NOTICIA >-C. Valenciana
Valor añadido > -Torrevieja lleva al Consell el plan que prevé 20 torres de 30 alturas en primera línea   El pleno aprueba el último trámite para permitir los rascacielos en seis zonas situadas junto a la playa y que ahora debe validar la Generalitat
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NOTICIA > -Centros comerciales > C. Valenciana > el Mundo
Valor añadido > -La provincia de Valencia contará con al menos siete nuevos parques comerciales en los próximos tres años. Alzira, la Pobla de Farnals, Sagunto, Xàtiva, Mislata 
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NOTICIA > -C. Valenciana
Valor añadido > -El visado de viviendas en Castellón cae un 76% en el año 2009 Del total de viviendas visadas en 2009, 251 fueron de protección oficial, un número superior al del año anterior, cuando sólo 83 eran subvencionadas pese a que la cantidad global de viviendas era mayor. Fuentes del Colegio de Arquitectos han explicado en un comunicado que los mejores meses del 2009 para el visado de vivienda libre fueron mayo y junio; para la VPO, octubre y junio, y sumando ambas modalidades, junio y octubre. Los datos de enero del 2010 sitúan el visado de viviendas en un 36,93 por ciento por debajo de los de enero del año anterior y en un 42,26 por ciento menos respecto a diciembre de 2009. En cambio, el número de viviendas libres visadas en la provincia de Castellón se incrementó en diciembre de 2009 un 69 por ciento con respecto a noviembre de ese mismo año. Fuentes del Colegio de Arquitectos apuntan a que "la falta de financiación y la dificultad de obtener liquidez han inducido a reducir el inicio de nuevos proyectos durante el 2009", lo que ha hecho que el sector se concentre en la comercialización en lugar de en la edificación de nuevas viviendas. "Sería deseable que en este 2010 se consiga solucionar, poco a poco, el tema de la financiación y que los empresarios consigan sacar adelante nuevos proyectos, generando empleo y riqueza a la provincia de Castellón", apuntan desde el colegio profesional. 
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NOTICIA > -C. Valenciana > Levante
Valor añadido > -Francisco Carrión logró que la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda aprobara el Plan General de Montroy cuatro años después de permitir que se levantaran más de 80 chalés en suelo rústico en la Canyà de la Murta. Los residentes siguen sin contar con luz, agua ni alcantarillado
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NOTICIA >- C. Valenciana
Valor añadido > -El titular del Juzgado Mercantil número 2 de Valencia ha acordado no declarar el concurso del Grupo García Ojeda, a petición del propio deudor, al constatar que ha alcanzado "acuerdos de refinanciación prácticamente con la totalidad de sus acreedores".
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NOTICIA >-C. Valenciana > ABC y locales
Valor añadido > -Tres urbanizaciones en la sierra de Montroi; tres núcleos de población incontrolada a apenas 30 kilómetros de Valencia; casi un centenar de chalés ilegales desperdigados por la falda de la montaña. En suelo forestal, no urbanizable; construcciones levantadas sin licencia o con permiso falsificado: otro caso de presunta corrupción urbanística. Éste ha sido el detonante de la operación dirigida por el Juzgado de Picassent 1 y la Fiscalía Anticorrupción, que se saldó ayer con la detención del ex alcalde de la localidad, Javier Carrión, del PP, y otras seis personas, entre las que figuran tres empresarios y un notario, por un presunto delito contra la ordenación del territorio, prevaricación y falsedad documental. Los investigadores sostienen que el Consistorio otorgaba licencia para casas de aperos o labranza para dar apariencia de legalidad a la obra, aún a sabiendas de que lo que se iban a levantar eran chalés, algunos con parcela y piscina.
