URBANISMO. URBANISMO CANTABRIA. REFORMA DE LA LEY DEL SUELO DE CANTABRIA.
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La modificación de la Ley del Suelo para permitir la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico ha incorporado 10 nuevas enmiendas de los grupos parlamentarios tras su paso por la Comisión de Medio Ambiente, último trámite antes de la aprobación por el Pleno del Parlamento, previsiblemente, el del próximo día 18.

Los cambios son fundamentalmente técnicos y sin alterar el carácter "sustancial" del texto, según han explicado a Europa Press los representantes de los tres grupos en este órgano.

En este trámite, se han aprobado seis enmiendas del PP, una del PSOE y tres transaccionales (planteadas por otros grupos a las que se ha añadido algún matiz para facilitar su aprobación).

Desde el PRC, el diputado y exconsejero de Urbanismo José María Mazón, ha llamado la atención sobre los problemas de seguridad jurídica que puede tener el texto, que, ha recordado, está concebido de forma transitoria hasta la aprobación de planes especiales.

Pero el PRC teme que acabe siendo usado como "un plan general encubierto" por los ayuntamientos que no vaya a tener planes, ya que a través de este sistema no hace falta evaluación ambiental de los proyectos.

A lo que el diputado del PP José Manuel Igual le ha replicado que en el texto sucede "todo lo contrario" y que Mazón es "el menos indicado" para hacer esta objeción, después de que en su etapa como consejero no se aprobaran planes urbanísticos y no hubiera seguridad jurídica.

Esta situación, ha defendido, ha cambiado porque ahora en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo existe "otra disposición" hacia la aprobación de los planes generales, que "hace falta desbloquear".

El Partido Popular defiende un texto que responde a una "demanda social" del medio rural, del que va a ser un "motor", pero contando con "todas las cautelas ambientales" y procesos informativos, que se marca el objetivo de fijar la población al territorio.

El PSOE, en cambio, lo critica por el modelo de crecimiento que propugna, que el diputado Miguel Ángel Palacio describe como basado en conjuntos de viviendas aisladas levantadas sobre parcelas amplias en suelo especial protegido, en un urbanismo "caro" que "dispersa" la población.

Y que, en resumen, "rompe" el modelo de crecimiento tradicional de los pueblos de Cantabria y en contra de todas las recomendaciones medioambientales, ha advertido Miguel Ángel Palacio.

La reforma de la Ley del Suelo, que el Gobierno regional ha pactado con la Federación de Municipios de Cantabria, no ha logrado mantener ese mismo consenso entre los tres grupos con representación en la Cámara autonómica. La comisión del Parlamento que esta  ha debatido las modificaciones ha concluido con solo cinco enmiendas parciales respaldadas por PP, PRC y PSOE, y referidas a cuestiones menores. Un número menor, ya que el número total de alegaciones presentadas por unos y otros ascendía a 43.

El portavoz del PP en la comisión, José Manuel Igual, cree que la ley promoverá la implantación de familias y negocios en pueblos que ahora decaen, potenciará la rehabilitación de edificaciones ya existentes, y aportará medidas urbanísticas “transitorias” (permisos y licencias) para hacer frente a estos años difíciles, sin menoscabo de que cada municipio acabe desarrollando su urbanismo conforme a un plan general. Pero mientras esos planeamientos se concretan y se aprueban, la Ley del Suelo respalda cualquier iniciativa de los vecinos dentro de unos parámetros determinados y “con todas las cautelas medioambientales”, ha dicho.

Socialistas y regionalistas discrepan. El exconsejero de urbanismo, José María Mazón, ha propuesto sin éxito una serie de ajustes en la norma para garantizar que la última palabra administrativa siempre fuera del Gobierno regional, y no de los ayuntamientos: “Tenemos que mantener siempre las riendas desde la comunidad autónoma. Los ayuntamientos en algunos casos son diligentes, pero en otros quizá nunca se preocupen por mantener bien sus términos municipales”, ha opinado sobre los riesgos de expansiones desordenadas en algunos pueblos.

El diputado del PSOE Miguel Ángel Palacio se ha mostrado más beligerante con la reforma, y ha contrapuesto un modelo alternativo al diseñado por el PP: crecimientos residenciales en parcelas más pequeñas (500 m2, frente a los 2.000 permitidos), con hasta tres viviendas en una misma parcela, y servicios compartidos (agua, luz, accesos), que proporcionaría la administración. También ha solicitado mayor protección a las explotaciones ganaderas frente a los usos residenciales, y ha advertido de que le ley degenerará en un culebrón legal de recursos ciudadanos, al contradecir otras normas de ámbito autonómico y estatal.