros cuadros
de superficie. En este sentido, el Ayuntamiento había iniciado expediente
sancionador por la parcelación ilegal en suelo rústico que
afectaba a esa parcela. Así las cosas, el acusado levantó
en 2003 en dicho terreno sin licencia una nave de 80 metros cuadrados y
una piscina de 60 metros cuadrados. A pesar de que el Ayuntamiento inició
en abril de 2005 un procedimiento para regularizar o legalizar el suelo,
el juez entiende que lo que se haga en el futuro por el Consistorio regulando
de otra forma ese suelo "no afecta al delito ya cometido por el acusado",
por lo que "es necesario demoler lo construido". La finca sobre la que
edificó el ahora condenado,era de 2500 metros cuadros de superficieDe
esta manera, el juzgado, que es el encargado de ejecutar la sentencia firme
y la consiguiente orden de demolición, ha denegado al acusado, y
a petición del fiscal de Medio Ambiente, la suspensión de
la ejecución de la pena de prisión porque considera que el
incumplimiento de la orden de demolición supone que el condenado
"no ha cumplido la responsabilidad civil derivada del delito", que es "un
presupuesto necesario para conceder dicha suspensión", motivo por
el cual se ha ordenado el ingreso en prisión, especificaron a Europa
Press las mismas fuentes.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Legal > urbanismo > ABC y
prensa especializada
Valor
añadido > - bsuelto por
construir en suelo no urbanizable porque el juez ignoró las diligencias
del Ministerio Público > Los errores en la fase de instrucción
pasan factura cuando el caso llega a juicio. El Juzgado de lo Penal 9 de
Valencia ha absuelto a un hombre acusado de construir una nave industrial
en suelo no urbanizable. Fue juzgado por un delito contra la ordenación
del territorio. El fiscal pedía 18 meses de cárcel, una multa
de 10.800 euros y la demolición de la construcción. Compró
un terreno en Aldaya, lo hormigonó y construyó una nave industrial
destinada a aparcamiento de vehículos. El magistrado le absuelve
pero pone en la picota al juez de Torrente número 1 que instruyó
el caso. Dice que las diligencias solicitadas por el fiscal «para
averiguar datos imprescindibles en torno a la comisión o no del
delito» eran muy «adecuadas». Según la sentencia,el
instructor «se limitó a recibir declaración al acusado
y a incoar procedimiento abreviado, sin más». No practicó
ninguna diligencia «encaminada a averiguar la clase de terreno objeto
de autos y si se concendió o no licencia para levantar lo edificado».
El fiscal había solicitado que se preguntara a la Conselleria de
Territorio y Vivienda si existía un informe favorable a la construcción
y si ésta era legalizable; quería que el Juzgado pidiera
al Ayuntamiento información sobre la clasificación urbanística
del suelo y si la obra tenía licencia. Dice el juez que estas diligencias
«eran imprescindibles»; que no basta que la Guardia Civil diga
que la zona no es urbanizable. Que no puede condenar por sospechas o presunciones.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Urbanismo > Castilla León
Valor
añadido > - La Sala de
lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
ha archivado la petición del Juzgado de Ávila para imputar
a la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente de la Junta por
su actuación en el caso de Las Navas del Marqués al considerar
que «no ha lugar» a la «incoación de procedimiento
criminal» contra ella y devuelve el caso al Juzgado número
2 de la capital abulense para que siga instruyendo la cuestión «por
los hechos atribuidos a personas no aforadas», según el auto
del TSJ al que ha tenido acceso la Agenca Ical. En los fundamentos
de derecho, el TSJ considera que de la pieza separada del procedimiento
remitida por el Juzgado de Ávila para la imputación de Ruiz
«se desprende que ninguna de las dos cuestiones» de las que
se acusa a la vicepresidenta primera «pueden considerarse como constitutivas
del delito de prevaricación genérica». Estas dos cuestiones
son «haber entendido que la parcela de monte de utilidad pública
-las 12 hectáreas que formaban parte del Área Crítica
de Cigüeña Negra y que fueron permutadas- había quedado
descalificada automáticamente por el cambio de titularidad operado
en virtud de la permuta», y «haber pospuesto la delclaración
ambiental al acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo del
30 de abril de 2003, que aprobó definitivamente la revisión
de las Normas Urbanísticas Municipales de Las Navas del Marqués
(Ávila). A juicio del tribunal «la decisión adoptada
por la consejera es cuando menos discutible», tal y como señalan
el juez de Ávila y el fiscal, «circunstancia que es suficiente
por sí sola para entender que esta actuación queda fuera
del alcance del Derecho Penal». Esta conclusión, añade
el auto, «queda reforzada por el hecho de que tampoco aparece indicio
alguno que permita atribuir a la consejera el tratar de conseguir a través
de dicha resolución -referente a la Ciudad del Golf- otros fines
que los legalmente previstos para la misma, al margen de lo discutible
que ésta pueda resultar tanto en sus planeamientos como en sus conclusiones».
