¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
Las cooperativas
de vivienda emergen como una fórmula innovadora para afrontar el
déficit de vivienda asequible, fomentando la propiedad colectiva
y la participación democrática. Este modelo reduce costes
de construcción, optimiza la financiación y refuerza la cohesión
comunitaria, alineándose con los principios de economía social
y desarrollo sostenible.
Este modelo
cooperativo no solo facilita el acceso a una vivienda asequible —reduciendo
costes hasta un 20 % frente al mercado libre—, sino que fortalece el tejido
social mediante la participación democrática y la gestión
compartida de servicios. Gracias a la financiación colectiva y a
sociedades gestoras especializadas, las cooperativas de vivienda logran
proyectos más resilientes y sostenibles, tanto económica
como ambientalmente. Su capacidad para integrar criterios ESG y fomentar
la cohesión vecinal convierte a este formato en una alternativa
sólida ante los desafíos actuales de habitabilidad y sostenibilidad.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El Paquete
de Primavera 2025 de la Comisión Europea alerta sobre la crisis
de la vivienda en España, destacando la urgente necesidad de impulsar
la vivienda social y asequible. Con un déficit estimado en 600.000
viviendas sociales, Bruselas pide aumentar la oferta de suelo y reducir
los plazos administrativos para licencias de construcción. Este
informe enfatiza cómo la escasez habitacional afecta negativamente
al crecimiento económico y a la movilidad laboral. A través
de medidas de financiación, incentivos fiscales y construcción
modular, el Gobierno deberá actuar para cerrar la brecha entre oferta
y demanda.
Según
el Paquete de Primavera 2025, dentro del Semestre Europeo, España
debería crecer alrededor del 2,6 % en 2025 y moderar su inflación
al 2,3 % ese mismo año (Comisión Europea, 2025). Sin embargo,
la crisis de la vivienda amenaza estas perspectivas. ¿Cómo
revertir un déficit de 600.000 viviendas sociales y mejorar el acceso
a una vivienda asequible? El informe propone reformas estructurales y un
uso eficiente de los fondos europeos para solventar cuellos de botella
administrativos y movilizar suelo público.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
Alcaldes europeos
exigen más recursos de la UE para la crisis de la vivienda
La última
encuesta Eurocities Pulse: Mayors Survey, realizada a 86 alcaldes de 26
países, sitúa el acceso a vivienda asequible como la segunda
gran preocupación tras el cambio climático. En 2023 apenas
figuraba en el top 10 de prioridades, pero hoy los municipios sufren protestas
por el alza continuada de alquileres y precios. Los alcaldes reclaman a
la UE mayor apoyo financiero (hasta 15.000 M € en fondos regionales)
y cambios normativos —en competencia y ayudas estatales, así como
en la regulación de alquileres turísticos— para coordinar
una respuesta eficaz. Este artículo analiza los resultados, propuestas
y retos presupuestarios que enfrentan las ciudades.
La vivienda
sube al podio de urgencias municipales. En apenas un año, el problema
de la vivienda pasó de ocupar posiciones bajas a convertirse en
la segunda prioridad para los alcaldes de Europa, según el sondeo
Eurocities Pulse realizado en primavera de 2024. El 63 % de los alcaldes
entrevistados mantiene el cambio climático como preocupación
número 1, pero ahora el acceso a vivienda asequible arrebató
el segundo puesto al desempleo y la movilidad urbana.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
La digitalización
de los procesos urbanísticos, potenciada por la inteligencia artificial,
acorta plazos de aprobación de suelos y proyectos, alivia la burocracia
y permite afrontar el déficit habitacional en Europa y Latinoamérica
con agilidad inédita.
Frente a retrasos
de dos a cinco años en la aprobación de desarrollos residenciales,
surge la Urbanística Digital: un enfoque que integra GIS, gemelos
digitales y algoritmos de IA para desplegar del “suelo al ladrillo” en
plazos hasta un 70 % inferiores a los tradicionales. Ya en marcha en ciudades
de Europa y Latinoamérica, este modelo promete mitigar el déficit
de vivienda acelerando trámites, reduciendo costes y mejorando la
transparencia.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El Banco de
España sitúa la sobrevaloración inmobiliaria en un
1,1–8,5 %, cifras moderadas que contrastan con la falta de oferta, el encarecimiento
de la hipoteca y la vulnerabilidad financiera de hogares y administraciones.
