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URBANISMO, CANTABRIA, REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE CANTABRIA
Valor añadido: urbanismo, Cantabria, reforma de la ley del suelo de Cantabria. El pleno del Parlamento ha aprobado  una modificación de la Ley del Suelo que permitirá construir viviendas en suelo rústico de protección ordinaria y rehabilitar edificaciones ganaderas para destinarlas a uso residencial, cultural, actividades de ocio, artesanales o de turismo rural. Se autoriza la construcción de viviendas en suelo rústico con las limitaciones de la ley en cuanto a superficie de la parcela, distancia con las edificaciones colindantes, entre otros. Además, se permite la rehabilitación, para evitar el deterioro de las construcciones; y se admiten también los cambios de actividad, por ejemplo para transformar antiguas explotaciones en casas rurales, centros de ocio o culturales. El Gobierno de Cantabria tendrá que enviar en seis meses un modelo orientativo a los ayuntamientos, para agilizar la aprobación de estos planes y del catálogo de edificaciones, según otra enmienda. La regulación de la construcción de viviendas en suelo rústico ordinario alejado de los núcleos urbanos queda en manos del futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio.  Enmienda que hará posible la construcción de un polígono industrial en Cillorigo de Liébana, a través de un PSIR.

Durante la votación, se ha producido un incidente que ha impedido al PP pronunciarse sobre el contenido de la proposición de ley de reforma promovida por regionalistas y socialistas.

No obstante, la diputada del PP María José Sáenz de Buruaga ha afirmado durante su intervención que la proposición de ley equivale a "bloqueo y parálisis" y que es un "engaño" a los ciudadanos.

Sin embargo, este grupo ha llegado a un acuerdo con el PRC y el PSOE para introducir una enmienda que hará posible la construcción de un polígono industrial en Cillorigo de Liébana, a través de un PSIR.

Esta figura se podrá aplicar para construir instalaciones industriales en los 29 municipios que no dispongan de plan general o normas subsidiarias, hasta que se apruebe el Plan Regional de Ordenación del Territorio.

La reforma de la Ley del Suelo aprobada  permite construir viviendas unifamiliares de una altura no superior a los ocho metros en una parcela mínima de 2.000 m2, siempre que esté situado cerca de núcleos urbanos.

Los ayuntamientos fijarán en qué terrenos se puede construir a través de planes especiales, que deberán ser aprobados por la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CROTU).

Además, se podrán reformar edificaciones ligadas a usos ganaderos que no estén fuera de ordenación, para destinarlas a uso residencial, cultural, actividades de ocio, artesanales o de turismo rural.

Esta modificación obliga a los ayuntamientos a elaborar un catálogo de edificaciones susceptibles de ser rehabilitadas sobre el que la CROTU deberá emitir un informe en un plazo de tres meses, de acuerdo con una enmienda aprobada durante la tramitación parlamentaria.

El Gobierno de Cantabria tendrá que enviar en seis meses un modelo orientativo a los ayuntamientos, para agilizar la aprobación de estos planes y del catálogo de edificaciones, según otra enmienda.

La regulación de la construcción de viviendas en suelo rústico ordinario alejado de los núcleos urbanos queda en manos del futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio.
El consejero de Urbanismo, José María Mazón, ha asegurado que la solución recogida en la proposición de ley es "la mejor y la más ágil" y ha acusado a los populares de pretender convertirse en los grandes "adalides" de la reforma.

EN DETALLE

El Pleno del Parlamento cántabro aprobó  la modificación de la Ley del Suelo que permitirá autorizar la construcción de viviendas unifamiliares, la rehabilitación y algunos cambios de uso en suelos rústicos, tanto en los de especial protección como en los de protección ordinaria, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones y requisitos, entre ellos, la aprobación previa de planes especiales y catálogos de edificaciones por parte de los ayuntamientos.

La propuesta, planteada por los grupos que apoyan al Gobierno (PRC y PSOE) y que responde a una de las propuestas de resolución aprobadas hace ahora un año en el pasado debate sobre la orientación política del Gobierno, salió adelante con el apoyo de socialistas y regionalistas en una votación confusa que llevó incluso al PP a pedir un receso, que fue rechazado por el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Palacio, alegando que no se puede interrumpir el Pleno una vez iniciada la votación. 

Lo que quería el PP es que la votación, en lugar de hacerse por artículos, se agrupara por temas, porque su intención era oponerse a la exposición de motivos y a lo relativo a los planes especiales que deberán aprobar los ayuntamientos, y apoyar todo lo demás. Sin embargo, a raíz de la confusión el PP sólo llegó a votar una nueva disposición que incorpora en la modificación de la ley la posibilidad de autorizar instalaciones industriales vía PSIR. En el resto de apartados sólo se han contabilizado los 20 votos a favor de PRC y PSOE, sin contar votos en contra ni abstenciones.