Se puede interponer un recurso de súplica en tres días».
FLASH
>
NOTICIA
>
-Promoción > Urbanismo
Valor
añadido > -El informe
preliminar del Parlamento Europeo sobre urbanismo en España amenaza
con congelar los fondos comunitarios si no se resuelven los abusos denunciados.
La Eurocámara reclama una moratoria sobre los nuevos proyectos de
urbanización que no sean sostenibles desde un punto de vista medioambiental
y no respeten el derecho de propiedad y la paralización de todos
los planes en marcha que vulneren la legislación comunitaria. El
texto ha sido elaborado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken
para la comisión de Peticiones de la Eurocámara y todavía
puede sufrir muchos cambios durante su tramitación. Ahora deberá
ser enmendado y votado por esta comisión y a continuación
se votará en pleno, probablemente en marzo de 2009. Será
el tercer informe crítico con el urbanismo en España que
apruebe el Parlamento Europeo. En el primer debate sobre el borrador que
tuvo lugar esta tarde en la comisión de peticiones del Parlamento
Europeo, Auken afirmó que "las víctimas de los casos de urbanización
extensiva han sufrido continuas violaciones de sus derechos fundamentales"
y recordó que la UE tiene "responsabilidades" que asumir en este
campo y "ser más contundente". Además, la eurodiputada danesa
recriminó a la Comisión Europea que diga que "no es competente"
en esta cuestión, "cuando --afirmó Auken-- se trata de violaciones
de los Derechos Humanos". Por ello instó a Bruselas a "empezar a
actuar rápidamente".
FLASH
>
NOTICIA
>
-Urbanismo > C. Valenciana
Valor
añadido > -La Eurocámara
reclama una moratoria sobre los nuevos proyectos de urbanización
que no sean sostenibles desde un punto de vista medioambiental y no respeten
el derecho de propiedad y la paralización de todos los planes en
marcha que vulneren la legislación comunitaria. El texto ha sido
elaborado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken para la comisión
de Peticiones de la Eurocámara y todavía puede sufrir muchos
cambios durante su tramitación. Ahora deberá ser enmendado
y votado por esta comisión y a continuación se votará
en pleno, probablemente en marzo de 2009. Será el tercer informe
crítico con el urbanismo en España que apruebe el Parlamento
Europeo. El informe recuerda que la Eurocámara, en tanto que
autoridad presupuestaria, puede congelar los fondos comunitarios "si lo
considera necesario para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin
a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado
a respetar en virtud del Tratado o de la legislación de la UE" y
mantenerlos en la reserva hasta que los problemas se resuelvan.Resalta
además que también la Comisión Europea podría
interrumpir el pago de fondos estructurales e incluso exigir la devolución
del dinero que se haya concedido para financiar proyectos que no respeten
plenamente las reglas comunitarias. La ponente exige al Gobierno y a las
comunidades autónomas que "revisen cuidadosamente toda la legislación
que afecta a los derechos de los propietarios para poner fin a los abusos".
Reclama además una moratoria en todos los nuevos planes de urbanización
que "no respeten criterios estrictos de sostenibilidad medioambiental y
responsabilidad social y que no garanticen el respeto del derecho a la
propiedad de la propiedad legítimamente adquirida".
La Eurocámara aboga también por "parar y cancelar todos los
planes existentes en los que no se han respetado los criterios contenidos
en la legislación de la UE, especialmente en lo que se refiere a
la concesión de contratos de urbanización y el respeto de
las disposiciones sobre agua y medio ambiente". Asimismo, se pide
a las autoridades nacionales y regionales competentes que pongan en marcha
los mecanismos judiciales y administrativos necesarios --en los que se
incluya a los defensores del pueblo regionales y nacionales-- para compensar
a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por legislaciones
como la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)
en la Comunidad Valenciana y la vigente Ley Urbanística Valenciana
(LUV). La resolución indica que la falta de claridad, precisión
y seguridad jurídica en la legislación vigente en España
por lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación
adecuada y coherente de la legislación medioambiental es la causa
de muchos de los abusos urbanísticos. Todo ello, sumado a la "laxitud"
en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción
endémica donde, de nuevo, el ciudadano europeo es la víctima
principal, pero donde el Estado español también ha perdido
considerablemente". La ponente expresa su preocupación por el hecho
de que las autoridades judiciales en España han demostrado ser inadecuadas
y estar poco preparadas a la hora de tratar con el impacto de la urbanización
masiva en la vida de las personas.
