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13 de mayo de 2009
URBANISMO, GALICIA,
LOS AYUNTAMIENTOS GALLEGOS SIGUEN SIN ADAPTAR SU PLANEAMIENTO A LA LEY
DEL SUELO
Valor añadido:
Sólo el 11,74% de los ayuntamientos gallegos tienen su planeamiento
urbanístico adaptado a la Ley del Suelo de Galicia. Un total de
37 de los 315 ayuntamientos que existen en Galicia (el 11,74 por ciento)
dispone de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) adaptado
a la vigente Ley del Suelo gallega, según datos de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y del Colexio de Arquitectos
(COAG). Además, un en Galicia existen todavía 47 municipios
en los que no existe ninguna normativa de este tipo, la mayor parte de
ellos --26-- en la provincia de Ourense, en donde uno de cada cuatro carece
de PGOM. En 2002, la Xunta (entonces gobernada por el PP) aprobó
la Ley del Suelo de Galicia y obligó a todos los municipios a adaptar
su urbanismo en un plazo máximo de tres años. La norma era
más restrictiva, aunque abría la puerta a recalificar suelo
mediante convenios específicos. Dos años después,
los ayuntamientos informaron de que tenían sobre la mesa 45 convenios
para edificar 35.000 apartamentos y 17 campos de golf en zonas en donde
no estaba autorizado construir. Ninguno adaptó su planeamiento a
la nueva ley, pero aprovecharon el plazo de tres años que tenían
para adaptarse a la ley para seguir dando licencias, muchas de dudosa legalidad.
En los mejores lugares de la costa (Rías Bajas, Costa da Morte,
Mariña de Lugo) afloraron urbanizaciones de cuño mediterráneo.
La situación reventó a finales de 2006. La Xunta empezó
a suspender las normas urbanísticas en varios ayuntamientos o a
rechazar los nuevos planes con inflación recalificadora. Al mismo
tiempo, el presidente gallego anunció la redacción de una
ley urgente para proteger la costa, que establece una moratoria de dos
años para construir a menos de 500 metros del mar en los municipios
sin planeamiento adaptado a la ley. Hoy están suspendidos los planes
de urbanismo de cinco municipios costeros (Tui, Sada, Viveiro, Barreiros
y O Grove) y la Xunta ordenó reelaborar planes tan importantes como
el de Vigo. Sólo uno de los 86 alcaldes de la costa ha adaptado
su urbanismo a la Ley de Suelo de 2002 y por ello queda eximido de la suspensión
de construir a menos de 500 metros del mar. En 2002, la Xunta (entonces
gobernada por el PP) aprobó la Ley del Suelo de Galicia y obligó
a todos los municipios a adaptar su urbanismo en un plazo máximo
de tres años. La norma era más restrictiva, aunque abría
la puerta a recalificar suelo mediante convenios específicos. Dos
años después, los ayuntamientos informaron de que tenían
sobre la mesa 45 convenios para edificar 35.000 apartamentos y 17 campos
de golf en zonas en donde no estaba autorizado construir. Ninguno adaptó
su planeamiento a la nueva ley, pero aprovecharon el plazo de tres años
que tenían para adaptarse a la ley para seguir dando licencias,
muchas de dudosa legalidad. En los mejores lugares de la costa (Rías
Bajas, Costa da Morte, Mariña de Lugo) afloraron urbanizaciones
de cuño mediterráneo. La situación reventó
a finales de 2006. La Xunta empezó a suspender las normas urbanísticas
en varios ayuntamientos o a rechazar los nuevos planes con inflación
recalificadora. Al mismo tiempo, el presidente gallego anunció la
redacción de una ley urgente para proteger la costa, que establece
una moratoria de dos años para construir a menos de 500 metros del
mar en los municipios sin planeamiento adaptado a la ley. Hoy están
suspendidos los planes de urbanismo de cinco municipios costeros (Tui,
Sada, Viveiro, Barreiros y O Grove) y la Xunta ordenó reelaborar
planes tan importantes como el de Vigo. Sólo uno de los 86 alcaldes
de la costa ha adaptado su urbanismo a la Ley de Suelo de 2002 y por ello
queda eximido de la suspensión de construir a menos de 500 metros
del mar.
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