En la actualidad, la vivienda social en España representa apenas el 2,5% del parque residencial, muy por debajo de la media europea. Con solo 0,32 millones de viviendas públicas frente a los 26,9 millones totales, el déficit habitacional es alarmante. Según el Banco de España, se necesitarían unas 600.000 viviendas adicionales para paliar la crisis. Sin embargo, la producción anual ronda entre 80.000 y 100.000 viviendas, lo que dificulta alcanzar siquiera un mínimo de cobertura.

En las redes se ha abierto un debate artificial comparando el gasto en Defensa con el gasto en Vivienda. Algunos medios comparan indebidamente ambos gastos y señalan que “mientras el Gobierno destina miles de millones de euros al sector de la defensa sin contar con el visto bueno parlamentario, en el debate público surge una inquietud: ¿qué pasaría si ese dinero se invirtiera en vivienda? La transferencia extraordinaria de aproximadamente 2.084 millones de euros aprobada el pasado 8 de abril de 2025, destinada a modernizar las Fuerzas Armadas, pone en evidencia el desequilibrio en el gasto público. Mientras España aumenta su inversión en defensa para acercarse al objetivo del 2% del PIB, la crisis de vivienda –con escasez de oferta y alquileres disparados– sigue agravándose”. 

Expertos han planteado tres escenarios en los que los 2.084 millones de euros que se aprobarán mañana para el Ministerio de Defensa, podrían destinarse a solucionar el problema de la vivienda:

• Construcción de vivienda pública: Con un coste estimado de 80.000 a 100.000 euros por unidad, estos fondos podrían financiar entre 20.000 y 25.000 viviendas nuevas. Aunque estos números representarían solo alrededor del 4% del déficit, cada vivienda construida tendría un efecto multiplicador a lo largo del tiempo, al ser ocupada por diferentes familias y contribuir a moderar el mercado.
• Subvenciones al alquiler: Alternativamente, se podría proporcionar una ayuda de 250 euros mensuales a aproximadamente 700.000 hogares durante un año, o mantenerla durante dos años para unos 347.000 hogares. Esta medida aliviaría de forma inmediata la carga de alquiler, aunque sin aumentar la oferta de vivienda, y podría verse limitada si no se acompaña de políticas que incentiven la construcción.
• Compra y rehabilitación de viviendas vacías: Con un coste aproximado de 100.000 euros por vivienda (incluyendo precio de compra y reforma), se podrían reactivar alrededor de 20.000 viviendas desocupadas. Esta opción no solo incrementaría el parque habitacional, sino que también ayudaría a recuperar tejido urbano degradado.

Los cálculos muestran que para alcanzar un parque público del 15% –equivalente a 4 millones de viviendas– o incluso del 20% –alrededor de 5,4 millones–, se necesitarían inversiones de decenas de miles de millones de euros, repartidos a lo largo de 10 a 15 años. Por ejemplo, construir 25.000 viviendas a un coste medio de 80.000 euros implica una inversión total de aproximadamente 2.000 millones, lo que representa casi el 60% del gasto público reciente en vivienda. Aunque esta cifra es solo una fracción del déficit total, su impacto sería significativo, ya que cada vivienda pública se convierte en un activo social que mejora el acceso a un hogar digno.

Beneficios sociales, económicos y urbanos

Un parque público de vivienda robusto podría:

• Aliviar los precios del alquiler: Aumentar la oferta de vivienda asequible obligaría a los arrendadores privados a moderar sus precios, beneficiando a cientos de miles de inquilinos.
• Reducir la exclusión residencial: Proporcionar viviendas a colectivos vulnerables disminuiría el riesgo de desahucios y la sobrecarga económica de los hogares, reduciendo el sinhogarismo.
• Estabilizar el mercado inmobiliario: Un "colchón" de vivienda pública actúa como estabilizador, evitando ciclos de sobreoferta o escasez, y previniendo burbujas inmobiliarias.
• Mejorar la planificación urbana: La construcción de vivienda pública bien planificada contribuiría a regenerar barrios degradados, repoblar zonas rurales y revitalizar centros urbanos, fomentando la cohesión social y la integración.

El debate en las redes sociales sobre el gasto en defensa versus el estancamiento en el sector de la vivienda revela una oportunidad, o una utopía, para repensar las prioridades del gasto público. Si bien la transferencia de 2.084 millones de euros al Ministerio de Defensa responde a necesidades estratégicas internacionales, las redes sociales apuntan a que redirigir un importe similar hacia la vivienda podría transformar la vida de cientos de miles de familias. Aunque construir o rehabilitar unos 20.000 a 25.000 hogares no resolvería el problema en su totalidad, es un paso crucial que, combinado con subvenciones y medidas de rehabilitación, podría encaminar a España hacia un modelo de vivienda pública más justo y sostenible. Lograr un parque público que represente entre el 15% y el 20% del total del parque residencial demandaría una inversión ambiciosa –del orden de varios puntos del PIB anual durante una década o más– pero los beneficios en términos de justicia social, estabilidad económica y ordenación urbana serían incalculables.

AUTORÍA: Fernando López, Especialista en Economía y Políticas Públicas

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