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NOTICIA > -C. Valenciana > Información
Valor añadido > -El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) ha revocado la medida cautelar que dictó en junio a través de un auto, en el que acordaba suspender provisionalmente el proyecto de construcción del polígono industrial en los terrenos del Pla de Novelda. De este modo la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha decidido estimar los recursos de súplica planteados por el Ayuntamiento de Novelda y la promotora Leteo Inversiones, la mercantil a la que el pleno adjudicó la actuación cuando el PP gobernaba en la ciudad en la anterior legislatura. Cabe recordar que la paralización de los trámites para desarrollar este controvertido plan industrial ya supuso, en su día, un duro revés para los intereses del Consistorio y de las organizaciones empresariales que representan a los industriales del mármol y las especias, los dos pilares de la economía noveldense que en numerosas ocasiones han hecho pública la imperiosa y urgente necesidad que tienen de disponer de suelo. Fue a partir de febrero de 2009 cuando los afectados, agrupados en la Plataforma Vecinos Pla, optó por acudir a los tribunales para evitar que sobre sus fincas, cultivos, campos y chalés se termine construyendo un polígono privado de 1,6 millones de metros cuadrados. El TSJ se hizo eco entonces de todas las supuestas irregularidades en materia urbanística, administrativa e hídrica denunciadas por las cuarenta familias afectadas -hoy bastantes menos- para justificar, en tanto no haya sentencia firme, la medida cautelar de paralización del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 11 de mayo de 2007, acuerdo que fue ratificado de forma unánime por el Ayuntamiento en un pleno de abril de 2008 que supuso la aprobación definitiva de la homologación y plan parcial del sector Salinetes para ejecutar el polémico polígono. El alto tribunal también decidió no imponerles ningún tipo de aval a los propietarios de los terrenos pero con esta decisión judicial consiguieron algo mucho más importante. La legitimidad en sus reivindicaciones que durante cuatro años de "lucha" no habían conseguido. Más tiempo para disfrutar de sus propiedades y una posición ventajosa ante cualquier eventual negociación con el agente urbanizador o con los responsables municipales.
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NOTICIA > -C. Valenciana > Cabanyal > Levante y el País
Valor añadido > -Uno de los informes encargados por el Ayuntamiento de Valencia para avalar ante el Ministerio de Cultura el plan especial del Cabanyal está firmado por un arquitecto que hace ocho años definió en una publicación del Colegio de Arquitectos de la Comunitat a la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar como un "proyecto siniestro". De llevarse a cabo la gran avenida "destruirá por completo el barrio", advertía Vicente Colomer Sendra, profesor del departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, en la guía de Arquitectura del siglo XX de la Comunidad Valenciana. La plataforma Salvem el Cabanyal advirtió de la "contradicción" que supone que el mismo arquitecto que alertaba de la grave afección de la ampliación de Blasco Ibáñez a través del barrio Bien de Interés Cultural sea el mismo que firma unos años después un informe que bendice la nueva avenida. En su informe, Colomer asegura que el Paseo al Mar de Valencia -el germen de la actual prolongación- "mantiene un elevado valor de permanencia, en concreto 145 años, y "debe considerarse por ello patrimonio cultural". Colomer concluye en su informe que el Pepri del Cabanyal no constituye expolio. Mediante el quiebro de la ampliación de Blasco Ibáñez y la "reducción drástica de su anchura y su afección se conserva el la peculiar trama de retícula del barrio". Colomer Sendra, que fue uno de los finalistas del concurso convocado por el ayuntamiento para el diseño de la nueva avenida, considera que el Pepri "contribuye a una mejora conservación del conjunto intervenido". La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, por su parte, también han puesto en entredicho los informes técnicos utilizados por el Ministerio de Cultura para sustanciar la orden de paralización del plan especial del Cabanyal. El vicepresidente tercero, Juan Cotino, acusaba al Gobierno de "encargar informes a medida" para atacar el PP y la alcaldesa, Rita Barberá, cuestionaba el informe del director del Museo de la Cerámica González Martí crítico con la prolongación de Blasco Ibáñez porque es una institución con sede en Valencia pero dependiente del Gobierno central. Los nueve informes del plan La orden ministerial que paraliza el plan especial, a la cual el gobierno autonómico respondió el jueves con un decreto ley que lo blinda, se sustenta en nueve informes. Cinco consideran que hay expolio y son los de la Secretaría Técnica del Ministerio de la Vivienda, la Subdirección General de Patrimonio Histórico (Ministerio de Cultura), la Real Academia de Historia, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el director del Museo Nacional de Cerámica, Jaime Coll. Otros tres aducen que no lo hay. Son los de la Conselleria de Cultura, el Ayuntamiento de Valencia y el Colegio Territorial de Arquitectos. El Gobierno también pidió informe al Icomos, organismo de defensa del patrimonio auspiciado por la Unesco, que no se pronunció expresamente en un sentido o en otro. El dictamen incorrecto de Patrimonio Los informes técnicos que encargan y pagan las administraciones para avalar la toma de decisiones son preceptivos pero no vinculantes. Uno de los más comentados en relación al plan del Cabanyal es el que redactaron en 1999 los técnicos de la Inspección de Patrimonio de la Conselleria de Cultura que alertaba de la grave afección del Pepri del Cabanyal. La Generalitat intentó silenciar este informe, que le costó el cese al arquitecto Ignacio Casar Pinazo. El Ministerio de Cultura considera "muy bien justificado" dicho informe que, sin embargo, el arquitecto autor del dictamen del ayuntamiento favorable al plan del Cabanyal, Vicente Colomer, considera "incorrecto" porque "falsea la realidad". La división de los arquitectos en relación a la intervención en el Cabanyal es evidente. El mismo Colegio de Arquitectos de Valencia considera válido el Pepri pero advierte que no se tuvieron en cuenta las "numerosas variables".
