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La empresa pública Gesvicán, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, anunció  la enajenación directa con publicidad de dos parcelas situadas en la finca del Asilo, de Torrelavega. El contrato incluye el proyecto básico y de ejecución para la construcción de dos edificios: uno para 90 alojamientos protegidos para colectivos especialmente vulnerables y otro destinado a centro de día y talleres ocupacionales. El valor de la enajenación es de 4,2 millones de euros y entre los requisitos que deberá cumplir el contratista está el de ser una entidad sin ánimo de lucro. Los interesados disponen de un plazo de 30 días para presentar sus propuestas.

La Corporación de Torrelavega aprobó instar al Ejecutivo cántabro a que continúe con las gestiones que se está llevando a cabo, a través de Gesvicán, para que la Fundación Asilo, promotora de la residencia para discapacitados, pueda ser propietaria de los citados terrenos «a la mayor brevedad posible y en las mejores condiciones legalmente posibles» para dicha institución benéfica. También acordó instar al Gobierno a que Gesvicán «no repercuta gasto de gestión, beneficio industrial o coste alguno en la ciudad de Torrelavega por la construcción en dicha finca de los sistemas generales, por ser una obra de interés social y con gran demanda entre las familias con personas discapacitadas».

En la exposición de motivos de su moción, los regionalistas recordaron que el Ayuntamiento de Torrelavega cedió la finca la pasada legislatura al Ejecutivo cántabro para destinarla a construir equipamientos asistenciales o de naturaleza similar. Como consecuencia de ello, en mayo de 2011 se licitaron las obras de urbanización de los terrenos. El paso siguiente es la «construcción y explotación» de los referidos equipamientos.

El Grupo Socialista votó en contra. Según su portavoz, Blanca Rosa Gómez Morante, la moción dejó de tener sentido al hacer pública Gesvicán  la enajenación del terreno a través del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Gómez Morante recordó que tiene como destinatario una entidad sin ánimo de lucro y dijo que no había «razón legal» para aprobar la moción: «Se quiere hacer a dedo, cuando hay otras ONG con el mismo derecho». María Luisa Peón, portavoz del PP, reconoció haber pactado el texto del acuerdo con los regionalistas y dijo que éste tiene como objetivo respaldar el proyecto y es compatible con el anuncio de enajenación de las parcelas. Para Pedro García Carmona, portavoz del PRC, se trata de un pronunciamiento político que tiene como objetivo «reforzar la necesidad del acuerdo con la Fundación Asilo». Esther García, de ACPT, dijo que era una gran necesidad social, pero se abstuvo porque se opone a «la cesión de suelo público para una gestión privada».