FLASH
>
NOTICIA
>
- Promoción > Urbanismo
> Madrid > el País y locales
Valor
añadido > -Dos ex alcaldes
del PSOE cobraron varios millones de constructoras > Anticorrupción
destapa a los testaferros de los ex regidores de Ciempozuelos > Comernet
Green. Abonó 5.391 euros en 1999 a Tejeiro, que poseía en
su casa una visa de dicha firma y extractos bancarios. La esposa de Torrejón
recibió 6.000 euros de dicha empresa en 1999. Ese año, esta
firma cobro 193.000 euros de Ecocedes, del contratista municipal de basuras,
Francisco Méndez. Copias de tales facturas fueron halladas en casa
de Tejeiro. - Urbego. Recibió en 2005 de Frangest, firma de Marazuela,
1.920.000 euros. Y cobró 860.000 euros en 2006 por asesoramiento
a la inmobiliaria Bitango. Tales facturas fueron halladas en el ordenador
de Tejeiro. El total percibido en 2006 de dicha constructora se eleva a
1.574.000 euros. Igualmente, cobró en 2006 a Frangest 228.872 euros.
Y recibió 1.719.000 euros en 2005 de Comernet Green. Urbego hizo
pagos en 2005 a Viajes Sanitur, de Marazuela, de la que percibió
ingresos entre 2000 y 2002 la hija de Torrejón. - Pradogest. Asesoría
que administra la esposa de Torrejón y de la que él es apoderado.
Ecocedes, empresa del contratista Méndez, le abonó 8.588
euros en 1997. En 2005 cobró 141.240 euros de Urbanges y 6.060 de
Viajes Sanitur, ambas de Marazuela. En 2004, cobró de Viajes Sanitur
3.000 euros, y otros 2.100 de Ischadia Bus, también de Marazuela,
pagos que se repitieron en 2005. También vendió en 2003 por
3.606 euros dos pisos en Madrid a Sugessa, vinculada a Esprode. Pradogest
cobró sumas de otra firma del contratista Méndez (GD Maquinaria):
70.000 euros en 1999; 41.830 en 200 y 16.383 en 2001. - Bitango Promociones.
Esta constructora hace los siguientes abonos a sociedades de Marazuela:
264.480 euros a Ischadia Bus y 4.228.118 euros a Frangest, ambas de Marazuela,
pagadora de las firmas con las que supuestamente Torrejón blanqueaba
dinero (Comernet Green y Urbego). También pagó directamente
1.574.002 euros en 2006 a Urbego, unos 600.000 euros a Urbanges y otros
454.000 a Frangest, ambas de Marazuela. Urbanges, por otro lado, le compró
a Torrejón un piso en Almuñécar por 222.000 euros
en 2005 que el ex alcalde adquirió dos años antes por sólo
180.000 euros. - Frangest y Urbanges. Ambas son de Marazuela. El fiscal
las considera intermediarias de los pagos de las constructoras al ex alcalde.
Frangest cobró tres millones de euros en 2005 de Bitango y pagó
casi dos millones a Urbego. - Format y Cosulting. La gestiona Juan Ángel
Muñoz, asesor fiscal de Torrejón. En 2004 recibió
200.000 euros de Esprode, con los que compra ese mismo día una finca
a Kimuso en Ciempozuelos. Una firma ejerció una opción de
compra sobre dicha finca y seis más, a cambio de un millón
de euros. Curiosamente, Format paga con dinero de Esprode a una vendedora,
Kimuso, de la que es accionista dicha constructora. Y, como recibe 200.000
euros en señal de tal opción de compra, no sólo le
sale gratis, gana dinero sin haber puesto un euro, según la investigación.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Urbanismo > Andalucía
Valor
añadido > -El número
de sentencias condenatorias que ordenan demoliciones en distintos parajes
de la provincia de Sevilla, supera ya la cifra de 25 resoluciones, tras
una primera etapa en la que los jueces condenaban por la construcción
ilegal, pero no incluían la obligación de devolver el paraje
a su estado primitivo. Aún así, no todos los condenados llevan
a cabo tales demoliciones. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo
de Sevilla ha instado a los jueces a que sea la Junta quien derribe las
construcciones ilegales si no lo hace el interesado, una vez que sea firme
la condena y para "garantizar el cumplimiento de la orden judicial". La
Fiscalía sevillana está instando a los jueces de lo Penal
"a que ejecuten las sentencias condenatorias que ordenan la demolición
de viviendas ilegales en suelo rústico por delito urbanístico".