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NOTICIA > -C. Valenciana > Cabanyal > el País y SER
Valor añadido > -. La Constitución recoge que el Estado tiene competencias exclusivas en la "defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación". El ministerio afirma que el plan de El Cabanyal es un expolio. La Generalitat, lo contrario. Todo apunta que será el Tribunal Constitucional el que decida quién es competente en el asunto.Está claro que el Estado tiene competencias para proteger de un expolio. Y lo está que la Generalitat tiene en materia de protección del patrimonio. Pero es la Generalitat la que se siente invadida y propone seguir adelante a pesar de la resolución judicial y la orden ministerial. El Gobierno ya anunció el pasado viernes que estudia un posible recurso de inconstitucionalidad. Con él, tal como recoge el artículo 161 de la Carta Magna, la paralización del decreto ley sería automática durante cinco meses prorrogables por el propio tribunal. Por su parte, el Ayuntamiento y la Generalitat preparan recursos contra la orden ante la Audiencia Nacional y por un conflicto de competencias ante el Constitucional.... Es cierto, por otra parte, que hay juristas que discuten la cuestión de las competencias en contra del Estado. Interpretan que el sentido de la competencia del expolio no es el literal; es más laxo y se refiere más a una alteración incluso de ubicación de un bien de una singularidad extraordinaria y con una protección superior. El Ministerio de Cultura no lo entiende así. Es excepcional la orden ministerial porque lo es que un poder público supuestamente cometa un expolio. Un antecedente parecido ocurrió con un retablo visigodo en la provincia de Toledo, a cuyo rescate también salió Cultura. Pero, ¿qué pasa mientras se aclara la disputa en los tribunales? La Generalitat se propone validar el decreto ley a través de la comisión permanente de las Cortes y el Ayuntamiento quiere proseguir los derribos en áreas del plan. Como hasta ahora, los afectados tienen la opción de recurrir las demoliciones en los juzgados. El Estado podría pedir a la Policía que evite la actuación por incumplir una orden ministerial resultado del fallo de un tribunal.
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NOTICIA > -C. Valenciana > Cabanyal > ABC
Valor añadido > -Los opositores a la prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez que contempla el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal-Canyamelar defienden el valor integral e indivisible del barrio, y reclaman un plan de rehabilitación sin derribos similar al empleado en el barrio de El Carmen. Por su parte, los paladines del PEPRI sostienen que el único modo de proteger el barrio y rehabilitar sus edificios es conectarlo con la ciudad -lo que implica asumir el derribo de 1.651 inmuebles (el 5% del total), 452 de los cuales incluidos en la zona BIC-. Uno de los más conocidos defensores de esta postura es Alejandro Escribano, autor del dictamen en el que se basó el TSJ de la Comunidad Valenciana para sentenciar que el daño infligido al barrio al dividirlo en dos está sobradamente compensado por los beneficios ulteriores asociados a la operación. El arquitecto lamenta que las críticas al PEPRI se concentren en las acusaciones de especulación urbanística y obvien por el contrario la previsión de reequipamiento con plazas, jardines y dotaciones públicas como centros deportivos, sanitarios, educativos... «Tampoco se suele hablar de la imposición por parte del Ayuntamiento de dos alturas en las nuevas construcciones y del mantenimiento de la misma edificabilidad que existía, lo que ha provocado que la iniciativa privada huya del PEPRI por considerarlo inviable económicamente», afirma Escribano.
