11 de diciembre de 2009
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URBANISMO, CANTABRIA. LOS
NIÑOS Y UN PROBLEMA GORDO.
Valor añadido:
urbanismo, Cantabria. Los niños y un problema gordo. Guía
práctica inmoley.com relacionada: urbanismo de Cantabria. Andaba
el presidente de Cantabria con unos estudiantesque le han preguntado por
qué en Cantabria hay tantas sentencias de demolición de viviendas.
Revilla les ha explicado que se han tomado decisiones urbanísticas
en los ayuntamientos que luego denuncian asociaciones ecologistas y los
jueces ordenan derribar. Y ha explicado que las decisiones administrativas
se toman de acuerdo con los informes jurídicos, porque no
todos los presidentes y alcaldes saben de urbanismo, pero luego,
ha añadido, "si hay una reclamación los jueces toman decisiones
que obligan a las administraciones a rectificar". Así que UNO
DE LOS NIÑOS le ha preguntado:
¿Y SI LOS ALCALDES NO SABEN DE
URBANISMO, PARA QUÉ SE METEN?.
Lo mismo pensarán los compradores de viviendas que son los que pagan
las consecuencias, aunque a lo mejor no es que no sepan, sino que saben
más de lo que deben y no solo de urbanismo. Miguel Ángel
Revilla ha afirmado que las sentencias de derribo que pesan sobre
urbanizaciones de Cantabria suponen un "problema gordo" y ha opinado que
"lo ideal sería buscar una fórmula que permitiera legalizar
la mayor parte de las tropelías que se han hecho" y ha opinado que
se trata de un tema "lamentable", porque quien no tiene ninguna culpa es
el que compra la casa. Pero más gordo es que el documento elaborado
por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Urbanismo contempla la legalización de 400
viviendas y el derribo de otras 150 más 18 millones de euros para
hacer frente a las compensaciones a los afectados, en aquellos casos en
los que la regularización de las viviendas no resulta posible. Y
el asunto es “gordo” porque se plantean alternativas basadas en la utilización
de una figura urbanística denominada 'sistema general de espacios
libres', que implica habilitar suelo en otro lugar mediante la revisión
del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y construir allí
las nuevas viviendas.
TEMAS RELACIONADOS
Los afectados por el derribo de
Liencres y el Ayuntamiento recurren ante el TSJC
Intentan la paralización
temporal de la orden de demolición, que da un plazo de quince días,
mientras se busca solución para los propietarios de las 17 viviendas
La ley les da muy poco margen, pero
quieren aprovecharlo al máximo. Así, un grupo de afectados
por la sentencia firme de derribo que desde hace siete años pesa
sobre los 17 chalés de la urbanización Cerrias I, en la playa
de Liencres, ha presentado un recurso de súplica contra el auto
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que ordena iniciar
la demolición de las viviendas en un plazo improrrogable de quince
días, a contar desde la notificación de la resolución
judicial al alcalde de la localidad de Piélagos, Jesús Ángel
Pacheco.
Pero los propietarios no son los
únicos que no tiran la toalla, ya que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento
que, según ha anunciado, también presentará recurso
contra el auto del TSJC.
Desde el Ayuntamiento pretenden
con esta medida paralizar la orden de derribo inmediato, mientras se busca
una solución para los afectados, aunque son conscientes de que las
sentencias están «para acatarlas y cumplirlas».
Entre los argumentos esgrimidos
por los propietarios en su recurso figura el hecho de que la orden de demolición
no es «muy coherente» con el Plan de Acción del Gobierno
de Cantabria en materia de derribos, plan que el auto del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria «ignora parcialmente», tal y como
manifestaron los afectados y sus representantes el lunes en una manifestación
en la que participaron unas 200 personas.
En dicha concentración,
estudiaron la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de Estrasburgo Francia, cuestión que se abordará en una reunión
convocada para esta tarde, a partir de las 20 horas en el Centro Cívico
de Liencres.
Antonio Vilela, presidente de la
Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), agrupación
que engloba a los afectados por derribos en Cantabria, recordó que
en el documento elaborado por el Ejecutivo regional no se pedía
la legalización de las viviendas, sino simplemente retrasar el derribo
de todas las construcciones seis años y medio para construir otras
nuevas para los afectados.
Vilela critica a la Justicia, que
no ha defendido en ningún momento a los afectados, y recuerda que
los tribunales han señalado al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento
de Piélagos como «culpables» del derribo de los 17 chalés,
levantados junto a la playa. Desde el Ayuntamiento presentan recurso de
súplica con la intención de que se paralice la orden de derribo
mientras el Gobierno autonómico, —al que responsabilizan de la situación
al tiempo que justifican las actuaciones de la Administración local—,
elabora un nuevo Plan de Acción para el ámbito de actuación
de esta urbanización.
TEMAS RELACIONADOS
Hay que modificar el Plan de Ordenación
del Litoral (POL) para legalizar las viviendas de Cerrias, que cuentan
con sentencias de derribo. Esa es la conclusión que se saca de la
reunión mantenida lunes en Liencres por los propietarios de
las viviendas de Cerrias I, acompañados por afectados procedentes
de otros puntos de la comunidad autónoma. El encuentro estuvo organizado
por AMA (Asociación de Maltratados por la Administración),
cuyo presidente Antonio Vilela valoró muy positivamente la opción
de modificar puntualmente el POL para salvar las viviendas.
«Es una solución viable,
aunque no sin dificultades», apuntó, como todo cambio legislativo,
y recalcó que el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla,
puede poner esta medida legalizadora en marcha para evitar los derribos.