Detalle de
Informe de Estabilidad Financiera. Primavera 2025
El Banco de
España acaba de publicar su último informe de estabilidad
financiera, en el que estima que el precio de la vivienda en España
supera su valor de equilibrio solo entre un 1,1 % y un 8,5 %. Pese a este
moderado recalentamiento, la rigidez de la oferta, los plazos urbanísticos
extensos y el elevado esfuerzo hipotecario —con casi el 30 % de los hogares
destinando más del 30 % de su renta al pago— mantienen una fuerte
presión alcista en el mercado.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El PSOE ha
registrado hoy en el Congreso una proposición de ley que endurece
la fiscalidad de pisos turísticos (IVA 21 %), viviendas vacías,
compradores extracomunitarios y socimis, y amplía deducciones de
IRPF para rehabilitación energética. Sin embargo, tras el
rechazo parlamentario a gravar las socimis hace seis meses, su aprobación
depende de aliados como Junts, hoy reacios a apoyar la reforma.
En noviembre
de 2024, el Congreso frenó el «palo fiscal» al régimen
especial de las socimis (tributan solo al 1 %) tras un pacto inicial entre
PSOE y Sumar. A pesar de que se había acordado con los socios progresistas,
PSOE tumbó en comisión la enmienda que eliminaba ese régimen.
Junts y el PNV se negaron a respaldar la reforma fiscal, dejando al Ejecutivo
con los votos justos y poniendo en duda su capacidad de impulsar nuevos
gravámenes.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El senior coliving
y el cohousing en cooperativa emergen como soluciones habitacionales innovadoras
para personas mayores autónomas a partir de 60 años. Este
modelo combina viviendas privadas con espacios y servicios comunes —comedores,
salón social, gimnasio, salas de actividades— bajo una gestión
cooperativa y sin ánimo de lucro. Gracias a la financiación
compartida y a la gobernanza democrática, se optimizan costes de
mantenimiento y se refuerza la cohesión social, sin renunciar a
la independencia ni requerir cuidados intensivos.
España
afronta un reto demográfico sin precedentes: el 30 % de la población
superará los 65 años en 2035. El modelo tradicional de residencia
geriátrica choca con las expectativas de autonomía y calidad
de vida de este colectivo. Frente a la oferta de Senior Living, impulsada
por promotores institucionales y operadores internacionales, el coliving
y cohousing senior en forma de cooperativa propone una alternativa centrada
en el empoderamiento de los propios socios y en la optimización
del coste vital a largo plazo.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El sector inmobiliario
en Europa atraviesa una de sus coyunturas más críticas, marcada
por el aumento de los precios de la vivienda, la disminución de
la actividad constructiva y la creciente presión sobre los hogares.
La denominada crisis del coste de la vida, agravada por la escalada de
costes en materias primas, mano de obra y adquisición de terrenos,
está impactando de forma directa a la población, sobre todo
a familias de ingresos medios y bajos. En este contexto, la Federación
Europea de la Industria de la Construcción (FIEC), fundada en 1905,
se erige como un actor clave en la búsqueda de soluciones que promuevan
el desarrollo de una vivienda asequible y sostenible en el continente.