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informe > -C. Valenciana > El Cabanyal 
Valor añadido > -DECRETO-LEY 1/2010, de 7 de enero, del Consell, de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia. 
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NOTICIA > - C. Valenciana > El Cabanyal > el País y SER
Valor añadido > -El decreto ley se aprobó con urgencia para evitar la orden de suspensión del ministerio. Ésta prevé que el Gobierno pueda tomar medidas si no se ejecuta a las 48 horas de su "recepción". La resolución de expolio se conoció el lunes, aunque llegó al Ayuntamiento y la Generalitat el 5 de enero. La oposición calificó el decreto de "despropósito" jurídico.--- El Consell, sin embargo, tiene prisa. El consejero Juan Cotino anunció  una reunión de la empresa Cabanyal 2010, con la que la Generalitat y el Ayuntamiento pretenden desarrollar el plan. La sociedad perdió en 2008 el apoyo de las 11 promotoras que participaron en su creación y vendieron sus acciones en una operación que ha sido cuestionada por la Sindicatura de Comptes.
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NOTICIA > - C. Valenciana 
Valor añadido > -Salvem el Cabanyal:"Decreto Ley es cortina de humo y despropósito jurídico" En un comunicado, esa asociación se ha referido a la decisión que ha tomado hoy el Gobierno valenciano, según ha manifestado la portavoz, Paula Sánchez de León, como respuesta a la orden del Ministerio de Cultura, que paralizaba las obras del Cabanyal por considerarlas "expolio del patrimonio histórico". En ese sentido, la plataforma ha señalado que esa decisión dek Consell "desafía al Tribunal Supremo, no al Ministerio de Cultura" y que la "agresión masiva" a la que se refiere Sánchez de León, "si existiese, no procedería del Gobierno de España; en su caso, procedería del Tribunal Supremo", que es quien mandó dictar la paralización al Ministerio de Cultura, en una sentencia de 25 de mayo de 2009. Las mismas fuentes han considerado que se trata de "una cortina de humo", ya que "el PP no quiere hablar de los informes técnicos de instituciones solventes que dicen que su plan destruye el patrimonio de los valencianos". Para la asociación, "el ministerio tiene la competencia y la obligación, ya que lo dice el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, para dictar esa orden, y ni siquiera el Estatuto de Autonomía podría quitársela", han subrayado las fuentes, pues se trata de "una competencia atribuida expresamente por la Constitución al Estado, por lo tanto las normas autonómicas no le afectan". Además, han remarcado que los decretos ley son "normas reservadas a situaciones de extrema y urgente necesidad, circunstancia que no comparece en el caso del Cabanyal de ningún modo". "Salvem el Cabanyal" ha añadido que si el Gobierno valenciano no está de acuerdo con la orden ministerial, "puede impugnarla ante la Audiencia Nacional", pero ha matizado que "el Consell sabe que la Audiencia nunca le dará la razón, pues el tema ya está resuelto por el tribunal Supremo". Asimismo, ha indicado que "un decreto ley es absolutamente desproporcionado e inconstitucional" y se ha preguntado por qué el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat enviaron sus informes en el procedimiento de declaración de expolio cuando fueron requeridos por el Ministerio si discrepaban de la competencia de Cultura. Por ese motivo la plataforma ha destacado que la participación sin alegación alguna en el procedimiento de declaración de expolio "inhabilita ahora a los gobernantes del PP, cuando la resolución no les satisface, para negar la competencia del Ministerio".
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NOTICIA > -C. Valenciana
Valor añadido > -Bancaja Hábitat, el grupo inmobiliario de la caja de ahorros valenciana, considera que 2009 ha empezado a dar algo de luz a la crisis del sector. La compañía cerró el año pasado con 1.404 inmuebles escriturados, por encima de lo previsto tras la fuerte caída registrada en 2008, en que esta cifra apenas alcanzó los 788 inmuebles. Para potenciar la salida de su cartera de promociones, el grupo también ha decidido crear una nueva filial, Civitas, que se centrará en el alquiler de viviendas de primera residencia. Inicialmente esta firma centrará su actividad en la Comunidad Valenciana, donde Bancaja concentra su mayor volumen de pisos, aunque según fuentes de la entidad a lo largo del año se extenderá al resto de España.
