¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El artículo
explica cómo decisiones de diseño tomadas en fases iniciales,
apoyadas en BIM, determinan la mayor parte del coste total de propiedad
(TCO) y los pasivos de operación y mantenimiento (O&M). Propone
un marco “Eliminar–Reducir–Informar” para evitar riesgos desde la concepción
y fija objetivos de mantenibilidad como sustituibilidad sin andamios, reducción
del MTTR y seguridad integrada. Define una gobernanza clara (RACI, comité
de mantenibilidad, gate reviews), estandariza requisitos de información
(OIR/AIR/EIR y BEP con data drops), y concreta qué datos mínimos
y nivel de información deben modelarse para que el AIM alimente
CMMS/CAFM sin pérdidas (IFC/COBie comprobado con pruebas round-trip).
En la parte
técnica, describe cómo modelar espacios de mantenimiento,
clearances y rutas de extracción; crear familias paramétricas
“mantenibles”; y verificar en 3D accesos, maniobras y colisiones “de mantenimiento”,
incluyendo validación con el equipo operador (walkthrough/VR). Integra
RAMS/RCM, FMECA y análisis LCC/TCO para comparar alternativas de
diseño considerando paradas, medios auxiliares y riesgo. Añade
planificación 4D de intervenciones, estimación 5D de costes
de O&M, commissioning orientado al mantenedor (FAT/SAT) y un handover
con datos aceptados por el propietario. Cierra con KPIs técnicos,
económicos y ambientales (MTTR, disponibilidad, coste evitado, residuos/CO?e),
un checklist de implantación rápida y un ciclo de mejora
continua (ELS, gestión de garantías y lecciones aprendidas).
La tesis central: decidir temprano con BIM y datos interoperables es la
vía más eficaz para reducir pasivos de O&M, mejorar la
seguridad y asegurar la disponibilidad del activo.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El artículo
presenta un marco práctico para aplicar economía circular
a unidades modulares (edificación, industria, energía, salud
y educación) mediante gemelos digitales y pasaportes digitales de
producto (DPP). Explica cómo los gemelos sincronizan datos a lo
largo del ciclo de vida—diseño, fabricación, operación,
desmontaje y segunda vida—para decidir, con evidencia, si conviene reutilizar,
reconfigurar o reubicar cada módulo. Se detallan principios de diseño
para el desmontaje (DfD), normalización de interfaces y modularidad
funcional, además de los beneficios económicos (reducción
del TCO, deferimiento de CAPEX, flujos estables tipo PaaS/leasing), ambientales
(residuos y CO2e evitados mediante ACV integrado) y operativos (más
disponibilidad y menor lead time).
La presión
por descarbonizar, reducir CAPEX y acortar ‘time-to-value’ está
acelerando la adopción de unidades modulares (edificación,
industria, energía, salud, educación). Si añadimos
gemelos digitales (digital twins) y pasaportes digitales de producto (DPP),
emerge un modelo operativo capaz de extender la vida útil, recuperar
valor y evitar residuos mediante reutilización, reconfiguración
y reubicación con trazabilidad técnica, económica
y ambiental. La combinación módulos + gemelo digital + DPP
convierte la circularidad en una práctica medible y rentable
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
La promoción
de vivienda social en España ha demostrado que puede ser rentable
si se estructura correctamente. El Plan VIVE de la Comunidad de Madrid,
orientado a jóvenes, es un ejemplo de colaboración público-privada
que está atrayendo gran interés del sector inmobiliario.
Con 63 ofertas para 3.404 viviendas de alquiler asequible, el modelo combina
suelo público en concesión, contratos de larga duración
y un riesgo comercial casi nulo, ofreciendo rentabilidades del 5-6 % anual
en un entorno de alta demanda.
El Plan VIVE
demuestra que la colaboración público-privada con cesión
de suelo, contratos de larga duración e indexación de rentas
convierte la vivienda social en un activo de inversión competitivo
y seguro, capaz de ofrecer rentabilidad y atender una necesidad social
urgente.
