La caída política fue inmediata: Cerdán dimitió, ha sido citado a declarar el 25 de junio y el propio presidente Sánchez tuvo que dar explicaciones sobre “este golpe mayúsculo” contra la imagen del Gobierno.

2. Una lacra recurrente en la obra pública española
Este episodio confirma que la obra pública sigue siendo caldo de cultivo para tramas de sobornos y favoritismos políticos. Desde los 90 —casos Urralburu, Filesa, Roldán— hasta Gürtel, Púnica o Lezo, el patrón se repite: contratos fraccionados, empresas pantalla y participación de cargos públicos. Resultado: infraestructuras más caras, drenaje de fondos y desconfianza ciudadana.

3. Complicidad y fallos en los controles: ¿por qué persiste el fraude?
Cómplices internos: técnicos y funcionarios que manipulan pliegos y silencian irregularidades.

Lagunas legales: contratos menores fraccionados, procedimientos negociados sin publicidad, UTEs de conveniencia.

Protección insuficiente al denunciante: la ley de informantes (2023) aún no ha demostrado penetrar la cultura del silencio.

Órganos de control limitados: lentos, reactivos y con escasos recursos frente al volumen de contrataciones.

4. Reformas necesarias para prevenir futuros escándalos
Transparencia total y datos abiertos: licitaciones, ofertas y evaluaciones accesibles en tiempo real.

Autonomía y protección del personal técnico: blindar a interventores y jefes de servicio frente a presiones.

Órganos de control reforzados: más medios y competencias para auditar y sancionar con rapidez.

Inhabilitación firme de empresas corruptas: veto permanente, incluyendo filiales y testaferros.

Detección temprana por IA y big data: patrones anómalos que salten alertas antes de adjudicar.

Formación en integridad: programas continuos de ética pública para todo el funcionariado.

5. Conclusión: hacia una contratación pública íntegra
El escándalo Santos Cerdán es la enésima señal de alarma. España no puede permitir que la obra pública siga siendo terreno abonado para la corrupción. Transparencia, controles efectivos y tolerancia cero son los ejes para devolver a la contratación pública su carácter de servicio al ciudadano y garantía de buen uso de los recursos.

EN DETALLE

Esta semana ha salido a la luz un grave caso de presunto fraude en la concesión de obra pública que implica a altos cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En el centro de la polémica está Santos Cerdán, quien hasta hace pocos días ocupaba el cargo de secretario de Organización del PSOE y es uno de los hombres de confianza del presidente Pedro Sánchez. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentado al Tribunal Supremo vincula a Cerdán con una trama de sobornos (“mordidas”) a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Según este informe, Cerdán habría sido la persona encargada de “gestionar” el pago de comisiones ilegales que alcanzaron al menos 620.000 euros para beneficiar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García en contratos de obra pública. De hecho, la investigación detalla tres adjudicaciones concretas de obras por las cuales Ábalos y García habrían recibido esos 620.000 € en sobornos, y apunta que otros 450.000 € adicionales quedaron pendientes de pago asociados a tres adjudicaciones más a la constructora Acciona.

UNA LACRA RECURRENTE EN LA OBRA PÚBLICA ESPAÑOLA

Lejos de ser un incidente aislado, este caso pone de relieve un problema crónico en España: la corrupción en la adjudicación de contratos de obra pública. Históricamente, las grandes obras e inversiones públicas han sido caldo de cultivo para tramas de sobornos, comisiones ilegales y favoritismo político, afectando a distintos partidos y administraciones. Desde la restauración de la democracia, numerosos escándalos han salpicado tanto a nivel nacional como autonómico y local, revelando esquemas similares de enriquecimiento ilícito a costa del erario.