En esta materia, la Audiencia Provincial de Sevilla está revocando
desde 2006 las sentencias que no ordenan la demolición "como único
modo de restaurar el orden vulnerado por el delito". En 2008 ya se han
dictado cinco sentencias en ese sentido. Las últimas sentencias
dictadas se refieren a chalés levantados en el paraje Las Minas
de Castilblanco de los Arroyos, donde la Fiscalía denunció
en 2005 a cientos de propietarios por construir en zona forestal no urbanizable.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Promoción > Legal
> Urbanismo > Reforma del Código Penal > el País y SER
Valor
añadido > -Medidas contra
la complicidad en infracciones urbanísticas. Se perseguirá
expresamente a las autoridades y funcionarios públicos que silencien
las infracciones urbanísticas que observen en el ejercicio de sus
funciones. ... El urbanismo salvaje, las construcciones ilegales como la
del hotel El Algarrobico en el Cabo de Gata (Almería), son el referente
de la reforma en materia de delitos urbanísticos. Se elevan las
penas para los promotores o técnicos que lleven a cabo obras de
urbanización, construcción o edificación en zonas
no autorizadas destinadas a viales o zonas verdes que tengan reconocido
su valor paisajístico, ecológico, histórico o cultural.
Se extiende el delito al momento de la urbanización de las obras
ilegales o clandestinas y se perseguirá expresamente a las autoridades
y funcionarios que silencien las infracciones urbanísticas que observen
en el ejercicio de sus funciones. Se eleva la prescripción de los
delitos fiscales. Se incrementa de cinco a diez años el plazo de
prescripción de delitos contra la Hacienda Pública.
FLASH
>
NOTICIA
>
-Promoción > Legal
> Urbanismo > el País y SER
Valor
añadido > -A estas alturas,
buen número de jueces y fiscales han llegado ya a la conclusión
de que sólo la demolición de las obras ilegales pondrá
coto a los desmanes y al expolio del patrimonio natural público.
"La demolición de la obra contraria al ordenamiento jurídico
no debe ser la excepción, sino la regla", subraya la Audiencia de
Cádiz en sintonía con otros tribunales y fiscalías.
"Lo que está en juego es la propia vigencia del orden jurídico
y, en definitiva, la restauración del orden legal (...) De lo contrario,
habría que resignarse a que el infractor se salga con la suya, bendiciéndose
absurdamente el agotamiento del delito", advierte el fiscal jefe de Córdoba
en un testimonio incluido en la memoria anual de la Fiscalía de
Medio Ambiente. Porque el juego en estas últimas décadas
ha sido burlar las leyes e ignorar las prohibiciones, hacer oídos
sordos a las sentencias y culminar las obras para presentarlas como hechos
consumados. "En la mayoría de los supuestos de delito urbanístico,
el autor continúa construyendo de manera deliberada pensando que
una vez finalizada la obra, y precisamente por el hecho de serlo, no será
derribada", se explica en otro de los informes de la Fiscalía...."El
Estado ha sido sustituido por la partitocracia y, en última instancia,
por una oligarquía económico-política. Y la política
se ha convertido en un negocio. Los partidos compiten en un mercado inspirado
por el lucro personal y apoyado en la corrupción más descarnada".
Quien se expresa así no es un radical alternativo del movimiento
antiglobalización, sino Alejandro Nieto, ex director del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), catedrático
emérito de la Universidad Complutense y uno de los grandes expertos
en la materia.---A su vez, la autonomía municipal ha eliminado en
la práctica toda tutela del resto de las administraciones, de forma
que el único control sobre los ayuntamientos es la aplicación
de la pura legalidad, lo que significa adentrarse en la vía judicial,
extraordinariamente lenta y, por lo tanto, escasamente operativa. La actividad
inmobiliaria es una fuente principal de ingresos para buena parte de los
8.000 ayuntamientos españoles. En este contexto de presiones empresariales,
alta discrecionalidad y difusa rendición de cuentas, la tentación
es grande porque basta un papel, un permiso, una recalificación,
la omisión de un trámite, una modificación mínima
en el planeamiento para que surja petróleo en terreno baldío
y para que el munícipe corrupto no tenga que preocuparse más
por su futuro económico.
FLASH
>
tiempo real...