URBANISMO. URBANISMO CANTABRIA. REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU) DE SANTANDER
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   Tras la aprobación en la sesión plenaria del 31 de mayo, el plan se someterá a información pública por un periodo de 45 días para la presentación de alegaciones, que el Ayuntamiento deberá resolver y volver a someter al Pleno.

   Posteriormente, el documento y el informe de alegaciones volverán a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para su aprobación definitiva.

   En este sentido, Díaz ha afirmado que al Ayuntamiento le "consta" que una vez que el documento llegue a la CROTU su aprobación definitiva será "inmediata". "Hablábamos de unos 15 días", ha apostillado.

   Siguiendo estos plazos, el PGOU se podría aprobar en el Pleno del mes de julio, aunque el concejal ha subrayado la "voluntad" del Ayuntamiento de hacerlo "cuanto antes", por lo que, dado el caso, podría convocarse un Pleno extraordinario.

   "El objetivo es que se apruebe cuanto antes para desbloquear numerosos proyectos públicos y privados que ahora están bloqueados; será un inyección de actividad, de moral y permitirá que empresas y emprendedores comiencen a desarrollar sus proyectos", ha destacado.

   El PGOU no afecta a las obras del Centro de Arte Botín --que está previsto que comiencen en junio-- ya que no está regulado por éste sino por el Plan Especial de la Autoridad Portuaria de Santander.

El consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Javier Fernández, da por seguro que para septiembre u octubre estará ya aprobado de forma definitiva el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, "tan anhelado por todos".

"Yo lo considero casi una realidad", ha señalado el consejero en respuesta a preguntas de los periodistas antes de reunirse con representantes de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) para avanzar en el Plan de recuperación ambiental de espacios degradados.

El consejero ha asegurado que se está cumpliendo el calendario que "todos" tienen en mente, con "ligeros retrasos" por cosas "imprevisibles" que han ido surgiendo, como la adaptación que ha habido que realizar por la desafectación de terrenos portuarios.

Ha destacado que el Ayuntamiento está realizando un trabajo "extraordinario" y a finales de este mes aprobará en Pleno el documento, incorporando ya las consideraciones que realizó la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

Después deberá salir de nuevo a información pública por el plazo de 45 días, y a continuación el Ayuntamiento tendrá que analizar las alegaciones, que en opinión de Fernández supondrán solo "pequeños flecos" y cuyo estudio calcula que llevará alrededor de un mes.

Superados estos trámites, el Plan General deberá volver a la CROTU para su visto bueno definitivo, un trámite que el consejero cree que llevará como máximo 15 días, porque en este tiempo se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento y les consta que se han incorporado las consideraciones realizadas por la CROTU.

En su opinión, el PGOU inicia una "vía sin retorno" y Santander contará con su Plan General "con toda seguridad este año". Según dice, lo único que queda es "esperar que los plazos se agoten".

EL AYUNTAMIENTO PAGARÁ 258.000 EUROS A LA EMPRESA REDACTORA DEL PGOU POR LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS 

El Ayuntamiento de Santander pagará un total de 258.532,10 euros a los redactores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por los cambios introducidos en el documento como consecuencia de su devolución por parte del Gobierno de Cantabria para que introdujera modificaciones.

El pasado mes de diciembre, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) acordó remitir de nuevo el documento al Ayuntamiento tras plantearle 48 sugerencias, para someterlo de nuevo a aprobación provisional y el trámite de información pública.

Finalmente, según ha anunciado el Ayuntamiento, la aprobación provisional será en el Pleno del próximo 31 de mayo.

Los cambios, "de distinto calado", que tuvo que introducir la UTE entre las empresas Apia XXI y Auge Arquitectura y Urbanismo han hecho "necesario" que se tenga que "reconfigurar" el documento "en toda su extensión", llevando a una "reelaboración", a la vista del acuerdo de la CROTU, según consta en una resolución municipal a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Junta de Gobierno local, a solicitud del director general de Urbanismo del Ayuntamiento en una propuesta llevada a este órgano por la concejala de Contratación y Patrimonio, ha acordado la modificación del contrato a los redactores de la revisión del plan y la disposición del gasto necesario para hacerle frente.

La aprobación de este cambio en el contrato se hace teniendo en cuenta informes favorables previos y se hace al confluir "razones de interés público" y resultar "justificadas" la existencia de "causas sobrevenidas", tal y como recoge la legislación.

La modificación incluye los nuevos procesos: la reelaboración del documento de Aprobación Provisional para información pública (100.000 euros); la edición, encuadernación y tramitación e información pública del nuevo documento (60.000 euros); la contestación de las Alegaciones y elaboración del Informe de Alegaciones (26.250 euros); y la reelaboración del documento de Aprobación Provisional (32.845 euros) y, finalmente, el documento de aprobación definitiva, por valor de 32.845 euros.

Todos estos cambios sumados ascienden a 219.095 euros, que, tras aplicarse el IVA (39.437,10 euros), llegan hasta los 258.532 euros. El PGOU se adjudicó inicialmente en 341.190 euros, y el presupuesto final de adjudicación llegará a 560.285 euros (cifras sin IVA).

En ese mismo acuerdo se aprueba la renuncia del Ayuntamiento a la posibilidad de resolver el contrato, como consecuencia del incremento de este en cantidad superior al 20 % del presupuesto inicial, por considerar que hay razones de carácter técnico que hacen necesaria aprobar esta modificación. También la UTE renuncia a resolver el contrato.

LAS SUGERENCIAS DEL GOBIERNO

En el documento de la CROTU, se pedía al Ayuntamiento que justificara económicamente la necesidad de los proyectos del metro ligero y del túnel entre el Pasaje de Peña y la Avenida de Los Castros.

Entre las sugerencias del Gobierno, se encontraba que se completara la memoria de ordenación para que concrete sus pautas de crecimiento sobre la construcción de viviendas.

También le pedía que suprimiera los sistemas generales de espacios libres un total de 289.901 m2, correspondientes a playas, que había incluido en esa calificación; y que asignara clasificación y calificación urbanística a los suelos incluidos en el ámbito del Plan de Ordenación del Litoral (POL) cántabro.

O que incluyera un régimen para la transición del suelo urbano que asuma la condición de urbano no consolidado para suelos en vías de consolidación, y que corrigiera lo relacionado con el campo de golf de Mataleñas, considerado en el plan como parque público pese a no tener acceso libre al público.

Asimismo, se alertaba de que se deben recoger parcelas para la implantación de equipamientos sanitarios, para facilitar centros de salud, ya que ahora no se atenderían las proporciones entre estas instalaciones y el número de habitantes que se recomiendan.

La integración de los faros de Cabo Mayor, Mouro y la Cerda dentro del dominio público portuario --figuraban como equipamientos-- era otra de las recomendaciones, entre las que figuraban que se incluye la concreción de las previsiones económicas para aspectos como viales u obras de abastecimiento de agua.

Sobre la intersección entre General Dávila y Camilo Alonso Vega, pedían que aclarara si el cruce se hará a diferente nivel o no. En general, solicitaba que se incluyan previsiones que garanticen la ejecución "ordenada" de las infraestructuras, "en aras de la racionalidad y coherencia del modelo".