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13 de mayo de 2009

URBANISMO, GALICIA, LOS AYUNTAMIENTOS GALLEGOS SIGUEN SIN ADAPTAR SU PLANEAMIENTO A LA LEY DEL SUELO
Valor añadido: Sólo el 11,74% de los ayuntamientos gallegos tienen su planeamiento urbanístico adaptado a la Ley del Suelo de Galicia. Un total de 37 de los 315 ayuntamientos que existen en Galicia (el 11,74 por ciento) dispone de un Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) adaptado a la vigente Ley del Suelo gallega, según datos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas y del Colexio de Arquitectos (COAG).  Además, un en Galicia existen todavía 47 municipios en los que no existe ninguna normativa de este tipo, la mayor parte de ellos --26-- en la provincia de Ourense, en donde uno de cada cuatro carece de PGOM. En 2002, la Xunta (entonces gobernada por el PP) aprobó la Ley del Suelo de Galicia y obligó a todos los municipios a adaptar su urbanismo en un plazo máximo de tres años. La norma era más restrictiva, aunque abría la puerta a recalificar suelo mediante convenios específicos. Dos años después, los ayuntamientos informaron de que tenían sobre la mesa 45 convenios para edificar 35.000 apartamentos y 17 campos de golf en zonas en donde no estaba autorizado construir. Ninguno adaptó su planeamiento a la nueva ley, pero aprovecharon el plazo de tres años que tenían para adaptarse a la ley para seguir dando licencias, muchas de dudosa legalidad. En los mejores lugares de la costa (Rías Bajas, Costa da Morte, Mariña de Lugo) afloraron urbanizaciones de cuño mediterráneo. La situación reventó a finales de 2006. La Xunta empezó a suspender las normas urbanísticas en varios ayuntamientos o a rechazar los nuevos planes con inflación recalificadora. Al mismo tiempo, el presidente gallego anunció la redacción de una ley urgente para proteger la costa, que establece una moratoria de dos años para construir a menos de 500 metros del mar en los municipios sin planeamiento adaptado a la ley. Hoy están suspendidos los planes de urbanismo de cinco municipios costeros (Tui, Sada, Viveiro, Barreiros y O Grove) y la Xunta ordenó reelaborar planes tan importantes como el de Vigo. Sólo uno de los 86 alcaldes de la costa ha adaptado su urbanismo a la Ley de Suelo de 2002 y por ello queda eximido de la suspensión de construir a menos de 500 metros del mar. En 2002, la Xunta (entonces gobernada por el PP) aprobó la Ley del Suelo de Galicia y obligó a todos los municipios a adaptar su urbanismo en un plazo máximo de tres años. La norma era más restrictiva, aunque abría la puerta a recalificar suelo mediante convenios específicos. Dos años después, los ayuntamientos informaron de que tenían sobre la mesa 45 convenios para edificar 35.000 apartamentos y 17 campos de golf en zonas en donde no estaba autorizado construir. Ninguno adaptó su planeamiento a la nueva ley, pero aprovecharon el plazo de tres años que tenían para adaptarse a la ley para seguir dando licencias, muchas de dudosa legalidad. En los mejores lugares de la costa (Rías Bajas, Costa da Morte, Mariña de Lugo) afloraron urbanizaciones de cuño mediterráneo. La situación reventó a finales de 2006. La Xunta empezó a suspender las normas urbanísticas en varios ayuntamientos o a rechazar los nuevos planes con inflación recalificadora. Al mismo tiempo, el presidente gallego anunció la redacción de una ley urgente para proteger la costa, que establece una moratoria de dos años para construir a menos de 500 metros del mar en los municipios sin planeamiento adaptado a la ley. Hoy están suspendidos los planes de urbanismo de cinco municipios costeros (Tui, Sada, Viveiro, Barreiros y O Grove) y la Xunta ordenó reelaborar planes tan importantes como el de Vigo. Sólo uno de los 86 alcaldes de la costa ha adaptado su urbanismo a la Ley de Suelo de 2002 y por ello queda eximido de la suspensión de construir a menos de 500 metros del mar.
 
 

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