El Plan VIVE
Solución Joven ha marcado un hito en la viabilidad económica
de la vivienda social en España. Basado en la cesión de suelo
público en concesión a 75 años, elimina el coste de
adquisición de terrenos y garantiza seguridad jurídica a
los promotores. Esta fórmula permite a las empresas destinar la
inversión casi exclusivamente a la construcción, logrando
alquileres un 30-40 % inferiores al mercado —entre 600 y 700 € mensuales—
sin comprometer la rentabilidad. La demanda asegurada es otro pilar de
su éxito: el déficit de vivienda asequible en Madrid garantiza
ocupación plena y flujos de caja estables. Los contratos de alquiler
indexados al IPC protegen los ingresos a largo plazo, mientras que la posibilidad
de monetizar la concesión mediante la venta a fondos institucionales
proporciona liquidez temprana a los promotores. Ejemplos recientes muestran
operaciones de hasta 250 millones € por derechos de explotación,
confirmando la confianza de los inversores. Además, el programa
fomenta la construcción industrializada y la eficiencia energética,
reduciendo costes y plazos. Con un objetivo de 14.000 viviendas asequibles,
se generan economías de escala que atraen a grandes constructoras
y promotoras. Este esquema PPP se perfila como un modelo replicable en
otras regiones españolas e incluso en Europa, evidenciando que la
vivienda social puede ser financieramente sostenible cuando se combina
planificación pública inteligente y capital privado dispuesto
a rendimientos moderados pero estables.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
La vivienda,
nueva prioridad europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, ha situado la vivienda asequible en el centro de su agenda
2025-2030. Por primera vez, la UE cuenta con un Comisario de Energía
y Vivienda, el danés Dan Jørgensen, para coordinar políticas
a escala continental. El diagnóstico es contundente: los precios
de la vivienda han subido más de un 20 % desde 2015, mientras que
los permisos de construcción han caído otro 20 %, creando
un déficit que pone en jaque la cohesión social y la competitividad
económica de la Unión.
El artículo
analiza a fondo el Plan Europeo de Vivienda Asequible, la nueva estrategia
de la Comisión Europea para afrontar la crisis habitacional en la
UE. Explica cómo, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen y el
comisario Dan Jørgensen, la vivienda se ha convertido en una prioridad
comunitaria, con medidas clave como la revisión de las normas de
ayudas de Estado, la regulación de los alquileres turísticos
de corta duración y la creación de una plataforma paneuropea
de inversión en vivienda social y sostenible. Se detallan los datos
que evidencian la urgencia —precios de la vivienda un 20 % más altos
que en 2015 y permisos de construcción un 20 % más bajos
en cinco años—, así como el proceso de consultas públicas,
talleres y foros de expertos que darán forma definitiva al plan.
Además, se describe la primera Cumbre Europea de la Vivienda, prevista
para respaldar políticamente estas medidas y coordinar su implementación
entre Estados miembros, regiones y ciudades. Un texto imprescindible para
profesionales del sector que quieran comprender las nuevas oportunidades
de inversión, colaboración público-privada y regulación
que marcarán el futuro de la vivienda en Europa.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
La Gran Presa
del Renacimiento Etíope (GERD), inaugurada en 2025 tras 14 años
de construcción, es la mayor infraestructura hidroeléctrica
de África y una de las más relevantes del mundo. Ubicada
sobre el Nilo Azul, su capacidad instalada de 5.150 MW y un embalse de
74 km³ la convierten en un hito de la ingeniería civil. Más
allá de la generación eléctrica, busca regular caudales,
mitigar sequías e inundaciones y consolidar a Etiopía como
potencia energética regional.
Este informe
técnico ofrece un repaso exhaustivo de la GERD, desde su concepción
en 2011 hasta su inauguración en 2025. El emplazamiento, en la región
de Benishangul-Gumuz a pocos kilómetros de Sudán, fue seleccionado
por su enorme potencial hidrográfico: el Nilo Azul aporta el 85%
del caudal total del Nilo. La presa se concibió como una obra no
consumptiva, destinada a turbinizar agua y devolverla al cauce, con financiación
nacional en ausencia de apoyo internacional. En el plano estructural, la
obra se compone de una presa de gravedad en hormigón compactado
con rodillo (HCR) de 155 m de altura y 1.780 m de longitud, acompañada
de un dique auxiliar de enrocado de 5 km y vertederos con capacidad de
evacuar hasta 30.000 m³/s. El embalse cubre 1.874 km² y almacena
un volumen equivalente a casi dos años del caudal del Nilo Azul.