Aunque la
política de vivienda es competencia de los Estados miembros, la
dimensión del problema ha impulsado una intervención más
directa a nivel comunitario. Por primera vez, la cartera de la Comisión
Europea incorpora la vivienda como un elemento estratégico. La presidenta
de la Comisión, Ursula von der Leyen, subrayó la necesidad
de actuar frente a la crisis habitacional en sus directrices políticas
de julio de 2024, y designó al danés Dan Jorgensen como Comisionado
de Energía y Vivienda. Su mandato incluye la elaboración
de un plan europeo de vivienda asequible y una nueva estrategia
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
Mientras España
continúa destinando miles de millones de euros a la defensa, sin
un aumento significativo en el gasto en vivienda, surge el debate sobre
el potencial impacto de redirigir esos fondos hacia un plan estructural
para resolver el problema habitacional. En 2025, el Consejo de Ministros
aprobó, sin necesidad de la autorización explícita
del Parlamento, una transferencia de 2.084 millones de euros al Ministerio
de Defensa. Esta medida, justificada por “necesidades ineludibles” y en
línea con el objetivo de invertir el 2% del PIB en defensa, contrasta
con el estancamiento de la inversión en vivienda, donde España
invierte apenas 34 euros por habitante en ayudas, muy por debajo de la
media europea.
Para transformar
radicalmente el panorama habitacional en España y alcanzar un parque
público que represente entre el 15% y el 20% del total (lo que equivaldría
a 4,0 a 5,4 millones de viviendas), se necesitarían inversiones
anuales que oscilaran entre 27.000 y 54.000 millones de euros durante un
plan de 10 a 15 años. Estas cifras representarían aproximadamente
entre el 2% y el 3% del PIB español anualmente, un esfuerzo financiero
de magnitud comparable a otros grandes planes históricos, pero con
beneficios potenciales duraderos en términos de justicia social,
estabilidad económica y cohesión urbana.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
En plena crisis
de vivienda, el reciente Decreto-ley que permite levantar 20.000 Viviendas
de Protección Oficial (VPO) en Andalucía se enfrenta a un
gran obstáculo: la burocracia. Aunque la ley, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía el 3 de marzo, promete agilizar
el cambio de uso de parcelas destinadas a oficinas, alojamiento turístico
o dotacional privado, su aplicación queda en manos de los ayuntamientos.
Estos tienen hasta el 3 de marzo de 2026 para adoptar las medidas, un plazo
excesivamente largo que retrasa en años la transformación
de los proyectos habitacionales.
Expertos en
derecho y urbanismo señalan que, mientras más largo sea el
plazo para que las administraciones locales adopten estas medidas, mayor
será el riesgo de que se acumulen proyectos paralizados y se pierda
el impulso para solucionar la crisis habitacional. La coordinación
entre el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos
resulta fundamental para transformar las promesas en acciones concretas.
La necesidad de agilizar los procesos burocráticos es crítica
para evitar que las buenas intenciones se queden en papel y para garantizar
el derecho constitucional a una vivienda digna.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
España
afronta 2025 con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados por
segundo año consecutivo, mientras la crisis de la vivienda se ha
convertido en una de las mayores preocupaciones ciudadanas. En 2024, la
vivienda escaló al tercer puesto en problemas personales y al segundo
a nivel nacional, según datos del CIS, dejando en evidencia que,
sin nuevas cuentas públicas aprobadas, las políticas de vivienda
prometidas se encuentran en el aire.
La crisis
presupuestaria también afecta a los gobiernos autonómicos,
quienes dependen en gran medida de las transferencias estatales para financiar
sus iniciativas en materia de vivienda. Con la prórroga de los PGE,
las comunidades autónomas recibirán apenas un 0,7% más
de fondos en 2025, muy por debajo del salto que se esperaba. Esto pone
en riesgo la viabilidad de los planes regionales de vivienda, tal como
se ha evidenciado en Cataluña, donde iniciativas clave para la construcción
de 50.000 viviendas en cinco años se han visto gravemente afectadas.
A nivel municipal, la reducción de aportaciones estatales ha provocado
que muchos proyectos locales –desde la construcción de viviendas
sociales hasta la rehabilitación de barrios– se hayan ralentizado
o reducido, intensificando el malestar social.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El Gobierno
español se dispone a aumentar el presupuesto de defensa en al menos
3.500.000.000 euros, una decisión motivada por los crecientes compromisos
internacionales con la OTAN y la Unión Europea para alcanzar el
2% del PIB en gasto militar. Sin embargo, este refuerzo en la inversión
militar se produce en un contexto en el que la crisis de vivienda se ha
convertido en el principal problema social del país, con precios
de compra y alquiler en máximos históricos y amplios sectores
de la población incapaces de acceder a un hogar digno.
