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URBANISMO, CANTABRIA, REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE CANTABRIA
Valor añadido: Urbanismo Cantabria. Importante para seguimiento del curso del urbanismo de Cantabria y efecto e cursos generales de urbanismo. La clave de la reforma de la ley del suelo de Cantabria es el uso de terrenos en rústico e industrial. Se quiere sustituir el plan especial por el proyecto singular de interés regional (PSIR). El problema de fondo es que se resta objetividad al procedimiento urbanístico y se dejan en manos del gobierno cántabro la recalificación de suelos, lo que podría primar a ciertos ayuntamientos. Los promotores cántabros entienden que la reforma de la ley del suelo les permitirá construir viviendas en suelo rústico de protección ordinaria y rehabilitar edificaciones ganaderas para destinarlas a uso residencial, cultural, actividades de ocio, artesanales o de turismo rural.

La modificación de la Ley del Suelo sigue sin encontrar todavía el consenso de los grupos parlamentarios, a pesar de que en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo celebrada  hubo ya algunos acercamientos y se logró pactar algunos aspectos, por ejemplo, sobre el plazo que tendrá la CROTU para dar el visto bueno a los catálogos de viviendas susceptibles de rehabilitación que deberán redactar los ayuntamientos.

En lo que no se pudo cerrar un acuerdo fue en lo relativo a los usos industriales y empresariales, en concreto, para poder autorizar este tipo de actividades en suelo rústico de protección especial y atender así la demanda de los empresarios de la comarca de Liébana. Pese a todo, los grupos parlamentarios seguirán buscando el consenso en este asunto, para intentar cerrar un acuerdo antes del Pleno en el que se aprobará la modificación, previsiblemente el día 22.

La modificación de la Ley del Suelo, que pretende desbloquear la construcción y rehabilitación de viviendas en suelo rústico, llegó  a la Comisión con 16 enmiendas del PP sobre la mesa y otras seis de los grupos Socialista y Regionalista, que son quienes registraron la proposición de ley en la Cámara.

Tras defender sus respectivas posturas, los tres partidos sólo lograron cerrar un par de acuerdos. El primero se refiere al catálogo de viviendas que deben elaborar los ayuntamientos para establecer las edificaciones que se podrán acoger a las actuaciones de rehabilitación previstas con la modificación de la ley.

El texto original de PRC y PSOE no marcaba plazos a la CROTU para aprobar esos catálogos, y el PP, por su parte, pedía fijar un tiempo máximo de dos meses y, una vez superado sin respuesta, considerar aprobados los catálogos por silencio positivo. Al final, se aceptará la propuesta 'popular', pero ampliando el plazo a tres meses.

Para elaborar esos catálogos el Gobierno regional elaborará un 'catálogo tipo' a modo de modelo para los ayuntamientos. Y es en este aspecto en el que los grupos han logrado un segundo acuerdo, que supondrá cambiar la redacción contenida en la proposición de ley. De esta forma, a petición del PP, en lugar de hablar de un catálogo que sirva "de modelo", se definirá como un catálogo "de carácter orientativo".

USOS INDUSTRIALES

Al margen de estas dos cuestiones en la Comisión no hubo más avances y no prosperó el consenso pretendido en relación a la autorización de usos industriales. El PP demandaba con sus enmiendas una figura --un plan especial-- para poder autorizar esos usos, pero limitado a los 29 ayuntamientos que se rigen por las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) --los que no tienen desarrollada normativa urbanística propia-- y al uso industrial.

PSOE y PRC apoyan la autorización de esos usos, pero creen que la mejor fórmula no es una plan especial sino un proyecto singular de interés regional (PSIR), y así lo plantearon en una enmienda transaccional.

 Sin embargo, esa propuesta no deja conformes a los 'populares' porque, a su juicio, debería especificarse de forma expresa que sólo se aceptarán los PSIR en este tipo de suelos cuando sean para uso industrial y en los ayuntamientos NUR porque, si no se concreta en esos términos, sería "dar una vuelta de tuerca más" a los PSIR para que sirvan "para todo y para todo tipo de suelo". Y eso el PP "no lo va a consentir", según recalcó la secretaria general del PP, María José Sáenz de Buruaga.