La central hidroeléctrica incorpora 13 turbinas Francis con una
generación anual estimada de 15.000–16.000 GWh, suficiente para
cubrir la demanda de más de 120 millones de etíopes y exportar
excedentes a países vecinos. Técnicamente, la construcción
utilizó tecnologías avanzadas de HCR, supervisión
internacional y equipos electromecánicos de GE Renewable Energy
y consorcios internacionales, con un coste aproximado de 4.800 millones
USD. Más allá del orgullo nacional etíope, la GERD
plantea retos estratégicos y ambientales: acuerdos hídricos
con Egipto y Sudán, gestión de sedimentos para garantizar
su vida útil y mitigación de los impactos sociales del embalse.
Con una operación coordinada, la presa puede convertirse en un motor
de desarrollo sostenible para África Oriental, integrando energía
renovable y seguridad hídrica en la región. La GERD no solo
multiplica por dos la capacidad eléctrica de Etiopía, sino
que marca un antes y un después en la ingeniería de presas
africana: 5.150 MW de potencia limpia, un embalse de escala continental
y un reto de cooperación internacional en el Nilo.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
España
encara 2026 con el riesgo de seguir funcionando sin Presupuestos Generales
aprobados, prorrogando por tercer año consecutivo las cuentas de
2023. Esta anomalía presupuestaria afecta de lleno a la inversión
en infraestructuras, al limitar la licitación de nuevas obras y
retrasar proyectos estratégicos. Aunque los fondos europeos actúan
como salvavidas parcial, expertos y constructoras advierten que sin un
marco presupuestario actualizado España seguirá perdiendo
competitividad frente a sus socios europeos.
La prórroga
presupuestaria supone un lastre para las infraestructuras españolas.
No se pueden iniciar proyectos nuevos salvo mediante créditos extraordinarios,
lo que deja en suspenso carreteras, líneas férreas y equipamientos
ya planificados. La Autoridad Fiscal advierte que esta dinámica
reduce la eficiencia en la asignación de recursos y debilita la
planificación estratégica. Según cálculos sectoriales,
serían necesarios 15.000 millones € adicionales al año
para converger con la media europea en esfuerzo inversor. El Gobierno confía
en los fondos europeos NextGenerationEU, pero su ejecución va con
retraso: a mediados de 2025 España solo había cumplido el
30% de los hitos comprometidos y apenas había recibido la mitad
de los desembolsos. Además, muchos fondos se destinan a digitalización
y transición energética, dejando en segundo plano las infraestructuras
tradicionales. Las constructoras, por su parte, alertan de que la colaboración
público-privada (CPP) se encuentra en mínimos históricos:
en 2024 solo se adjudicaron 11 concesiones por 312 millones €, frente
a los más de 5.000 millones de 2023. SEOPAN insiste en que urge
reactivar este modelo para movilizar capital privado.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
Un problema
estructural convertido en prioridad ciudadana. El acceso a la vivienda
se ha consolidado como la principal preocupación de los españoles.
El déficit acumulado es histórico: se calcula que en los
próximos 15 años harán falta tres millones de viviendas
adicionales para cubrir el crecimiento demográfico y la demanda
insatisfecha. A corto plazo, el gran reto es definir qué presupuesto
debería recoger el PGE 2026 para comenzar a dar respuesta a esta
crisis.
España
sigue lejos de la media europea: apenas destina el 0,15 % de su PIB a vivienda,
cuando países de la eurozona alcanzan entre el 0,55 % y el 1,05
%.
Si el PGE
2026 logra aprobarse, destinar una partida del orden de miles de millones
de euros adicionales respecto a años previos será imprescindible.
Alcanzar al menos 8.000 millones anuales en 2026 sería un paso significativo
respaldado por las referencias europeas, aunque lo ideal para acercarse
a la solución completa sería aproximarse a los 14.000 millones
o más por año. Solo con un esfuerzo inversor de esa magnitud
–basado en datos reales y objetivos– se podrá paliar de forma decidida
el gravísimo problema de la vivienda en España.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El verano de
2025 será recordado como uno de los más devastadores de la
historia reciente de España en materia de incendios forestales.
