2. VACÍO REGULATORIO ESTATAL
Desde 2021, REE advirtió sobre la necesidad de actualizar el protocolo de protección del sistema, sin éxito. La normativa, obsoleta desde 1996, no obliga al promotor —el Gobierno— a incorporar a renovables en el control de tensión. Esta laguna penaliza la financiación de proyectos de refuerzo de red y aumenta el coste del sistema. Los inversores reclaman certidumbre jurídica y un tipo de interés regulatorio estable para asumir la modernización de infraestructuras.

El gran apagón revela que la red española opera bajo reglas de hace casi tres décadas. Urge un Real Decreto que incluya a las plantas eólicas y fotovoltaicas como respaldo de tensión, reduciendo riesgos sistémicos y optimizando la gestión de la demanda en un mix eléctrico con alto peso renovable.

3. IMPACTO Y RESPUESTA INMEDIATA
A las 12:33 h, semáforos, trenes y ascensores se detuvieron. Francia, Marruecos y centrales hidroeléctricas permitieron la recuperación: entre 6 y 10 horas para restablecer el servicio. El coste estimado de este fallo supera los 150 M€ en indemnizaciones industriales y servicios críticos. Asociaciones de consumidores ya recaban facturas para reclamar daños y perjuicios.

4. PRÓXIMAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES
Actualizar el protocolo de operación: incorporar renovables en servicios de tensión y armonizar la normativa con la directiva UE 2019/944.

Refuerzo de reservas: exigir a REE planes de respaldo con un margen mínimo del 15 % sobre la demanda pico.

Transparencia y rendición de cuentas: publicar los nombres de centrales implicadas y sus responsables.

Financiación de la modernización: lanzar bonos verdes con tipo de interés atractivo para cofinanciar la digitalización y sensorización de la red.

DATOS

EL GRAN APAGÓN DE 2025: EL VACÍO REGULATORIO Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
 
El 28 de abril de 2025, a las 12:33 del mediodía, la península ibérica sufrió un apagón eléctrico total sin precedentes. En cuestión de segundos, toda España y Portugal quedaron a oscuras, en el primer “cero eléctrico” nacional de la historia. Las causas fueron complejas: una serie de oscilaciones anómalas en el sistema eléctrico continental provocó sobretensiones en la red española, desencadenando desconexiones en cadena de centrales eléctricas que no pudieron contenerse. En otras palabras, el sistema contaba con capacidad insuficiente de control de la tensión, se produjeron perturbaciones que desestabilizaron la red, y varias plantas de generación se desconectaron –en algunos casos de modo indebido– ante las sobretensiones. Este cóctel de fallos multifactoriales culminó en el colapso total del suministro eléctrico peninsular.

Impacto inmediato: El consumo eléctrico de España cayó aproximadamente a la mitad en el momento del apagón, pasando de unos 25 189 MW a apenas 12 425 MW en torno a las 12:30. Grandes ciudades quedaron paralizadas: semáforos apagados, trenes detenidos y miles de personas atrapadas en metros y ascensores. Gracias a aportaciones de energía de Francia, Marruecos y a centrales hidroeléctricas de arranque autónomo, la reposición del servicio pudo comenzar pronto y la recuperación total tomó entre 6 y 10 horas, completándose hacia la medianoche de ese lunes.

La siguiente gráfica, publicada por Red Eléctrica de España (REE), ilustra la brusca caída de la demanda eléctrica tras el colapso y su paulatina restauración durante la tarde y noche del 28 de abril:

Evolución de la demanda eléctrica en España el 28/04/2025: el consumo cayó bruscamente tras el apagón del mediodía y se recuperó gradualmente hasta la medianoche.

Cabe destacar que se descartó por completo la hipótesis de un ciberataque como origen de la caída del sistema, aunque los investigadores identificaron algunas vulnerabilidades de ciberseguridad en el sistema eléctrico que deberán corregirse para evitar que un ataque futuro pueda causar un apagón similar. Asimismo, las primeras especulaciones que achacaban el colapso al creciente peso de las energías renovables en el sistema quedaron refutadas por los datos: hubo suficiente generación disponible y la energía solar fotovoltaica no fue la causa del apagón. Más bien, el evento puso de manifiesto fallos sistémicos en la gestión de la red ante la nueva realidad del mix eléctrico.

EL INFORME OFICIAL Y LOS RESPONSABLES IDENTIFICADOS

Tras 49 días de investigación, el Gobierno presentó el 17 de junio de 2025 un informe técnico de 182 páginas con la secuencia detallada de hechos y conclusiones sobre el apagón. En él se reparten responsabilidades por el “cero eléctrico” principalmente entre dos actores:

Red Eléctrica Española (REE) – el operador del sistema eléctrico – por una deficiente planificación de los recursos de respaldo. En la víspera del apagón, una de las diez centrales convencionales que REE había programado como reserva para controlar la tensión se declaró indisponible, y REE decidió no sustituirla por otra. Este posible error de planificación dejó al sistema con menor margen de maniobra del necesario cuando comenzaron las oscilaciones.

