15 de diciembre de 2009
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URBANISMO, CANTABRIA.
LA REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE CANTABRIA.
Valor añadido:Urbanismo,
Cantabria. La reforma de la ley del suelo de Cantabria. Guía práctica
inmoley.com relacionada: urbanismo de Cantabria. La secretaria general
del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga,
denunció que el Gobierno regional pretende introducir a través
de la Ley de Acompañamiento una nueva reforma de la Ley del Suelo
que autorizará la aprobación de proyectos singulares de interés
regional (PSIR) en suelo rústico de protección especial,
lo cual, a su juicio, supone "eliminar la última traba y saltar
el último escollo a la barra libre, al PSIR para todo". Antecedentes:
María José Sáenz de Buruaga, ha destacado que, frente
a la propuesta de PRC y PSOE, el modelo defendido por su partido para la
reforma de la Ley del Suelo es "el único que desbloquea" la construcción
de vivienda unifamiliar en suelo rústico. La parlamentaria ha explicado
que, de las 16 enmiendas del grupo popular, ocho se refieren a la exposición
de motivos de la proposición de ley y están ligadas al resto
de propuestas de modificación presentadas al articulado. Ha señalado
que las enmiendas del PP no afectan al régimen de rehabilitaciones
o reformas y se centran en las nuevas edificaciones de suelo rústico.
Sáenz de Buruaga ha especificado que el texto que defiende el PP
establece unas distinciones en el suelo rústico de protección
ordinaria en función de su proximidad a los urbanos o núcleos
tradicionales. Así, se autorizan las construcciones si están
a un máximo de 500 metros del borde exterior del suelo urbano. En
los primeros 200 metros, la parcela mínima será de 2.000
metros cuadrados, pero si se vincula al menos un 10 por ciento de ese terreno
a arbolado, mientras que esa reserva tendrá que aumentar en un 5
por ciento más en las franjas de 200 a 500 metros. La secretaria
de los populares ha remarcado que esta propuesta conserva todos los requisitos
incluidos en la Ley del Suelo y mantiene los controles, como los informes
de integración paisajística, además de la competencia
de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(CROTU) para autorizar las construcciones. En cuanto a las nuevas construcciones
en suelos rústicos de especial protección, en general, no
se altera lo recogido en la Ley del Suelo, pero sí se introducen
modificaciones que afectan a los 29 municipios que carecen de planes generales
de ordenación urbana.
En rueda de prensa, la diputada
regional criticó que la reforma pretende pasar "oculta, envuelta"
en el proyecto de ley de Medidas Fiscales y en las enmiendas presentadas
al texto por los grupos Regionalista y Socialista, y pidió al Gobierno
que explique la razón de este nuevo cambio de la Ley del Suelo "cinco
meses" después de la anterior reforma.
El Gobierno "debe explicar qué
se esconde tras este cheque en blanco, qué proyectos o negocios
tiene en mente para esos terrenos que algún día se decidieron
proteger, y qué nuevos intereses han aparecido que no existían
cuando se aprobó el POL --y se modificó la figura del PSIR--
o hace cinco meses", recalcó Sáenz de Buruaga.
Según señaló,
la modificación que se propone a través de la Ley de Acompañamiento
permitirá la aprobación de PSIR en suelos rústicos
de protección especial en aquellos municipios cuyos planeamientos
no hayan sido sometidos a evaluación ambiental, es decir, los que
tienen planeamientos antiguos, no revisados.
Para ello, bastará con un
informe 'ad hoc' que elaborará el propio Gobierno y la decisión
quedará así "al arbitrio" del Ejecutivo. "Estamos allanando
el camino no sé muy bien a no sé qué, y nos gustaría
que el Gobierno dijera en qué proyectos está pensando", apostilló
la diputada 'popular'.
La modificación se planteaba
ya de partida en el proyecto de ley remitido por el Gobierno a la Cámara,
y se "relaja mucho más" a través de una enmienda de PSOE
y PRC.
Frente a ello, Sáenz de Buruaga
invitó al Ejecutivo a una última reflexión, le pidió
"transparencia, responsabilidad y respeto hacia el territorio y el medio
ambiente", y le instó a aceptar la enmienda del PP que propone la
supresión de esta modificación de la Ley del Suelo.
"NUEVO ABUSO Y TROPELÍA"
La secretaria general de los 'populares'
cántabros lamentó que este cambio que propone el Gobierno
representa una "tropelía" y un "nuevo abuso" en las sucesivas modificaciones
que han ido sufriendo los proyectos singulares de interés regional
en los últimos seis años, un tiempo en el que los PSIR "han
dejado de ser un instrumento al servicio de los cántabros para convertirse
en un instrumento al servicio de los intereses del Gobierno".
Según recordó, en
la redacción original de la Ley del Suelo, del año 2001,
el PSIR era una figura "absolutamente excepcional" limitada a instalaciones
industriales y grandes equipamientos y sólo para suelos urbanizables
o rústicos de protección ordinaria.
Con el POL, esta figura se modificó
para ampliarla también a suelo urbano y a proyectos de construcción
de vivienda protegida; y en la Ley de Acompañamiento del 2005 "se
pretendió exonerar a los promotores de sus deberes urbanísticos",
una medida en la que el Gobierno "tuvo que dar marcha atrás al toparse
con el recurso de inconstitucionalidad" del PP.