Con cerca de 400.000 hectáreas arrasadas —el peor dato desde 1994—
y más de 50 grandes incendios de sexta generación, el país
ha sufrido una ola de fuegos desbordada por el calor extremo, la acumulación
de combustible vegetal y la acción humana. El impacto humano, ambiental
y económico exige replantear la estrategia de prevención
y gestión territorial.
Los incendios
de 2025 han dejado un balance devastador en España: siete fallecidos,
decenas de miles de evacuados y un impacto ecológico y económico
incalculable. Comunidades como Castilla y León (150.000 hectáreas),
Galicia (96.000) y Extremadura (45.000) figuran entre las más castigadas.
El verano negro confirma un cambio de escala en los siniestros: más
de 50 megaincendios en un solo año, frente a los 20 de media habitual.
Las causas son múltiples. El cambio climático, con olas de
calor que superaron los 45 °C, ha acelerado la “sequía exprés”
de la vegetación. El abandono rural ha generado paisajes continuos
de matorral sin gestión, actuando como combustible masivo. Y el
factor humano sigue siendo el principal detonante: más del 80 %
de los fuegos se deben a negligencias o a provocaciones intencionadas.
La magnitud de los siniestros obligó a movilizar todos los recursos
disponibles, desde la Unidad Militar de Emergencias hasta el Mecanismo
Europeo de Protección Civil, con ayuda de Francia, Italia, Alemania
y Países Bajos. Pese a ello, se registraron incendios de sexta generación
imposibles de combatir por medios tradicionales, capaces de generar su
propia meteorología y desbordar cualquier capacidad de extinción.
La lección es clara: sin prevención, ningún dispositivo
será suficiente. La gestión forestal activa, la reactivación
de usos agrarios, la ordenación urbanística de la interfaz
urbano-forestal y la cooperación internacional son las líneas
estratégicas imprescindibles. España no puede permitirse
repetir veranos negros si aspira a convivir con el fuego en la era del
cambio climático.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
La Administración
Trump ha paralizado la construcción del Revolution Wind, un parque
eólico marino de 704 MW en Rhode Island, con una inversión
estimada en 1.300 millones de euros, pese a encontrarse ya en un 80 % de
ejecución. La decisión, adoptada bajo el pretexto de “proteger
los intereses de seguridad nacional”, marca un golpe a la confianza de
los inversores en las energías limpias y abre la puerta a litigios
multimillonarios.
El proyecto
Revolution Wind, promovido por Ørsted junto con BlackRock Global
Infrastructure Partners, contemplaba la instalación de 65 aerogeneradores
en aguas federales a 24 km de la costa de Rhode Island. Con 45 turbinas
ya montadas y contratos de compraventa de energía a 20 años
(400 MW para Rhode Island y 304 MW para Connecticut), se esperaba que entrara
en operación en la segunda mitad de 2026. La suspensión supone
congelar una inversión de 1.300 millones de euros (1.500 millones
de dólares) y cuestiona la fiabilidad del marco regulatorio estadounidense.
La orden del Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) se apoya en un memorando
presidencial firmado el 20 de enero de 2025, que revisa de manera general
los arrendamientos de parques eólicos marinos y su impacto en la
seguridad y usos marítimos.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
Los centros
de datos se han convertido en infraestructuras estratégicas para
la economía digital del siglo XXI. España, gracias a su fibra
óptica, energías renovables y situación geográfica,
se posiciona como destino clave para inversores y gigantes tecnológicos.
Sin embargo, el enorme consumo energético y de agua de estas instalaciones
plantea un reto ambiental y social que exige transparencia, planificación
urbanística y modelos sostenibles de promoción inmobiliaria
y construcción.
El auge de
la inteligencia artificial, el almacenamiento en la nube y los servicios
digitales ha disparado la construcción de centros de datos en España.
Hoy existen alrededor de 100 instalaciones operativas y una veintena en
proyecto, con inversiones que superan los varios miles de millones de euros.
