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URBANISMO, CANTABRIA LEGALIZARÁ VIVIENDAS CON ORDEN DE DERRIBO
Valor añadido: Urbanismo Cantabria. Legalización de obras con orden de derribo judicial. Cumplimiento obligatorio de sentencias judiciales. Costes de planes de subsanación, ejemplo dotaciones a pagar por la Comunidad Autónoma, el ayuntamiento o entidades urbanísticas. El borrador del plan de legalización parcial de edificaciones con orden judicial de derribo contempla la situación de cada una de las urbanizaciones, las posibles fórmulas para la legalización de las viviendas, los plazos de todos y cada uno de los procedimientos y una estimación sobre los costes económicos que la administración habrá de asumir en aquellos casos en los que la legalización de las viviendas sea más difícil, o imposible.

La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, ha concluido el plan de actuación en relación con las sentencias de derribo, sólo a falta del visto bueno de los servicios jurídicos, y se ha comprometido con los afectados a que en un plazo máximo de 15 días, si es posible una semana, el plan estará a disposición del Parlamento regional y se entregará al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Así lo ha informado  la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por estas sentencias, tras reunirse con el director general de Urbanismo, Pedro Gómez Portilla, que les ha informado de las líneas generales de dicho plan. Al encuentro asistieron, por parte de la asociación, su presidente, Antonio Vilela, entre otros.

En un comunicado, AMA señaló que aunque va a esperar a tener un conocimiento integro del texto para hacer una valoración final sobre el mismo, valora "positivamente" el trabajo de la Consejería, ya que ha desarrollado el plan con aportaciones "tan importantes" como las medidas correctoras, los plazos para las distintas soluciones de cada urbanización y el presupuesto de las actuaciones a realizar.

Pidió también un "esfuerzo" al consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, y a la directora general de Asuntos Jurídicos, Ana Sánchez Lamela, para que "a la mayor brevedad posible" se ponga el plan a disposición de todas las instituciones, por "la importancia" que tiene para todos los ciudadanos de Cantabria.

Destacó asimismo que el plan "está legitimado y apoyado" por los acuerdos de los parlamentos de Cantabria y Europeo, así como por el informe del Defensor de Pueblo. Por ello, confió en que "realmente sea el instrumento" que necesita Cantabria para solucionar "el grave problema" de las sentencias de derribo, dando respuesta a los ciudadanos y afectados, así como que pueda ser un instrumento útil para la Administración de Justicia.

EN DETALLE

El plan de legalización parcial de edificaciones con orden judicial de derribo contempla la situación de cada una de las urbanizaciones, las posibles fórmulas para la legalización de las viviendas, los plazos de todos y cada uno de los procedimientos y una estimación sobre los costes económicos que la administración habrá de asumir en aquellos casos en los que la legalización de las viviendas sea más difícil, o imposible.

Además, el director general de Urbanismo ha adelantado a los afectados los próximos pasos a seguir para la definitiva entrada en vigor del plan. En primer lugar, el documento será sometido al informe de la asesoría jurídica del Gobierno de Cantabria. Ahí podría sufrir algunos retoques. 

A continuación, la memoria se registrará en el Parlamento de Cantabria y en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). De este modo, el plan elaborado por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo podría convertirse en el 'instrumento' que los jueces han venido reclamando con el fin de estudiar una moratoria en la ejecución de las sentencias, a la espera de agotar todas las vías de legalización.

El contenido del plan no ha trascendido, a la espera de que, tras el informe de la asesoría jurídica, adquiera su redacción definitiva. Sin embargo, hay algunos aspectos que ya les han sido expuestos a los afectados.

El más importante es el que hace referencia a la posible legalización de viviendas. Algunas urbanizaciones con sentencia de derribo son susceptibles de ser legalizadas. Otras, en cambio, no tienen solución, tal y como explica el documento. 

En este caso podrían encontrarse, al menos, los 102 apartamentos que se mantienen en pié en la Urbanización El Encinar, de la Playa de La Arena (Arnuero). Los otros 42 fueron demolidos el pasado 29 de abril, en lo que fue la primera ejecución de una sentencia de derribo en Cantabria.

No obstante, el plan propone alternativas de compensación para esos casos, mediante permutas de terreno o figuras urbanísticas similares.

Otra de las grandes aportaciones del documento es que, por primera vez, el documento se completa con plazos y financiación. Cada una de las actuaciones tiene medido el tiempo -el plazo en que podrían tramitarse las modificaciones de las normativas que permitan regularizar las viviendas- y el presupuesto estimado de esas modificaciones, en unos casos, o de los costes derivados de la ejecución de la sentencia y la consiguiente indemnización a los afectados, en otros. 

La redacción definitiva del plan se encuentra pendiente de un único fleco, que podría resolverse esta misma semana. Antes de que concluya el mes de junio, el documento será registrado tanto en el parlamento como en la sede del TSJC, según las previsiones que maneja el Gobierno de Cantabria.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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