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NOTICIA > -C. Valenciana
Valor añadido > -La declaración del ministerio considera que el plan de El Cabanyal prescindió de los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del conjunto, que con la apertura de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar perdería su singularidad. El gobierno de Barberá no ocultó su enfado y calificó de "vergonzosa e irritante" la forma de comunicar la resolución con una "nota de prensa", y en su opinión, "con alevosía" por las fechas "festivas". El Ayuntamiento, que puede recurrir ante la Audiencia Nacional, esgrimió a su favor varias sentencias favorables y aseguró que la decisión sólo afectaría a la zona BIC del barrio.El Ministerio de Cultura ha ordenado la "suspensión inmediata" del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal al entender que esta actuación del Ayuntamiento de Valencia constituye un "acto de expoliación del patrimonio histórico". Según ha informado el Ministerio a través de un comunicado, la ejecución del PEPRI queda paralizada hasta que este plan "no se adapte y garantice los valores histórico-artísticos" de este barrio valenciano. El Ayuntamiento de Valencia asegura que ha conocido la Orden a través de los medios de comunicación y ha anunciado que, cuando tenga notificación oficial de la misma, la acometerá "las acciones legales pertinentes", según ha dicho el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau. Según ha explicado el Ministerio, la orden está avalada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y otra del Supremo, que ratifican la competencia del Estado en la protección del Patrimonio Histórico contra el expolio. La del supremo, dictada en mayo de 2009, impuso al Ministerio la "obligación" de pronunciarse sobre la posible existencia de expolio en esta actuación urbanística. Coincide "igualmente" con el informe "negativo" sobre el PEPRI que en el año 2000 realizó la Inspección del Patrimonio Histórico de la Dirección Territorial de Cultura y Educación de la Conselleria de Cultura, añade el comunicado. Esta decisión también está "avalada" por diferentes informes técnicos, entre los que destacan los presentados por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Real Academia de la Historia, por el Museo Nacional de Cerámica "González Martí" y por el propio Ministerio, tal como es preceptivo. La Orden ministerial declara "la obligación de suspender inmediatamente la ejecución" del PEPRI y requiere a la Generalitat para que "suspenda todas las actuaciones administrativas relacionadas con el Plan". Es "definitiva en la vía administrativa", si bien, cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El Ayuntamiento de Valencia ha defendido esta actuación urbana que, según ha subrayado, está avalada "por nueve sentencias judiciales, entre las que se incluyen dos del Tribunal Supremo". "Las sentencias judiciales se han producido con la valoración positiva de los informes técnicos de patrimonio cultural, incluso en los dictámenes del Supremo se descartaba el expolio y se afirmaba que el PEPRI contribuirá a la regeneración de los barrios", ha afirmado. Por el contrario, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, considera que se trata de una decisión "justa, histórica y esperanzadora". A su juicio, la Orden del Ministerio de Cultura "da la razón a los vecinos" del barrio y se la quita al Consistorio, que ejecutó un plan que "que atenta contra la integridad de un conjunto histórico protegido".
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NOTICIA > -C. Valenciana > Alicante
Valor añadido > -Prasa anuncia a Urbanismo que no puede seguir con la urbanización de Benalúa Sur > La mercantil no se recupera de sus graves dificultades económicas y deja en el aire el plan parcial donde se edifica el Colegio Benalúa 
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NOTICIA > -C. Valenciana > Alicante
Valor añadido > -Nozar reanuda la tramitación del plan de la Albufereta para 1.400 viviendas
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NOTICIA >-C. Valenciana
Valor añadido > - La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda publicó en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) una Orden por la que se crea y regula el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. Así, con este nuevo registro único, la Generalitat dará a los ciudadanos la posibilidad de expresar su necesidad concreta de vivienda en un solo lugar, y la garantía de que las instituciones trabajarán por facilitarle la vivienda que necesita.