«Y si alguien tiene una idea mejor, que la ponga sobre la mesa»,
sentenció, apostillando que introducir la excepción en el
POL no es solo útil para Cerrias, sino que la medida a tomar es
«idéntica» para Arnuero y otras zonas especialmente
afectadas por las sentencias.
Así lo dijo ante unos 300
afectados y simpatizantes en una asamblea celebrada en el Centro Municipal
de Liencres, previo a la manifestación que les llevó hasta
la urbanización de Cerrias I. Varios de los propietarios se mostraron
también a favor de esta solución, la «única»
legal que por el momento les permitiría conservar sus viviendas.
Durante la protesta los afectados corearon lemas como ‘¡Legalización,
es la solución!’, ‘Revilla culpable, Revilla responsable’ o ‘No
nos derribarán ni una, ni una, ni una...’.
Vilela recordó que «los
culpables» según el tribunal son «el Ayuntamiento y
el Gobierno», que las sentencias sancionan a ambas administraciones
y dice expresamente que «han cometido daños morales contra
los afectados». «¿Por qué ante un hecho tan claro
tenemos que seguir pagando día a día, auto a auto esta injusticia?»,
se preguntó.
Un plan que «no vale».
Y es que el Plan de Actuación del Gobierno de Cantabria parece que
«no vale» para los jueces, apuntó Vilela, puesto que
el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC)
es posterior a dicho documento y lo «ignora». Dicho auto ordenó
recientemente el derribo de Cerrias I, una urbanización de 17 chalés
afectados por sentencias anteriores, y dio al Ayuntamiento un plazo de
entre 15 días y 6 meses para cumplirla.
«Es una situación totalmente
fuera de lugar», manifestó el presidente de AMA, recordando
que en el Plan del Ejecutivo «ni siquiera se pide que se legalicen
las viviendas», sino sólo una prórroga de seis años
y medio para que diese tiempo a construir nuevas casas antes de derribar
la urbanización y asegurando no entender cómo un plan en
el que los técnicos del Gobierno han trabajado durante tanto tiempo
no se tenga en cuenta. En su opinión, actuaciones como ésta
producen «sorpresa y desamparo» y pidió que -puesto
que han recibido el apoyo expreso de los portavoces parlamentarios de PP,
PRC y PSOE- la Cámara autonómica eleve a rango de ley las
propuestas recogidas en el plan, para que sean «de obligado cumplimiento
para los jueces».
Por su parte la asesora jurídica
de los afectados de Cerrias, Paloma Revenga, coincidió con el presidente
de AMA en que el auto «ignora» el Plan del Gobierno, algo que
denunciarán en el recurso de súplica que van a presentar
miércoles. Revenga observó, no obstante, que tanto la súplica
como el siguiente paso, el recurso extraordinario de revisión, no
entran «en el fondo del asunto» y que el único modo
de revisar el caso en profundidad es acudir al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo.
Los afectados mantendrán
el jueves un encuentro jurídico para plantear sus dudas y, el día
14, tienen una cita con el consejero de Obras Públicas, José
María Mazón.
ANTECEDENTES 8.7.2009
El plan del Gobierno prevé
legalizar 400 viviendas y demoler otras 150
El documento será registrado
en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y en el Parlamento La
'hoja de ruta' de la Consejería de Obras Públicas prevé
18 millones de euros para compensaciones
José María Mazón,
consejero de Obras Públicas. / DMMedio millar de familias lo esperaban
como 'agua de mayo' y, por fin, lo tienen. El plan de actuación
elaborado por el Gobierno de Cantabria para analizar la ejecución
de las sentencias de derribo en la región ya está listo y
mismo será remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
(TSJC), al Parlamento de Cantabria y a los propios afectados, que se integran
en la llamada Asociación de Maltratados por la Administración
(AMA).
El documento elaborado por la Consejería
de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y
Urbanismo contempla la legalización de 400 viviendas y el derribo
de otras 150. También prevé 18 millones de euros para hacer
frente a las compensaciones a los afectados, en aquellos casos en los que
la regularización de las viviendas no resulta posible.
Para estos últimos se plantean
alternativas basadas en la utilización de una figura urbanística
denominada 'sistema general de espacios libres', que implica habilitar
suelo en otro lugar -mediante la revisión del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU)- y construir allí las nuevas viviendas.
El Encinar y Cerrías
Las urbanizaciones cuya legalización
no es posible son El Encinar, en Isla (Arnuero), y las fases I y II de
Cerrías, en Liencres (Piélagos).
La primera está catalogada
en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) como área de protección
ecológica, luego no está sujeta a posibles recalificaciones
por la vía del planeamiento urbanístico (PGOU). La segunda
no está propiamente incluida en el POL, pero al existir una sentencia
de derribo, se la asigna la categoría correspondiente. En este caso,
el espacio quedará declarado como área de interés
paisajístico.
El documento contempla distintos
procedimientos para legalizar el resto de las urbanizaciones, mediante
la revisión de los diferentes planes generales de ordenación
urbana, la aprobación de proyectos de integración paisajística
o la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) de las Marismas de Santoña, en lo que se refiere a su zonificación
interior. De este modo podrían salvarse Entrelindes (Piélagos),
L.05 (Piélagos), Pueblo del Mar (Argoños), La Llana (Argoños),
Las Llamas (Argoños), Cuchía (Miengo) y Las Torres (Escalante).
Entre dos y cuatro años
El plan, elaborado por el departamento
que dirige José María Mazón a instancias del Parlamento
de Cantabria -acuerdo unánime de los grupos adoptado en diciembre
de 2007- y con la participación de expertos jurídicos y técnicos
en Urbanismo, también contiene una estimación de los plazos.
Los procedimientos más sencillos
podrían resolverse antes de seis meses. Los más complejos
oscilan entre los dos y los cuatro años de tramitación.
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