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Valor añadido > -El Instituto Canario de la Vivienda ha sacado a concurso la construcción de 23 Viviendas de Protección Oficial en el barrio de La Gallega en la capital tinerfeña para la que se contará con  1.520.510,47 euros.   La adjudicataria, contratada por el procedimiento de urgencia, tendrá 24 meses para su construcción, según ha publicado hoy el Boletín Oficial de Canarias (BOC).   Los interesados tendrán 14 días a partir de mañana para presentar sus ofertas. Asimismo, y según el boletín, el pago del proyecto será fragmentado en tres años, siendo el primer pago este año con algo más de 253.000 euros; en 2010 serán 760.000 Y en el 2011 algo más de medio millón de euros.
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NOTICIA > -Canarias > entrevista > la provincia
Valor añadido > - I Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que organiza la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico, presidida por Juan José Santana Rodríguez - La asociación nace como un foro para que todos los que intervenimos de forma directa o menos directa en el mundo del urbanismo y la ordenación del territorio podamos debatir muchos de los temas que diariamente aparecen en los medios de comunicación y que afectan de forma directa a la vida de los ciudadanos. - ¿Cómo valora la aplicación y la evolución de la Ley Canaria de Ordenación del Territorio en cuya elaboración participó usted?  - En principio creo que es una buena norma, que se adecua bastante a las necesidades que tenemos en Canarias. Es una ley que no fue hecha en despachos sino que partía de la experiencia acumulada muchos años de ejercicio urbanístico en el Archipiélago. No obstante, obviamente, todas las leyes necesitan ir actualizarse a medida que las condiciones económicas y sociales lo requieren. Quizá necesite pequeños ajustes pero creo que sigue siendo una norma muy válida, que en su momento se situó en la vanguardia de los ordenamientos urbanísticos de España.  - ¿Y que valoración hace de la aplicación de las Directrices de Ordenación del Territorio, en cuya elaboración participó también? - Las Directrices de Ordenación del Territorio son el instrumento de planeamiento de que se dota el Gobierno de Canarias para establecer un marco de ordenación al que después se tengan que acomodar las Islas y los municipios. La idea de la ley era establecer ese marco de referencia y establecer unas pautas, unas líneas de actuación. Las Directrices pretenden conjugar las necesidades de desarrollo económico y social con las necesidades de preservar un medio ambiente adecuado y una calidad de vida para los ciudadanos. Por ello hay una serie de medidas que están encaminadas a que los planificadores las tengan en cuenta para preservar esas condiciones. Algunas son muy discutidas, depende también de la perspectiva en que se sitúe para valorarlas, pero tienen una clara vocación de aplicar el principio de desarrollo sostenible que en Europa se viene preconizando de forma reiterada. - ¿Qué pasa con las Directrices de Ordenación del Paisaje, que dimanan de las anteriores y que llevan más de dos años en algún cajón? - Sé que se empezaron pero ignoro en qué fase de tramitación están en este momento. Desde luego no están aprobadas. El problema de todas estas cosas es que la previsión que establece el legislador en las Directrices, el hecho de que se retrase en los mecanismos que se articulan en las propias Directrices va en contra de la propia eficacia de la norma, y eso nunca es bueno. - ¿Cómo debe de evolucionar la Ley Canaria de Ordenación del Territorio para adecuarse a los cambios sociales y al cambio climático? - La Ley supuso un cambio de cultura importante, lo que ocurre es que los cambios de cultura no se producen de forma inmediata. Las leyes necesitan un plazo razonable de aplicación y de impregnamiento de toda la sociedad. En ese caso ese cambio de cultura abogaba por tener en cuenta cuestiones como las que usted acaba de señalar: el cambio climático, la necesidad de potenciar el desarrollo sostenible, la situación económica y el modelo económico que tenemos. Cualquiera que lea la memoria de la Ley y la de las Directrices la ve plasmada. El objetivo era potenciar un cambio de cultura hacia un urbanismo que fuera menos desarrollista, porque las condiciones económicas y de concepto de valor del suelo no eran iguales. En esa línea vamos a seguir. Sólo que con la crisis se estimularán determinados desarrollos socioeconómicos para los que el planeamiento es un instrumento esencial. 