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NOTICIA > -C. Valenciana
Valor añadido > -El Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), a través de la Agencia Valenciana de Alquiler, gestionará el acceso a 251 nuevas viviendas de protección pública (VPP), en régimen de alquiler con opción a compra en la ciudad de Castelló, según informó la Conselleria de Medio Ambiente. El Ivvsa ha firmado un convenio con la empresa Construcciones UMA CV2 por el que confía el procedimiento de selección de los inquilinos de estas viviendas a este servicio público de la Generalitat. El gerente del Ivvsa, Javier Sogorb, destacó que "una vez más una empresa privada pone en manos de la Agencia Valenciana de Alquiler la gestión y adjudicación de sus viviendas protegidas". En este caso, "son viviendas en alquiler con opción a compra, una figura novedosa y que resulta muy atractiva para la gente más joven, que puede vivir en alquiler unos años y proceder después a la compra del inmueble, descontándosele una parte porcentual de lo pagado hasta entonces de alquiler en el precio final de la compra". Sogorb también aseguró que "la voluntad de la Generalitat es seguir potenciando a través de este servicio la conexión entre la demanda y la oferta de vivienda en alquiler, con el objetivo de atender, en colaboración con el sector privado, las necesidades básicas del acceso a una vivienda digna especialmente para los más jóvenes". En este sentido, agregó, "la Agencia Valenciana de Alquiler cumple un papel fundamental en el impulso de la mediación en el mercado de alquiler, optimizando las viviendas disponibles y las potencialmente disponibles, a través de la firma de convenios que permiten aplicar a las promociones privadas el procedimiento transparente y con todas las garantías que realiza la Generalitat para la adjudicación de viviendas". Una de las ventajas que ofrece la Agencia Valenciana de Alquiler a los promotores privados es la contratación gratuita durante dos años de un seguro que cubre al propietario de los riesgos de impago de las mensualidades del alquiler, y otro que da cobertura por los posibles daños que puedan sufrir las viviendas arrendadas. Además, la gestión pública de alquiler que realiza esta entidad también beneficia a los inquilinos, que pueden informarse sobre las subvenciones disponibles en los planes de vivienda y disponen de asesoramiento jurídico y un seguimiento del contrato de alquiler. Las 251 viviendas protegidas en alquiler con opción a compra de Construcciones UMA CV2 se distribuyen en dos promociones de 127 y 124 inmuebles con garajes y trasteros vinculados ubicadas entre las calles H1, H2, V1, V3 y V7 de la Unidad de Ejecución 54 de Castelló. En cuanto a las superficies, los inmuebles tienen entre 60 y 90 metros cuadrados útiles. En cuanto finalice la construcción de estas viviendas protegidas actualmente en ejecución, la Agencia dará toda la información necesaria para poder optar a una de estas viviendas en web.
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NOTICIA > -C. Valenciana > ABC y locales
Valor añadido > -El Tribunal Supremo (TS) ha suspendido un plan urbanístico de Benaguasil, al que la Generalitat dio el visto bueno en 2007 sin contar con el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponidilidad de agua (CHJ) -como ha sucedido con el Plan Rabassa-. El TS confirma la paralización cautelar de esta actuación urbanística acordada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en marzo de 2008. El plan Tapairet Industrial fue aprobado en abril de 2007 por la Comisión Territorial de Urbanismo con la oposición del representante del CHJ, organismo al que la Conselleria negó los datos necesarios para elaborar el informe sobre la disponibilidad de agua para satisfacer la demanda derivada de la nueva planificación urbanística. El Consell se escudó en la Ley Urbanística Valenciana y como otras veces, sostuvo que, en ausencia del informe de la CHJ previsto en la Ley de Aguas, bastaba el de una «entidad colaboradora autorizada para el suministro». El Gobierno recurrió la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo. El TSJCV suspendió cautelarmente el plan en tanto resolvía sobre la legalidad del mismo. La Generalitat llevó el caso al Supremo, que ha decidido ahora confirmar la decisión del TSJCV y mantener la suspensión del PAI porque lo contrario podría causar «perjuicios» de «difícil reversibilidad». El TS no entra a decidir si el informe de la Confederación es preceptivo, como sostiene el Gobierno, o no lo es, como mantiene la Generalitat, pero considera «indudable que la falta de ese informe de la Confederación constituye un indicio a favor de quien sostiene la ilegalidad del acuerdo» de la Comisión Territorial de Urbanismo. Además de desestimar su recurso, el TS condena
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NOTICIA > -C. Valenciana
Valor añadido > -La APECC ha ofrecido datos del INE sobre la compra venta de viviendas, así entre enero y octubre de 2009 se compraron en la provincia de Castellón 7.375 viviendas, mientras que en el mismo periodo de 2008 fueron 9.627, lo que supone un descenso del 23,39 por ciento. En cuanto al precio de la vivienda libre, en 2009 con respecto a 2008 ha disminuido un 8,85 por ciento, mientras que el de la vivienda de promoción pública ha descendido un 1,4 por ciento.
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