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15 de abril de 2009

RESIDENCIAS DE TERCERA EDAD Y LEY DE DEPENDENCIA
Valor añadido: La concesión de una plaza residencial al amparo de la ley de dependencia tiene una implantación muy desigual. Mientras que Madrid o Valencia dan esta prestación a más del 30% de sus beneficiarios de la Ley de Dependencia, Murcia o Canarias no se las facilitan ni al 4% de sus perceptores. También, se dan casos como Navarra, que da ayuda exclusivamente económica a más de la mitad de sus beneficiarios. Además, la mayor parte de la ayuda para dependencia no crea empleo directo. Según la Ley de Dependencia, las personas mayores a las que se les reconozca en el año 2008 el Grado III niveles 1 y 2 y el Grado II nivel 2 establecidos en la Ley 39/2006, según el calendario de aplicación de la misma, tendrán derecho a los servicios y prestaciones que les determine su Programa Individual de Atención, para lo cual la Generalitat ha establecido otras líneas de actuación para atender a las personas y a las familias. Es decir, que los nuevos solicitantes tendrán que esperar a recibir la ayuda hasta ser valorados cuando les corresponda por el calendario de la Ley de Dependencia, que arrastra un considerable retraso. Por estos motivos, cobran especial importancia las declaraciones de  la nueva ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que anunció  que casi 700.000 personas reciben ya ayudas por dependencia. Pero sólo un tercio de estas ayudas se presta en forma de servicios, en contra de la ley, que fija este tipo de prestación para casi todos los beneficiarios para crear empleo directo.
 
 
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