URBANISMO. URBANISMO CANTABRIA. VIVIENDAS ILEGALES Y PROCESOS DE LEGALIZACIÓN EN CANTABRIA.
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La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria solo planteará la legalización de viviendas con sentencia de derribo que tengan posibilidades de prosperar en los tribunales, ya que lo contrario sería "engañar" a los afectados. 

   Lo ha dicho el titular de este departamento, Javier Fernández en la que ha explicado que las posibles legalizaciones deberán estar amparadas en los planeamientos urbanísticos y en leyes como la de Costas, de cuya reforma dependen las viviendas de Cerrias (Piélagos) condenadas a demolición. No obstante, el consejero ha admitido que "no es fácil" que los cambios en la norma permitan salvar alguna de las casas afectadas.
 
   De igual modo, hasta que no se hagan las oportunas modificaciones en los planes de ordenación urbana de los municipios afectados no se puede formular ante los jueces la legalización de viviendas, tal y como consta en el propio plan de derribos elaborado por el Ejecutivo. 

   La mayor parte de los casos de demoliciones --como los de Arnuero, Escalante, San Vicente de la Barquera, Miengo o Piélagos-- dependen de las reformas de los planeamientos municipales.
 
   Sobre Cerrias, el consejero ha explicado que "no es fácil" que los cambios en la Ley de Costas amparen una solución de legalización, por lo que este año se van a seguir llevando a cabo las valoraciones de los chalés afectados. 

   En cualquier caso, se hará siempre "en paralelo" a los cambios de la Ley de Costas, ya que si existiera alguna posibilidad de legalización no se acometerá el derribo aunque no esté aprobada la nueva norma, puesto que "después no tiene solución". En caso contrario, si a finales del próximo año se ve que la ley no ampara solución alguna, se empezará a ejecutar el plan de derribos, que para entonces ya estará acabado. 

   Por su parte, los casos de Argoños dependen más del PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) y de la Ley de Conservación de la Naturaleza, ha recordado el consejero. 

LEGALIZACIONES CON POSIBILIDAD DE PROSPERAR 

   En lo que sí coinciden la totalidad de los afectados es en la petición de que se legalicen todas las viviendas, algo "lógico" a ojos del consejero, que les entiende perfectamente. 

   "Pero nosotros solo podemos plantear la legalización de lo que los tribunales nos pueden estimar", ha puntualizado Fernández, para añadir que "nosotros no decidimos lo que se salva y lo que no se salva". "Tenemos que plantear legalizaciones que tengan posibilidades de prosperar", ha apostillado. 

   El consejero se reunirá con representantes de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración que engloba a los afectados por derribos, para informarles de los pasos que se están dando en los diferentes supuestos de demoliciones.