URBANISMO, CANTABRIA, CONVENIO PARA EXPROPIAR SUELO Y EDIFICAR VPO EN ASTILLERO
Valor añadido: supondrá una gran actuación en una superficie de 85.000 metros cuadrados y que va a dar salida a la gran demanda de vivienda pública. Se ha firmado entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Astillero un convenio que permitirá la construcción de 344 viviendas, en diversos regímenes de protección pública, en el barrio San Camilo de Guarnizo. La firma del convenio compromete al Ayuntamiento de El Astillero a desarrollar el sistema de actuación por expropiación, teniendo como beneficiario al Gobierno de Cantabria, que obtiene el cien por cien del aprovechamiento del sector, y a bonificar la tasa por la licencia de obras y el impuesto de construcciones de las viviendas a construir.  A su vez, el Gobierno de Cantabria adquiere los compromisos de contratar la asistencia técnica que redactará el proyecto de expropiación, lo cual supondrá una aportación de 40.000 euros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para ejercicio 2009; pagar los correspondientes justiprecios resultantes del proceso expropiatorio que alcanzará la cantidad de 2.997.070 euros, con cargo a los Prepuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para los ejercicios 2009, 2010 y 2011, y a urbanizar los terrenos. 

Este acuerdo ha sido firmado por el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, y el alcalde de El Astillero, Carlos Cortina. 

El consejero ha valorado la importancia de la firma de este acuerdo que, tras una larga tramitación, supondrá una gran actuación, ya que afecta a una superficie de 85.000 metros cuadrados, prácticamente 9 hectáreas, y que va a dar salida a la gran demanda de vivienda pública que existe entre los vecinos de El Astillero y más especialmente los jóvenes. Mazón ha estimado en unos tres o cuatro años el tiempo necesario para concluir el proyecto  iniciado, dado que será necesario un año para realizar los trámites de gestión y expropiación, un año más para la redacción del proyecto y, finalmente, dos años para la edificación de las viviendas. 

Por su parte, Carlos Cortina ha estimado la demanda existente para este tipo de viviendas públicas en unas 1.000 personas y ha coincidido con Mazón en la importancia que la firma de este convenio tiene para los vecinos del municipio. 

La firma del convenio compromete al Ayuntamiento de El Astillero a desarrollar el sistema de actuación por expropiación, teniendo como beneficiario al Gobierno de Cantabria, que obtiene el cien por cien del aprovechamiento del sector, y a bonificar la tasa por la licencia de obras y el impuesto de construcciones de las viviendas a construir. 

A su vez, el Gobierno de Cantabria adquiere los compromisos de contratar la asistencia técnica que redactará el proyecto de expropiación, lo cual supondrá una aportación de 40.000 euros con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para ejercicio 2009; pagar los correspondientes justiprecios resultantes del proceso expropiatorio que alcanzará la cantidad de 2.997.070 euros, con cargo a los Prepuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para los ejercicios 2009, 2010 y 2011, y a urbanizar los terrenos. 

REACCIONES

El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, y el alcalde de El Astillero, Carlos Cortina, firmaron  un convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Consistorio para facilitar la construcción de 344 viviendas de protección oficial en la zona de San Camilo (Guarnizo). El acto contó con la presencia del director general de Vivienda, Francisco Gómez Blanco. 

Mazón ha valorado la importancia de la firma de este acuerdo que, tras una larga tramitación, supondrá una gran actuación en una superficie de 85.000 metros cuadrados y que va a dar salida a la gran demanda de vivienda pública que existe entre los vecinos del municipio astillerense y más especialmente los jóvenes. Según sus previsiones, transcurrirán unos tres o cuatro años para concluir el proyecto iniciado, dado que será necesario un año para realizar los trámites de gestión y expropiación, un año más para la redacción del proyecto y otros dos para la construcción de las viviendas. 

Cortina ha cifrado en unas mil personas la demanda existente para este tipo de viviendas públicas y ha coincidido con Mazón en la importancia de este convenio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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