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Valor añadido > -La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha notificado a un ciudadano la Resolución en la que comunica la demolición de obras ilegales ubicadas en suelo rústico de la zona del Lomo los Azules, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), según informó el Gobierno de Canarias en nota de prensa.  En concreto, estas obras consisten en la ampliación de una edificación adosada a un estanque de 120 metros cuadrados, un depósito de 90 metros cuadrados de base, dos cuartos de unos 12,5 metros cuadrados de superficie y cinco metros de altura y otro de cuatro metros cuadrados y tres metros de altura, así como la construcción de un muro de contención de nueve metros cuadrados y muros perimetrales de bloque de dos metros de altura y obras de hormigón de terreno.  Asimismo, la APMUN señaló como fecha de ejecución de la demolición los días siguientes a que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente dicte auto de entrada que autorice el acceso a la propiedad afectada. El interesado además deberá proceder, desde la notificación de la Resolución, a la retirada de maquinaria, enseres y efectos personales o de otra índole que se encuentren en la zona. No obstante, de no actuar así, no se impedirá ni suspenderá la ejecución del acto administrativo, que se llevará a cabo a su costa. El organismo público de naturaleza consorcial difunde en el Boletín Oficial de Canarias la Resolución al respecto, al no haber podido notificarla al ciudadano de conformidad con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Valor añadido > -El Cabildo de Lanzarote sacará a concurso este mes la construcción de una residencia de salud mental, por el procedimiento urgente, por un presupuesto total de 2,35 millones de euros.  La financiación corre a cargo del Gobierno central, a través del Fondo Especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo (1,2 millones de euros), el Gobierno de Canarias (450.000 euros) y la corporación lanzaroteña, que aporta 700.000 euros y el terreno donde irá ubicada la residencia, informa el Cabildo en un comunicado.  El centro, que tendrá una capacidad para 35 usuarios en residencia y 15 en servicio de día, deberá estar finalizado antes de junio de 2010 y ocupará una parcela de 6.000 metros cuadrados en Tahiche.
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Valor añadido > -El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictaminado que el Gobierno de la Comunidad Autónoma deberá indemnizar a la empresa Dehesa de Jandía S.A. por la Ley de Moratoria aprobada en 2001, según una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.  En concreto sobre el importe de la indemnización, el fallo indicó que la cantidad a abonar por el Ejecutivo deberá fijarse en ejecución de sentencia.   Por su parte, la defensa de Dehesa de Jandía pidió como indemnización al Ejecutivo autonómico "una suma no inferior a 41.580.000 más lo que resulte de las inversiones realizadas actualizada a la fecha del pago y con las modulaciones que resulten de las valoraciones que se realicen en periodo probatorio".   Dicha empresa era propietaria de cuatro parcelas que conformaban un total de 99.061 metros cuadrados y disponía de la licencia apropiada para poder llevar a cabo la construcción de 1.980 camas.   Posteriormente, el Gobierno de Canarias aprobó la Ley de la formulación de las Directrices de Ordenación General y de Turismo de Canarias, cuya entrada en vigor determinó la imposibilidad de obtener autorización turística previa y licencia de edificación para el desarrollo de la parcela.  Esta decisión del Ejecutivo regional ordenó la "congelación indefinida" del desarrollo de las obras porque la Ley no permitía la construcción de nuevas camas en el archipiélago canario, pero ordenó a la empresa a continuar con los trabajos de adecentamiento de la zona. En este sentido, la sentencia consideró que el suelo "del que trae causa la presente reclamación no estaba afectado por la Disposición adicional cuarta de la Ley 19/2003 porque el propietario había cumplido con los deberes urbanísticos concretos a los que se condicionaba el mantenimiento de la clasificación originaria: como el suelo de la actora contaba con Plan Parcial aprobado, con proyecto de compensación y con proyecto de urbanización, mantuvo su clasificación". Por tanto, la empresa afectada consideró que la indemnización solicitada al Gobierno de Canarias "no se debe a los aprovechamientos urbanísticos de la entidad demandante, por cuanto tales aprovechamientos siguen incólumes, sino que realmente el perjuicio indemnizable sería la suspensión cuasi indefinida de tales aprovechamientos". Para el TSJC, "la tesis del Gobierno de Canarias no puede ser siquiera atendida por vulnerar abiertamente la doctrina de los actos propios y el principio de la confianza legítima" ya que el Ejecutivo "que es quien aprobó el Plan Parcial, no puede sostener la nulidad de ese instrumento de planeamiento sin haber iniciado jamás actuación alguna conducente a declarar la nulidad del sedicente Plan".  "Aún cuando ese Plan Parcial fuese válido, nunca llegó a entrar en vigor porque su normativa no se publicó", indicó la sentencia ya que "como norma jurídica, un Plan Parcial necesita la publicación tanto del acuerdo de aprobación definitiva como de su normativa para iniciar su eficacia", indicó el escrito.   "Y en este supuesto que analizamos, la normativa no se llegó a publicar por razones que desconocemos pero que evidentemente, no son imputables a mi representada, que no es la responsable de realizar esa publicación", concluyó el abogado de la defensa. 