Sin embargo, la falta de información clara sobre consumo eléctrico,
gasto de agua e impacto socioeconómico ha generado un clima de incertidumbre
en los municipios que acogen estos proyectos. El Gobierno español
ha reaccionado con un proyecto de real decreto que obligará a los
operadores a reportar datos sobre eficiencia energética, uso del
agua y creación de empleo. Este marco regulatorio busca equilibrar
la competitividad del sector con la protección medioambiental. La
experiencia internacional muestra ejemplos dispares: en Estados Unidos,
algunos centros desplazan cargas con inteligencia artificial o plantean
minicentrales nucleares; en China, se exploran centros submarinos para
mejorar la refrigeración. España tiene la oportunidad de
definir un modelo propio basado en la integración con energías
renovables, la reutilización del calor residual y el urbanismo sostenible.
La Guía Práctica de Centros de Datos. Promoción Inmobiliaria
y Construcción aporta claves técnicas para seleccionar terrenos
adecuados, diseñar edificios eficientes y anticipar riesgos normativos.
El reto no es solo atraer inversión, sino asegurar que estas infraestructuras
digitales refuercen la sostenibilidad ambiental y la cohesión territorial.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
La Fiscalía
especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, bajo la dirección de
Antonio Vercher, ha abierto una investigación para determinar si
la falta de planes de prevención contra incendios forestales en
los municipios españoles —obligatorios desde 2022 para las zonas
de alto riesgo— ha contribuido a la oleada de incendios más devastadora
en tres décadas. El Ministerio Público no descarta responsabilidades
penales para quienes tenían el deber de aprobar estos planes y no
lo hicieron.
La ausencia
de planes de prevención contra incendios forestales, obligatorios
por la Ley de Montes desde 2003 y reforzados en 2022 para los municipios
ubicados en zonas de riesgo, se ha convertido en un eje de tensión
institucional y en un frente judicial abierto. La Fiscalía, liderada
por Antonio Vercher, ha solicitado al SEPRONA y a los fiscales provinciales
recopilar información sobre el grado de cumplimiento de esta obligación.
Según Vercher, muchos de los incendios recientes no solo responden
a la sequía o al abandono rural, sino también a la falta
de planificación preventiva, lo que podría derivar en responsabilidades
penales para autoridades locales o regionales. El retraso del Gobierno
central en fijar criterios homogéneos para estos planes no exime
a las comunidades autónomas y municipios de su responsabilidad,
puesto que la norma ya obliga a actuar. Mientras tanto, los datos revelan
una preocupante paradoja: entre 2009 y 2022 la inversión en prevención
cayó más de un 50 %, pasando de 364 millones a 176 millones
de euros, mientras que los fondos para extinción se mantuvieron
estables en torno a los 417 millones. El resultado ha sido una capacidad
preventiva debilitada frente a incendios cada vez más intensos y
destructivos.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
Los delitos
urbanísticos —desde la construcción sin licencia hasta la
corrupción en la modificación de planeamiento— suponen riesgos
penales y reputacionales críticos para los promotores. Conocer su
tipología, proceso sancionador y mecanismos de prevención
es esencial para garantizar proyectos seguros y legalmente sólidos.
Este artículo
ofrece un recorrido por los fundamentos y el marco normativo de los delitos
urbanísticos, destacando los bienes jurídicos protegidos
(ordenación del territorio, medio ambiente y patrimonio) y las tipologías
más frecuentes: obras sin licencia, parcelaciones ilegales, modificaciones
fraudulentas y prevaricación de autoridades. Analiza la interacción
con el derecho administrativo (procedimientos sancionadores, doble vía
sanción–pena), y la conexión con delitos ambientales y culturales
(vertidos, daños a bienes históricos). Se describen las responsabilidades
de promotores, técnicos y autoridades, así como la responsabilidad
penal de las personas jurídicas y los deberes de compliance y due
diligence. Se recorre el procedimiento penal: investigación técnica
(drones, SIG, BIM), prueba documental y pericial, medidas cautelares, cooperación
internacional y ejecución de sentencias (demolición, decomiso).
Finalmente, se abordan las estrategias de prevención: programas
de compliance urbanístico, canales de denuncia, transparencia en
planeamiento y uso de tecnologías (blockchain, gemelos digitales)
para alertas tempranas.