La modificación de la Ley del Suelo aprobada  pretende, en palabras del regionalista Rafael de la Sierra, "encontrar el punto medio" entre la conservación del paisaje y las necesidades de los ciudadanos, o como dijo el socialista Martín Berriolope, es "la síntesis" entre dos "intereses": la preservación del suelo rural como un "valor esencial" de la comunidad autónoma y las demandas "legítimas" de los propietarios.

En cambio, para la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, la modificación es "pura ficción", una "encerrona" y un "engaño" a los ciudadanos, con el que PSOE y PRC pretenden "acabar con la presión política y el clamor social, desplazando la responsabilidad a los ayuntamientos", sin desbloquear "realmente" el problema, ya que no se podrá construir inmediatamente, sino que habrá que esperar a que los municipios elaboren los planes especiales.

CAMBIOS

La modificación plantea en esencia tres novedades para responder a otras tantas "necesidades" plasmadas por los ayuntamientos y los vecinos. Así, se autoriza la construcción de viviendas en suelo rústico con las limitaciones de la ley en cuanto a superficie de la parcela, distancia con las edificaciones colindantes, entre otros. Además, se permite la rehabilitación, para evitar el deterioro de las construcciones; y se admiten también los cambios de actividad, por ejemplo para transformar antiguas explotaciones en casas rurales, centros de ocio o culturales.

En esa tarea, parte de la responsabilidad recaerá en los ayuntamientos, que deberán aprobar un plan especial para poder impulsar esas actividades, así como un catálogo de edificaciones que pueden ser objeto de rehabilitación, reestructuración o cambio de actividad. El Gobierno se compromete a aprobar modelos para ambos instrumentos en el plazo de seis meses.

En líneas generales, lo que marca la modificación es que las construcciones que se autoricen no podrán ser colectivas, la altura máxima se sitúa en ocho metros, la parcela deberá tener al menos 2.000 ó 2.500 m2, según los casos, y la ocupación no podrá exceder del diez por ciento de la superficie de la parcela.

PSIR PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES

A lo largo de su tramitación parlamentaria se han incorporado igualmente otras novedades, la última de ellas  mismo, al pactar los tres partidos la posibilidad de autorizar la implantación de instalaciones industriales a través de la figura del proyecto singular de interés regional (PSIR) en los 29 ayuntamientos afectados por las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), es decir, los que no cuentan con ordenación propia (sin Plan General o Normas Subsidiarias).

Ahora bien, esta posibilidad --que nace a raíz de una demanda de empresarios de la comarca de Liébana, algunos de ellos presentes en la sesión plenaria-- estará limitada a suelos de especial protección incluidos en esa categoría precisamente por la falta de regulación pero que, sin embargo, no disponen de valores intrínsecos para estar sujetos a ninguna limitación o prohibición derivada de la protección del dominio público. Además, sólo podrá utilizarse hasta que se apruebe el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).

Los grupos que apoyan al Gobierno y el propio Ejecutivo querrían haber logrado una enmienda "más amplia", sin limitar esta posibilidad a los ayuntamientos afectados por las NUR, pero aseguran haber cedido a la exigencia del PP para al menos conseguir recogerlo en estos términos. Por ello, tanto los portavoces parlamentarios como el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, reprocharon la "falta de generosidad" del Partido Popular.

"ANSIA DE PROTAGONISMO" DEL PP

Además, Rafael de la Sierra lamentó el "ansia de protagonismo" del PP y su afán por "colgarse medallas" presentándose como el impulsor de esta enmienda y, en general, de la modificación de la Ley del Suelo. Frente a esa actitud, "muy preocupada por la imagen", recalcó que la actitud del Gobierno y los grupos que le apoyan es la de solucionar problemas.

En este sentido, consideró que con esta modificación de la Ley del Suelo se da solución a varios problemas y necesidades "de manera muy razonable", una idea que refrendó el socialista Martín Berriolope, quien consideró que el problema se resuelve "en la medida que se puede".

En cambio, desde las filas 'populares', Sáenz de Buruaga, tras responsabilizar al Gobierno de la situación de bloqueo en el suelo rústico por su política urbanística, lamentó que se ha "perdido la oportunidad de desbloquear" la construcción en suelo rústico porque la exigencia de los planes especiales de los ayuntamientos hará que se tarden "años" en desbloquear realmente el problema.

Por contra, defendió que la propuesta alternativa planteada por el PP, de desbloqueo directo sin planes especiales, desbloquearía la construcción en "meses" y coincide con el proyecto de ley que remitió en su día el Gobierno al Parlamento para la aprobación de la Ley del Suelo (cuando el actual presidente Miguel Ángel Revilla era el responsable de Urbanismo), sólo que entonces en el trámite parlamentario se eliminó el desbloqueo directo. Según Sáez de Buruaga, ese cambio "lo impuso" entonces el PSOE y se teme que ahora "ha vuelto a ocurrir lo mismo".

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