| Todo ello
convierte a este modelo de vivienda en lugares más inclusivos y
sostenibles que facilitan la convivencia, la cooperación y el uso
responsable de los recursos naturales y energéticos que generan
claros beneficios sociales, económicos y medioambientales.
Otra de las
reformas en la Ley de Vivienda, que recoge el Decreto Ley, es la
regulación del Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso
a la vivienda 2022-2025, para adaptarse a la exigencia del artículo
65 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, que dispone: “En el supuesto
de adquisición de viviendas destinadas al incremento del parque
público de viviendas de titularidad autonómica o de las ciudades
de Ceuta y Melilla, la adjudicación directa de las ayudas podrá
ser reconocida a favor de la propia comunidad autónoma o ciudad
de Ceuta y Melilla previa norma de rango legal por ellas desarrollada que
lo habilite.”
Reformas en
la legislación urbanística
Una primera
reforma recogida en el Decreto Ley consiste en eximir del procedimiento
de autorización de uso en suelo rústico a las actuaciones
que, referidas a servicios esenciales -generación de energía,
ciclo del agua, telecomunicaciones-, solo supongan meras adecuaciones,
renovaciones o ampliaciones de usos ya previamente autorizados. Esta medida
ahorrará tiempos de tramitación y costes de gestión
a proyectos de relevante interés social sin rebajar las necesarias
garantías urbanísticas.
También
se eliminan exigencias documentales y de tramitación en las actuaciones
de regeneración, renovación y rehabilitación urbanas,
eximiendo del cómputo de edificabilidad a las intervenciones necesarias
para lograr una mayor eficiencia energética y accesibilidad en los
proyectos de rehabilitación.
La eliminación
de trámites, particularmente el de la necesidad de contar con un
instrumento de planeamiento en las actuaciones de rehabilitación,
cuando la actuación no comporte cambios en la ordenación
general o detallada vigente, simplifica notablemente todo el proceso y,
con ello, las posibilidades de acceso a la financiación europea,
cuyos plazos son particularmente breves.
Una última
reforma consiste en demorar la desclasificación de los suelos urbanizables
delimitados con uso residencial hasta el 19 de octubre de 2024, eliminando
la desclasificación de tales suelos cuando su uso predominante sea
distinto al residencial, esto es, comercial, industrial o productivo.
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