Las empresas generadoras – propietarias de centrales eléctricas tradicionales – por el funcionamiento anómalo de nueve plantas que deberían haber amortiguado la sobretensión y estabilizado la red. En la práctica, todas y cada una de esas centrales presentaron incumplimientos en su respuesta: no absorbieron la energía reactiva excedentaria como estaba previsto, contribuyendo a que la tensión siguiera subiendo. Algunas unidades se desconectaron por seguridad antes de tiempo (disparos indebidos), lo que agravó la reacción en cadena en la red.

Estos dos factores –planificación insuficiente y respuesta deficiente de centrales– actuaron de forma combinada para precipitar el colapso. El propio Gobierno calificó el origen del apagón como “multifactorial”, negando que hubiera una única causa determinante. También recalcó que no faltaba capacidad de generación en el sistema en ese momento, descartando problemas de oferta energética.

Sin embargo, el informe oficial omitió señalar cualquier responsabilidad del propio Estado o de las autoridades regulatorias en el incidente. Además, muchos detalles críticos fueron mantenidos bajo confidencialidad: el documento publicado ocultó los nombres de las centrales involucradas y de sus empresas propietarias, con numerosas secciones tachadas en aras del secreto empresarial. Esta falta de transparencia –justificada oficialmente por cautelas legales a petición de las compañías eléctricas– dificulta atribuir responsabilidades precisas a cada actor y, por ahora, impide saber exactamente qué plantas fallaron y a qué empresas pertenecían. Las autoridades han dejado en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la vía judicial la determinación de posibles sanciones o indemnizaciones concretas por este apagón sin precedentes.

La reacción del sector no se hizo esperar. Tras conocerse el informe, se produjo un cruce de acusaciones público entre REE y las grandes eléctricas. La asociación de compañías eléctricas (Aelec) negó rotundamente cualquier negligencia por parte de las generadoras y achacó toda la culpa a Red Eléctrica por no haber garantizado el control de la tensión. Por su parte, Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (matriz de REE, participada por el Estado), defendió la actuación de REE y reprochó que la información suministrada por las eléctricas durante la investigación no tuvo la “calidad deseable”, llegándola muchas veces marcada como confidencial y de forma fragmentada. Esta disputa evidencia la complejidad a la hora de depurar responsabilidades en un sistema tan interconectado.

VACÍO REGULATORIO: EL ROL DEL ESTADO EN LA CRISIS

Aunque el informe gubernamental no lo reconozca abiertamente, diversos análisis independientes han apuntado a un “tercer responsable” tras el gran apagón: el propio Estado, en su papel de regulador y gestor del sistema eléctrico. El suceso dejó al descubierto un importante vacío regulatorio en España, derivado de normas obsoletas que no se habían adaptado al nuevo mix energético dominado por renovables. En particular, salió a la luz que el protocolo de protección del sistema eléctrico databa de 1996, sin haber incorporado adecuadamente los cambios tecnológicos y operativos de las últimas décadas. Este protocolo anticuado no contemplaba, por ejemplo, la aportación de las plantas renovables a servicios de soporte de tensión o la gestión de grandes volúmenes de generación distribuida, factores clave en la red actual.

Desde 2021, Red Eléctrica venía advirtiendo a las autoridades sobre la necesidad de actualizar la normativa de operación del sistema para reforzar el control de tensión y otros aspectos técnicos. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) trabajó en ello y en noviembre de 2024 presentó una propuesta de nueva regulación, reconociendo que la vigente se había quedado desfasada. Sin embargo, el Gobierno no llegó a adoptar ni implementar esos cambios antes del apagón. En consecuencia, en abril de 2025 el sistema eléctrico operaba aún bajo reglas y parámetros del siglo pasado, a pesar de la rápida evolución del parque generador.

La falta de adecuación regulatoria recae directamente en la responsabilidad del Gobierno, al ser quien debía impulsar y aprobar dichas actualizaciones. De hecho, tras el apagón, el propio Ejecutivo admitió implícitamente este vacío normativo al anunciar medidas de urgencia: el Ministerio para la Transición Ecológica preparó un Real Decreto (aprobado la semana siguiente) que, entre otras reformas, permitirá por primera vez que las plantas de energía renovable se utilicen como centrales de respaldo para controlar la tensión del sistema. Esta decisión supone cambiar la normativa para que instalaciones eólicas, fotovoltaicas u otras fuentes limpias puedan contribuir activamente a estabilizar el voltaje de la red –un rol que antes estaba reservado prácticamente solo a centrales síncronas de gas, carbón o nuclear. Junto a ello, el Gobierno se dispone a acelerar la actualización de la legislación eléctrica para adaptarla a las nuevas tecnologías y necesidades operativas, asumiendo de facto que existía un importante rezago regulatorio que facilitó el colapso. En palabras de la ministra Sara Aagesen, se trata de “instaurar” cuanto antes esos cambios pendientes en las reglas del sistema.