Ahora, meses después de la
última reforma de la Ley del Suelo (la relativa a la construcción
y rehabilitación de viviendas unifamiliares en suelo rústico),
el Gobierno plantea, en palabras de la diputada, "una nueva vuelta de tuerca,
quizás la última y definitiva".
"A mí no se me ocurre nada
más para dar puerta abierta a la generalización del PSIR
sin límite alguno", censuró Sáenz de Buruaga, quien
lamentó además que esas sucesivas modificaciones no han servido
para poner en servicio más suelo industrial o construir vivienda
protegida.
"DE OCURRENCIA EN OCURRENCIA"
La diputada afirmó que la
política urbanística del Gobierno va "de ocurrencia en ocurrencia,
sin modelo", y las modificaciones de la Ley del Suelo se han sucedido desde
2003 "apartándose del necesario consenso" con el que se aprobó
la norma en el 2001, "con el único objetivo de acaparar más
poder sobre la política urbanística por parte del Gobierno,
y en particular del PRC", y con la premisa de "primar los intereses particulares
sobre el interés general".
Y en el caso de esta nueva modificación,
denunció además que se pretende hacer "por la puerta de atrás,
de espaldas a los principales afectados (los ayuntamientos), bajo los mínimos
controles jurídicos y sin el pronunciamiento" del Consejo Económico
y Social (CES), que rechazó dictaminar sobre aquellos apartados
de la Ley de Acompañamiento que, a su entender, merecían
una tramitación aparte.
Lo que ocurre, a su juicio, es que
el Gobierno no tiene modelo de ordenación territorial, y ejemplo
de ello es la falta del Plan Regional de Ordenación del Territorio
(PROT). Con ello, lamentó que se "ha condenado" a Cantabria a la
"parálisis", ya que sólo hay cuatro planes generales adaptados.
Además, recordó que
las NUR están "anuladas"; el Gobierno acumula "años de dejación"
en relación a las sentencias de derribo, en las que sigue sin dar
"solución definitiva"; y "mantiene el bloqueo" a la vivienda unifamiliar
en suelo rústico".
En definitiva, consideró
que el Gobierno ha sido "incapaz de resolver un solo problema" en materia
urbanística y su política se ha definido por la "confrontación"
entre instituciones, los "atentados contra la autonomía municipal",
la "parálisis y la inseguridad jurídica".
ANTECEDENTES MAYO 2009
María José Sáenz
de Buruaga, ha destacado que, frente a la propuesta de PRC y PSOE, el modelo
defendido por su partido para la reforma de la Ley del Suelo es "el único
que desbloquea" la construcción de vivienda unifamiliar en suelo
rústico.
La parlamentaria ha explicado que,
de las 16 enmiendas del grupo popular, ocho se refieren a la exposición
de motivos de la proposición de ley y están ligadas al resto
de propuestas de modificación presentadas al articulado.
Ha señalado que las enmiendas
del PP no afectan al régimen de rehabilitaciones o reformas y se
centran en las nuevas edificaciones de suelo rústico.
Sáenz de Buruaga ha especificado
que el texto que defiende el PP establece unas distinciones en el suelo
rústico de protección ordinaria en función de su proximidad
a los urbanos o núcleos tradicionales.
Así, se autorizan las construcciones
si están a un máximo de 500 metros del borde exterior del
suelo urbano. En los primeros 200 metros, la parcela mínima será
de 2.000 metros cuadrados, pero si se vincula al menos un 10 por ciento
de ese terreno a arbolado, mientras que esa reserva tendrá que aumentar
en un 5 por ciento más en las franjas de 200 a 500 metros.
La secretaria de los populares ha
remarcado que esta propuesta conserva todos los requisitos incluidos en
la Ley del Suelo y mantiene los controles, como los informes de integración
paisajística, además de la competencia de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para autorizar
las construcciones.
En cuanto a las nuevas construcciones
en suelos rústicos de especial protección, en general, no
se altera lo recogido en la Ley del Suelo, pero sí se introducen
modificaciones que afectan a los 29 municipios que carecen de planes generales
de ordenación urbana.
Para que esos municipios no queden
al margen de la reforma y no "pierdan más tiempo" en su desarrollo,
el PP propone que se permita la construcción en suelo rústico
de especial protección, con los mismos límites y condiciones
que en el de protección ordinaria, pero con la exigencia de que
ese terreno no tenga valores paisajísticos, históricos, arqueológicos,
ambientales, culturales, agrícolas o de otro tipo.
Sáenz de Buruaga se ha referido
además a una nueva modificación que plantea el PP, para que
en esos municipios sin planes generales se puedan autorizar instalaciones
industriales o empresariales si se garantiza que los terrenos sobre los
que se asientan carecen de esos valores que obliguen a una especial protección.
Esta diputada ha recalcado que la
alternativa del PP para reformar la Ley del Suelo es "más inmediata"
que la de los grupos regionalista y socialista, que exige la aprobación
de planes parciales. Ha añadido que la propuesta popular es "mucho
más garantista", dado que supone una "mayor seguridad jurídica"
y "elimina la arbitrariedad".
Sáenz de Buruaga ha subrayado
que la necesidad de la modificación legal nace del "desastre urbanístico"
que, a su entender, ha generado el Gobierno, que, en seis años,
no ha aprobado el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT)
ni planes especiales del medio rural.
Ha resaltado que los propios grupos
de PRC y PSOE han presentado seis enmiendas a la proposición de
ley que ellos mismos registraron, aunque se trata de modificaciones "de
poco calado".
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