| De momento,
la Comisión Europea ha establecido solo unos objetivos mínimos
a alcanzar en los Estados miembros, entre ellos el de renovar al menos
el 15% del parque inmobiliario de clase G, llevándolo al menos al
grado F el 1 de enero de 2027 para no -edificios residenciales y antes
del 1 de enero de 2030 para los residenciales. Bruselas no ha dado indicaciones
sobre cómo sancionar a los estados que no consigan los objetivos,
pero ha dejado a cada uno de ellos la libertad de encontrar los mejores
incentivos para estimular la reestructuración.
La directiva
tiene como objetivo reducir la contaminación generada por los edificios,
ya que estos son responsables de más de un tercio de las emisiones
de gases de efecto invernadero en la Unión Europea y el 75% de ellos
son ineficientes desde el punto de vista energético. Según
la Comisión Europea, la reducción de estas emisiones es un
paso fundamental para lograr la neutralidad climática en 2050. La
revisión de la directiva sobre la eficiencia energética de
los edificios forma parte del paquete " Fit to 55% " y tiene como objetivo
adoptar políticas más verdes para la construcción
en Europa.
La propuesta
original para la reforma de la eficiencia energética de los edificios
está siendo examinada actualmente por el Parlamento Europeo y el
Consejo de la Unión Europea, el organismo que agrupa a los estados
miembros. El proceso de toma de decisiones es largo y complejo, y el texto
puede sufrir cambios antes de ser adoptado. Recientemente, el Consejo realizó
cambios sustanciales a la propuesta, en particular al eliminar el requisito
de renovar al menos el 15 % de los edificios residenciales de clase G para
2030. Esto se hizo bajo la presión de un grupo de países,
conocido como "coalición de flexibilidad".
Sin embargo,
esta transición conlleva costes significativos para países
como España, Italia o Polonia, que tienen un parque inmobiliario
antiguo y una gran difusión de la propiedad inmobiliaria. En menos
de diez años, por lo tanto, se pide a los propietarios que intervengan
en sus viviendas y las renueven, pero sin las concesiones adecuadas, el
costo de la operación podría ser alto y recaer significativamente
sobre los ciudadanos.
La propuesta
del Consejo de la Unión Europea prevé dos importantes obligaciones
en materia de edificación: la primera es para las edificaciones
nuevas. A partir de 2028, todos los edificios propiedad de entidades públicas
tendrán que ser neutros en carbono, obligación que se extenderá
también a los edificios privados en 2030. Para los edificios no
residenciales, cada país deberá seleccionar el 15% de los
edificios con mejor rendimiento bajo para mejorar su eficiencia energética
para 2030 y, posteriormente, un 25% adicional para 2034. Algunos tipos
de edificios, como lugares de culto, edificios históricos y algunos
tipos específicos podrían excluirse del cálculo. Esta
propuesta está en línea con la original de la Comisión
Europea, y podría mantenerse en la versión final.
La propuesta
del Consejo de la Unión Europea prevé también el fin
de los incentivos a la compra de nuevas calderas de gas a partir de 2027,
una regulación en línea con otras legislaciones europeas,
que prevé la introducción de un impuesto ambiental para las
empresas que suministran gas para uso doméstico a partir de 2029.
Además, parece haber un acuerdo sobre el uso de paneles solares.
Según el texto acordado por los gobiernos, a finales de 2026 deberán
instalarse en todos los edificios públicos y no residenciales de
nueva construcción con una superficie útil cubierta superior
a 250 metros cuadrados. A finales de 2027, la misma obligación se
extenderá también a todos los edificios públicos y
no residenciales existentes que vayan a ser objeto de reformas importantes
o profundas con una superficie útil cubierta superior a 400 metros
cuadrados. Finalmente, a partir de 2030, la obligación también
afectará a todos los nuevos edificios residenciales.
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