No es esta la única faceta de la responsabilidad estatal en la crisis. El Estado, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), es accionista del 20 % de Redeia, la empresa matriz de REE. Es decir, el Gobierno no solo regula externamente el sector, sino que también participa en la gestión del operador del sistema. Pese a ello, en la presentación del informe ninguna autoridad hizo autocrítica sobre posibles fallos propios en materia de supervisión o gobierno corporativo de REE. Más bien, la presidenta de Redeia (designada con influencia pública) se eximió de cualquier error en la gestión del operador y focalizó la culpa en las eléctricas privadas. Esta postura, calificada por algunos como “falta de mínima autocrítica” ante un evento de tal gravedad, ha alimentado las voces que señalan que el Estado también fue parte del problema: por omisión en actualizar las reglas del juego a tiempo, y por comisión al no detectar ni corregir a tiempo las deficiencias de planificación y coordinación entre los actores del sistema.

Repercusiones y próximas acciones

A raíz del informe oficial y de las evidencias adicionales, se anticipa un complejo recorrido legal y regulatorio en los próximos meses. Por un lado, la CNMC ya ha abierto una investigación propia para depurar responsabilidades. El regulador ha solicitado información detallada a REE y a las compañías eléctricas, y podría imponer sanciones de hasta 60 millones de euros a las empresas culpables de infracciones graves. Estas eventuales multas, de materializarse, seguramente serían recurridas ante la justicia, abriendo así la puerta a un prolongado litigio en los tribunales. De hecho, directivos del sector vaticinan que “acabaremos en los tribunales todos, unos u otros” dada la magnitud del apagón y el cruce de imputaciones existentes. Asimismo, múltiples asociaciones de consumidores y empresas afectadas están evaluando reclamar indemnizaciones por los daños sufridos (desde pérdidas de producción industrial hasta electrodomésticos averiados), apoyándose en el informe gubernamental como base para sus demandas. No obstante, la falta de identificación concreta de culpables en el informe dificulta por ahora dirigir estas reclamaciones contra agentes específicos, por lo que muchos esperarán a las conclusiones de la CNMC o del proceso judicial antes de proceder.

En el plano europeo, la Comisión Europea ha estado monitoreando muy de cerca el caso, dado que se trató de un incidente eléctrico de alcance continental (afectó también a Portugal y brevemente al sur de Francia). España tenía un plazo de tres meses para notificar a Bruselas las causas del apagón y las medidas propuestas, objetivo que se cumplió con la entrega del informe en junio. Ahora, la Comisión se ha dado hasta finales de octubre de 2025 para elaborar su propio informe independiente sobre el apagón. Se espera que el análisis comunitario sea aún más exhaustivo, pudiendo aportar luz adicional sobre factores sistémicos y posibles recomendaciones a nivel europeo. Este ejercicio externo resultará valioso para contrastar la versión nacional y asegurar que se adoptan las mejores prácticas internacionales para prevenir eventos similares. De hecho, tanto España como Portugal ya han urgido a Francia y a la UE a acelerar el desarrollo de nuevas interconexiones eléctricas con el resto del continente. Una mayor capacidad de interconexión habría permitido, según los expertos, amortiguar mejor las perturbaciones y reponer el servicio más rápidamente en esta crisis. Por ello, fortalecer la resiliencia transfronteriza de la red ibérica es otra de las lecciones clave que deja el apagón.

Finalmente, quedan importantes tareas pendientes para todos los implicados. El Gobierno español deberá demostrar con hechos su compromiso de modernizar el marco regulatorio y subsanar las brechas identificadas (tanto técnicas como legales). Las empresas eléctricas, por su parte, enfrentan el reto de mejorar sus protocolos operativos para garantizar que sus centrales reaccionen adecuadamente ante eventos anómalos de tensión, cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos –máxime considerando que reciben retribución por prestar servicios de soporte al sistema. Red Eléctrica, como operador del sistema, tendrá que refinar sus planes de contingencia y quizá adoptar una postura más conservadora en la planificación de reservas, aprendiendo de la decisión fallida de no reemplazar la central indisponible el 28-A. Y por encima de todo, las autoridades energéticas deberán asumir que su rol es garantizar un suministro eléctrico seguro y eficaz, anticipándose a los cambios tecnológicos. Quienes velan por el buen funcionamiento del sistema habrán de afrontar las consecuencias de sus errores, y corresponde a los responsables públicos evitar que la factura del apagón –y de las reformas necesarias para prevenir nuevos colapsos– termine recayendo sobre los consumidores finales.

Autoría: María Gómez – Ingeniera Eléctrica con experiencia en regulación energética
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