Al final,
la verdadera seguridad y prosperidad de un país se mide tanto por
su capacidad de defenderse de amenazas externas como por la de garantizar
el bienestar interno de su gente. España afronta en 2025 el reto
de demostrar que puede hacer ambas cosas. En juego no solo está
su credibilidad internacional, sino la cohesión social y la confianza
ciudadana en las instituciones. Las próximas decisiones presupuestarias
y reformas serán determinantes para inclinar la balanza hacia un
equilibrio que permita a los españoles vivir seguros y con un techo
digno sobre sus cabezas.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El mercado
inmobiliario tradicional ha evolucionado en los últimos años,
dando paso a nuevas estrategias de inversión y compraventa que permiten
a compradores y vendedores operar de manera discreta y eficiente. El Off-Market
Inmobiliario, o las operaciones fuera de mercado, se ha consolidado como
una opción atractiva para acceder a propiedades exclusivas sin la
exposición pública que caracteriza a los listados convencionales.
Esta modalidad se basa en la identificación y negociación
directa de oportunidades, aprovechando redes de contactos especializadas
y estrategias de marketing personalizadas.
El Off-Market
Inmobiliario se consolida como una alternativa inteligente y exclusiva
para la inversión en el sector. La capacidad de operar de manera
discreta y personalizada, sumada a la posibilidad de acceder a oportunidades
únicas, lo convierte en una herramienta esencial en un mercado saturado.
Para lograr el éxito en este ámbito, es indispensable contar
con un equipo de profesionales con amplios conocimientos del mercado, una
red de contactos sólida y el apoyo de herramientas tecnológicas
avanzadas que faciliten la verificación y negociación de
operaciones.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El sector
inmobiliario vive una revolución sin precedentes. La transformación
digital y la irrupción del metaverso han abierto nuevas posibilidades
para las agencias y promotores, que deben reinventarse para competir en
un entorno en constante evolución. Esta nueva era exige estrategias
que combinen la tradición del marketing inmobiliario con herramientas
y tecnologías emergentes, permitiendo crear experiencias virtuales
inmersivas y personalizadas que faciliten la captación y fidelización
de clientes.
La clave para
adaptarse a esta nueva era es la flexibilidad y la capacidad de innovación.
Las inmobiliarias deben invertir en formación y en la implementación
de nuevas tecnologías, adoptando estrategias de marketing que combinen
lo mejor de ambos mundos: el valor de la experiencia personal y el potencial
ilimitado de las plataformas digitales. Solo así podrán consolidarse
en un mercado cada vez más competitivo y exigente, donde el marketing
inmobiliario "mucho más que virtual" es la carta ganadora.
¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
El acceso a
una vivienda digna se ha convertido en una de las mayores preocupaciones
ciudadanas en España, superando incluso al desempleo. A pesar de
la existencia de propuestas técnicas viables y de la urgencia social
que demanda soluciones, en los últimos años no se ha logrado
un consenso político que conduzca a un pacto nacional de vivienda.
Este artículo examina en profundidad los factores que impiden alcanzar
un acuerdo sólido y duradero, analizando desde la polarización
política y la confrontación ideológica hasta la influencia
de los intereses económicos y la compleja distribución competencial
en materia de vivienda.
El debate
sobre la vivienda está atravesado por profundas divisiones ideológicas.
Por un lado, el bloque conservador apuesta por el libre mercado, proponiendo
la liberalización del suelo, incentivos a la construcción
y el fomento de la propiedad privada. Por otro, el bloque progresista defiende
la intervención estatal para promover vivienda pública, especialmente
en régimen de alquiler social, y establecer regulaciones que eviten
abusos en el mercado. La imposibilidad de conciliar estas posturas opuestas
–que interpretan de forma diametralmente contraria el derecho a la vivienda–
constituye uno de los principales frenos para alcanzar un acuerdo nacional.