Sin embargo, el portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, recalcó que "no hay ninguna intención de desarrollar PSIR de dudosa procedencia" y consideró "lamentable" que el PP siempre tenga que "poner la guinda" cuando por lo demás podía haber acuerdo en este punto.

LOS DOS MODELOS

 En el debate en Comisión la diputada 'popular' insistió una vez más en que la modificación de la Ley del Suelo planteada por los grupos que apoyan al Gobierno "no desbloquea la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, sino que representa más parálisis y más bloqueo". "Si se aprueba tal como está, va a generar más problemas de los que sea capaz de resolver y va a sembrar a Cantabria de frustración y desengaño", apostilló Sáenz de Buruaga.

A su juicio, la modificación de regionalistas y socialistas sólo pretende "acallar la presión política y el clamor popular, quitarse de encima a los ciudadanos" y pasar el "marrón" a los ayuntamientos. Por contra, defendió que las enmiendas del PP configuran un modelo alternativo con una respuesta "inmediata, mucho más garantista, más cuidadosa" y que "elimina la arbitrariedad".

Frente a ello, el socialista Martín Berriolope opinó que el modelo del PP, en lugar de dar los "resultados fulminantes" que sostiene la diputada 'popular', "sería un foco de tensiones permanente y no resolvería para nada el problema". En cambio, consideró que la propuesta de PRC y PSOE está "en su punto" y es una ley "adecuada" para "ir solucionando parcialmente algunas demandas que son claras" y dar "satisfacción al problema central".  Por su parte, el portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, acusó al PP de "intentar ocultar con palabras gruesas y descalificaciones su falta de argumentos" y lamentó que el Partido Popular está "obsesionado por aparecer como el adalid y como la persona a la que se debe cualquier tipo de modificación", pero en cambio la "obsesión" de los grupos que apoyan al Gobierno es "solucionar las cosas".

EN DETALLE

Los grupos parlamentarios han cerrado  el debate de la propuesta de reforma de la Ley del Suelo, que posibilitará la construcción de viviendas en suelo rústico, sin un acuerdo sobre el contenido de la norma y sobre la manera de hacer posible la construcción de un polígono industrial en Liébana. 

Los grupos parlamentarios han cerrado  el debate de la propuesta de reforma de la Ley del Suelo, que posibilitará la construcción de viviendas en suelo rústico, sin un acuerdo sobre el contenido de la norma y sobre la manera de hacer posible la construcción de un polígono industrial en Liébana. 

La reforma, que previsiblemente se aprobará este mes en el pleno, permitirá construir viviendas en suelo rústico de protección ordinaria y rehabilitar edificaciones ganaderas para destinarlas a uso residencial, cultural, actividades de ocio, artesanales o de turismo rural.

El grupo parlamentario popular ha defendido  en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo las 16 enmiendas que ha presentado a la proposición de ley de reforma propuesta por el PRC y el PSOE, porque considera que, tal y como esta planteada, no desbloquea nada, sino que supone "más parálisis, y más bloqueo" y representa un "engaño" a los ciudadanos.

La proposición de ley determina que serán los ayuntamientos los que fijarán en qué terrenos se puede construir a través de planes especiales, que deberán ser aprobados por la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CROTU), una regulación a la que el PP se opone porque cree que demorará años la obtención de una licencia de construcción, según ha afirmado  en la Comisión parlamentaria la diputada María José Sáenz de Buruaga.

Según esta parlamentaria, la fórmula del plan especial es un instrumento "totalmente arbitrario", que carece de criterios "ciertos y objetivos" y que dará lugar a 102 planes especiales distintos, "si es que algún día consiguen aprobarse".

Las enmiendas del PP suponen, según esta diputada, una "reforma de calado", con el único objetivo de desbloquear "de manera real, inmediata y efectiva" la construcción de viviendas en suelo rústico, al sustituir el plan especial por un sistema de actuación directa, con unos criterios "técnicos , objetivos y máximos" para todos los municipios.

En un momento de su intervención, Sáenz de Buruaga ha dicho que el PRC y el PSOE no quieren esta reforma, sino que han pretendido "acallar la presión política y el clamor popular".

El portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, ha acusado al PP de estar obsesionado por aparecer como el adalid de las modificaciones y ha afirmado que el planteamiento de su grupo es otro: buscar soluciones.

Bajo su punto de vista, la oposición oculta con "palabras gruesas y descalificaciones" su falta de argumentos.

De la Sierra ha opinado que, frente a la propuesta del PP, la de socialistas y regionalistas da una solución total y absoluta al problema que se plantea.

El socialista Martín Berriolope ha opinado que el lenguaje convierte a la parlamentaria del PP en una persona "incapaz de negociar y de llegar a acuerdos", por la descalificación "tan brutal" que hace de la ley, y ha afirmado que el método que propone a través de sus enmiendas sería "un foco de tensiones permanentes y de conflictos" y no resolvería nada.

Berriolope ha dicho que la proposición de ley de reforma presentada por socialistas y regionalistas satisface la demanda de la mayoría de los ciudadanos, aunque "seguramente" no resuelva la "amplitud" de las demandas.

El PP y los grupos que apoyan al Gobierno han llegado a un acuerdo sobre el plazo de tramitación por la CROTU del catálogo de edificaciones que deberá elaborar cada ayuntamiento para determinar que viviendas pueden ser rehabilitadas y cambiar de uso.

La oposición había presentado una enmienda para obligar a la CROTU a emitir un informe en dos meses, un plazo que, a petición de socialistas y regionalistas, ha sido ampliado a tres.

La Comisión ha concluido el debate previo al pleno sin un acuerdo sobre cómo hacer posible la construcción de un polígono industrial en Liébana, ya que el PP defiende un plan especial y el PRC y el PSOE un PSIR.

Los grupos que apoyan al Gobierno no han recogido su propuesta de PSIR en una enmienda, lo que les obliga a llegar a un acuerdo para redactar una transaccional con el PP, que, tras la comisión, ha asegurado que mantendrá la oferta de diálogo y consenso hasta el pleno.

El PP está dispuesto a aceptar que se apruebe un PSIR, pero siempre que en el texto de la reforma quede claro que se limita a una actividad industrial para los municipios afectados por las NUR y hasta que se aprueben el Plan Regional de Ordenación del Territorio.

 CLAVES

La reforma de la Ley del Suelo llegará al pleno del Parlamento sin el consenso de los grupos, que  mantuvieron el último debate en comisión. Un debate en el que se acercaron algunas posturas, pero que dejo patente cuales son los dos principales escollos. 

Por un lado la necesidad de aprobar 102 planes especiales para permitir viviendas unifamiliares en suelo rústico, algo que el Partido Popular considera que bloqueará aún más la situación y que además carece de criterios técnicos objetivos. PSOE y PRC no aceptaron las enmiendas del PP para eliminarlos y mantienen que son la «vía más rápida que permite la ley». 

El otro punto de discusión es la vía para permitir la construcción de polígonos en espacios que no sean de especial protección, como es el caso planteado en Liébana, para lo que el PP proponía la redacción de planes especiales puntuales y PSOE y PRC su tramitación vía Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). Los populares aceptaron  que se hiciera vía PSIR siempre que se especifique de forma expresa que es solo para proyectos industriales, a lo que están dispuestos regionalistas y socialistas. Sin embargo, éstos no asumieron que se limite a los 29 ayuntamientos que careces de planeamiento y que se regularán por las NUR, como pide el PP, ya que quieren que sea también para aquellos con ordenamientos urbanísticos antiguos. El PP no acepta esto por entender que puede abrir la puerta a arbitrariedades. 

Sí se llegó a un acuerdo sobre el plazo, tres meses, que tendrá la Crotu para dar el visto bueno a los catálogos de viviendas susceptibles de rehabilitación que deben redactar los ayuntamientos y en dejar claro que el catálogo que elabore el Gobierno tendrá un carácter sólo orientativo. 

El resto del debate volvió a pivotar sobre las críticas del PP a la política urbanistica del Gobierno y el hecho de que lleve seis años para aprobar el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT). El PP critica que la reforma se haga a través de una proposición de ley y no con un proyecto, lo que, a su juicio elude informes jurídicos y la participación de los ayuntamientos. Para PSOE y PRC la proposición de ley «esta en su punto» y es el instrumento adecuado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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