Basta con repasar algunos de los casos más sonados de las últimas décadas para apreciar la magnitud del fenómeno. En los años 1990, además del mencionado caso Urralburu en Navarra, ocurrió el caso Filesa (financiación ilegal del PSOE), el caso Roldán en el Ministerio del Interior, y más adelante las macro-causas como la trama Gürtel, la operación Púnica, el caso Lezo, el caso Acuamed, el caso Palau, el caso Mercurio, la operación Pokémon, entre muchos otros. En todos ellos, el patrón es el mismo: adjudicaciones de contratos a cambio de comisiones, a menudo canalizadas a través de empresas pantalla, con la complicidad de responsables políticos y, en no pocos casos, técnicos y funcionarios.

La reiteración de escándalos ha tenido un coste enorme: eleva artificialmente los costes de las infraestructuras, drena recursos públicos y mina la confianza en las instituciones. La corrupción en la contratación pública socava el correcto funcionamiento del mercado, favorece el clientelismo y perjudica la calidad de las infraestructuras.

COMPLICIDAD Y FALLOS EN LOS CONTROLES: ¿POR QUÉ SIGUEN OCURRIENDO?

A pesar de que existen leyes estrictas, tribunales de cuentas, interventores, órganos de fiscalización y normas europeas sobre transparencia y libre concurrencia, los fraudes siguen ocurriendo. ¿Por qué? Porque esos controles fallan.

Primero, porque hay complicidad interna. Muchos fraudes son imposibles sin la colaboración o el silencio de técnicos, jefes de servicio o funcionarios clave. En muchos casos, estos alteran informes, filtran información, manipulan puntuaciones o ignoran irregularidades. A veces por corrupción personal, a veces por presión política, a veces por miedo a represalias.

Segundo, porque hay vacíos legales y lagunas que se aprovechan: contratos menores fraccionados para eludir concursos, procedimientos negociados sin publicidad, uso abusivo de UTEs, o empresas tapadera. El sistema tiene grietas, y las tramas las conocen bien.

Tercero, porque hasta hace poco no había protección suficiente para los funcionarios que denunciaban. La llamada ley de protección del informante aprobada en 2023 busca cambiar esto, pero aún está por ver su aplicación real y su efectividad.

Cuarto, porque los órganos de control son lentos, reactivos y con recursos limitados. Muchas veces detectan la corrupción cuando el daño ya está hecho. Otras veces, simplemente, carecen de capacidad para auditar todo lo que se contrata.

REFORMAS LEGALES Y MEDIDAS PARA PREVENIR ESTOS FRAUDES

Aunque se ha avanzado, las reformas legales deben ir más allá:

Transparencia total y datos abiertos: Publicación detallada y accesible de todas las licitaciones, adjudicatarios, importes, evaluaciones y modificaciones contractuales.

Independencia técnica y protección del funcionario: Fortalecer la autonomía de los técnicos de contratación y de los interventores. Proteger su labor frente a presiones políticas o económicas.

Reforzar los órganos de control y las auditorías internas: Más medios, más independencia, más competencias para actuar con rapidez.

Prohibición efectiva de contratar para empresas corruptas: Que las empresas implicadas en corrupción no puedan volver a contratar con la Administración. Ni directamente ni mediante filiales o testaferros.

Análisis predictivo y tecnologías de detección temprana: Uso de inteligencia artificial y big data para identificar patrones anómalos en la contratación pública.

Formación y ética pública: Educación continua en valores de integridad y buen gobierno para todo el personal público. La cultura de la legalidad no nace de la ley, sino de la convicción.

CONCLUSIÓN: HACIA UNA CONTRATACIÓN PÚBLICA ÍNTEGRA

El caso de Santos Cerdán y la trama de mordidas en obra pública es un nuevo capítulo en una larga serie de escándalos que muestran que el sistema sigue siendo vulnerable. Pero también es una oportunidad: una llamada a reforzar los controles, a proteger a los funcionarios honestos, y a transformar la cultura institucional.

La obra pública debe volver a ser sinónimo de servicio público, de progreso, de infraestructura al servicio del ciudadano. No puede seguir siendo terreno abonado para la corrupción. El camino es claro: transparencia, integridad y tolerancia cero con el fraude.

Autoría: Carlos Ruiz – Abogado experto en obra pública y compliance

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