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Valor añadido > -La Ley de Medidas Urgentes dio uno de sus últimos pasos antes de ser aprobada por el pleno del Parlamento de Canarias. En la Comisión de Medio Ambiente celebrada en la Cámara regional, los grupos parlamentarios de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) echaron por tierra las más de 50 enmiendas presentadas por el Partido Socialista Canario (PSC), que insistió en que la ley supone una intromisión del Ejecutivo autonómico en competencias propias de ayuntamientos y cabildos insulares. Al respecto, el diputado nacionalista José Miguel González aclaró que «nunca una modificación competencial puede entenderse como injerencia», sino que constituye una «redefinición» de estas competencias atribuidas a la comunidad autónoma. En lo que respecta al sector turístico, el portavoz socialista en la comisión, Manuel Fajardo Palarea, calificó las medidas recogidas en la ley de «improvisadas» y advirtió de que derivará en la clasificación de más suelo rústico. En este sentido, González matizó que la clasificación de nuevo suelo rústico funcionaría bajo criterios de equilibrio, puesto que implicaría la desclasificación de la misma extensión en otros puntos.
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Valor añadido > - Canarias firma un convenio con el Ministerio de Viviendas para el nuevo Plan de Viviendas en el archipiélago >  Gobierno de Canarias ejecutó el 115 por ciento de las actuaciones previstas en el Plan de Vivienda 2005-2008 lo que supuso la realización de más de 100.000 actuaciones a través de las diferentes líneas del Plan en materia de alquiler, compra, suelo, rehabilitación, autoconstrucción, vivienda protegida y libre dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda. En concreto, se realizaron un total de 102.887 actuaciones que supusieron la movilización de 2.647.795.023,91 euros de los que 2.294.582.709 euros fueron en préstamos hipotecarios para la compra y construcción de viviendas protegidas (VPO) y viviendas en el mercado libre a través de la Hipoteca Joven Canaria.  La consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, considera que "el Plan de Vivienda de Canarias es una potente herramienta que sólo en estos últimos cuatro años ha movilizado en las islas más de 2.600 millones de euros, 800 millones más de lo previsto inicialmente, con el único objetivo que nos guía en todas las líneas de actuación del plan: facilitar el acceso a una vivienda a las familias canarias"."Además -continuó- más del 70 por ciento del número total de actuaciones del Plan fueron financiados por el Gobierno de Canarias".    La consejera destacó los resultados de las medidas de choque, incorporadas al Plan de Vivienda de Canarias en verano del año pasado ante la situación de crisis económica, como la posibilidad ofertada a los promotores de convertir su vivienda libre en protegida y así obtener las ayudas que da el Gobierno; la convocatoria de subvenciones para propietarios de suelo que lo destinarán a vivienda protegida; el impulso dado al alquiler a través del concurso para la adquisición de 1.000 viviendas para arrendar en régimen especial a las familias con más dificultades y el plan de choque de vivienda joven, que está permitiendo a la juventud canaria obtener las ayudas más altas del Estado para alquilar.
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Valor añadido > -El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria introducirá dos modificaciones en los pliegos de condiciones del último paquete de obras del Fondo Estatal de Inversión Local para el Empleo (Feile) que saldrán a licitación la próxima semana para evitar que se adjudiquen los proyectos a empresas con un elevado riesgo de incumplimiento, como pasó con una docena de ellos la semana pasada.  Los cambios se introducirán a instancias de la Concejalía de Ordenación del Territorio, que busca aplicar una nueva fórmula en la que la puntuación se realizará de acuerdo con el número total de horas que la adjudicataria destine a la ejecución de la obra, considerando que la jornada semanal es de 40 horas. En el caso de que las ofertas presentadas impliquen un número desproporcionado de mano de obra, los técnicos municipales introducirán una media aritmética entre las horas y el número de trabajadores a emplear para determinar si la propuesta es realista o no.  Otra modificación que se aplicará a los 19 últimos proyectos del Feile o 'plan Zapatero' (del que ya se han licitado 79 obras), será la obligación de cumplir un cronograma por parte de los licitadores para controlar mejor el proceso de las obras y la gestión del empleo que esta genere.  Fuentes del gobierno municipal aseguraron que las obras ya licitadas y adjudicadas con el primer pliego de condiciones se mantendrán intactas ya que es imposible aplicarlo con carácter retroactivo. Así mismo, el Consistorio descarta que estos cambios puedan derivar en demandas judiciales de las empresas que se quedaron sin la adjudicación con el primer pliego de condiciones ya que la administración puede ajustar dichos pliegos de la manera que mejor crea y a cada proyecto de manera individual. 
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