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9 de julio de 2009

inmoley.com noticias inmobiliarias (inmobiliario, urbanismo, construcción, edificación, financiación inmobiliaria, obra pública, vivienda, centros comerciales, arrendamientos) ©

URBANISMO, CANTABRIA, EL COSTE DE LOS DERRIBOS Y “NADIE ES RESPONSABLE”. 
Valor añadido: urbanismo, Cantabria, el coste de los derribos y “nadie es responsable”. Guía inmoley.com relacionada: urbanismo de Cantabria. El Gobierno cántabro calcula que la solución puede costar hasta 23 millones al erario público, pero a pesar de este importe no hay responsable. El plan del Gobierno de Cantabria para dar una salida a las 674 viviendas con sentencia de derribo que existen en la comunidad autónoma calcula que solucionar este problema puede costar a las administraciones públicas hasta 22,9 millones de euros, según se deduce del propio documento. El programa de actuación reconoce que 168 viviendas, repartidas entre las urbanizaciones de Cerrias (24 viviendas en Liencres, Piélagos) y La Arena (144 apartamentos en Isla, Arnuero), tendrán que ser derribadas por ser incompatibles con el Plan de Ordenación del Litoral (POL) Para las 506 restantes, propone los pasos a seguir para conseguir su legalización, que descansan fundamentalmente sobre los ayuntamientos, que tendrán que reformar en algunos casos sus planes de urbanismo, aprobar instrumentos específicos o plantear proyectos de integración paisajística de las urbanizaciones con mayor impacto.

No obstante, el Gobierno de Cantabria también tendrá que hacer algunas modificaciones en el POL y en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de las Marismas de Santoña.

Las 674 viviendas con sentencia de derribo se reparten entre municipios de Arnuero (144), Argoños (323), Escalante (32) Miengo (110), Piélagos (65).

Éste es un resumen de la situación de cada una de las urbanizaciones y de las soluciones que se proponen.

ARNUERO: - La Arena, Inmobiliaria Arnuero (144 viviendas, 42 derribadas) 
Problema: Los terrenos no reunían los requisitos necesarios para ser clasificados como suelo urbano. Un elevado número de propietarios tenía conocimiento de la sentencias de derribo cuando compró la vivienda y, según el plan, no tendrían por ello derecho a las medidas compensatorias previstas. Del total de apartamentos, 42 que quedaron a medio construir han sido demolidas este año.

Solución propuesta: Las viviendas serán derribadas. El Ayuntamiento puede obtener, con el nuevo planeamiento, parcelas para la construcción de viviendas para los afectados, desarrollar ese suelo mediante planes parciales, y plantear en ese terreno la construcción de viviendas para realojos. 1) Obteniendo terreno edificable para los propietarios de los terrenos que habían sido considerados como sistemas generales 2) Obteniendo ese suelo de la cesión obligatoria de parcelas por parte de los promotores de los suelos urbanizables delimitados en el planeamiento.

Plazo: seis años y medio (opción 1) y seis meses (opción 2).

Coste: 13 millones de euros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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