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En lo relativo a las AAU, señalar la necesidad de que las actividades existentes ahora sometidas a licencia de actividad incluidas en el Anexo I.B, deberán obtener su AAU en un plazo que va desde los 2 a los 5 años desde la entrada en vigor de esta Ley. Esto es aplicable a los gestores de residuos, las APCA sometidas a régimen de autorización, o algunas que presentan vertidos contaminantes a dominio público hidráulico.

Otra cuestión, es la introducción de la figura de los Proyectos de Interés Público Superior (PIPS), mecanismo que faculta al Gobierno Vasco para aprobar individualmente infraestructuras que considere de interés público, por encima de los criterios y consideraciones municipales. De este modo se pretende alargar la vida de determinados vertederos ahora existentes y poder poner en marcha otras infraestructuras para el tratamiento de los residuos necesarias para su recuperación o valorización.

ESTRUCTURA

Tal y como recoge su exposición de motivos, el Título I. Disposiciones Generales (arts. 1 a 6),  aborda las cuestiones generales de objeto, definiciones (que se completan de manera muy significativa en el anexo II.G), principios, derechos  y deberes como es habitual en casi todas las leyes.

El Título II. Competencias y coordinación de la política ambiental (arts. 7 a 12) se remite a la distribución competencial entre los tres niveles administrativos y a la definición del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

El Título III. Información y participación pública en materia ambiental (arts. 13 a 18) aborda las cuestiones instrumentales sobre información, participación, acción púbica y administración electrónica.

El Titulo IV. Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente (arts. 19 a 59) es uno de los dos grandes bloques de la ley con sus cinco capítulos vinculados a su vez al Anexo I. Este título viene a regular los 4 “niveles” de autorización de las actividades: la Autorización Ambiental Integrada (AAI), la novedosa Autorización Ambiental Única (AAU), una nueva regulación de la Licencia de Actividad Clasificada (LAC) y las Comunicaciones Previas de Actividad Clasificada (CPAC). El Anexo I distribuye los proyectos sometidos a AAI, AAU y actualiza las actividades sometidas a LAC y CAPC.

El Titulo V. Evaluación Ambiental (arts. 60 a 79) que se distribuye en tres capítulos vinculados a su vez al Anexo II. El primero sobre cuestiones procedimentales (con alguna importante advertencia sobre la nulidad de los planes, programas y proyectos no evaluados –art. 63- y sobre las exclusiones de evaluación ambiental –arts. 66 y 67- que ya habrá momento de volver a comentar en relación al Decreto 46/2020). El segundo sobre la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas (EAE) y el tercero sobre la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (EIA). El Anexo II distribuye los instrumentos sometidos a EAE ordinaria (con sus criterios) y simplificada, a EIA ordinaria (con sus criterios) y simplificada, y una última letra con importantes definiciones antes señalado.

El Título VI. Instrumentos de impulso de la mejora ambiental (arts. 80 a 89) recoge otros instrumentos innovadores sobre etiquetas, sistemas de gestión, compra pública verde, fiscalidad, investigación, educación y formación.

Y finalmente la ley se remata con otros tres títulos: VII. Inspección y Control Ambiental (arts. 90 a 96), VIII. Restauración de la legalidad ambiental y responsabilidad por daños medioambientales (arts. 97 a 104) y IX Régimen sancionador ambiental (arts. 105 a 120).

Además de las anteriormente señaladas DA, DT y DD merecen una reseña especial las 7 primeras Disposiciones Finales por las novedades que traen:

La DF1 modifica la LTH para redistribuir las competencias de las Licencias de Actividades Clasificadas en función del tipo de municipios.
La DF2 y la DF6 modifican la Ley de Sostenibilidad energética precisamente en los informes de sostenibilidad energética de los instrumentos de planeamiento y los objetivos de eficiencia energética.
Las DF3 y DF4 abordan la materia de vertidos al dominio hidráulico.
La DF5 introduce una importante modificación del artículo 3 de la LOT para acomodar los novedosos proyectos de interés público superior, que viene a configurar una nueva arquitectura conceptual en materia de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico.
La DF7 modifica la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación de suelos que amplia una determinación sobre las entidades acreditadas.

EVALUACIÓN AMBIENTAL

La Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de administración ambiental de Euskadi actualiza el régimen de la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos recogidos en el Anexo II. Se regulan así los procedimientos de evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada de planes y programas.

Con la finalidad de garantizar la participación efectiva de las personas que deban ser consultadas según lo dispuesto en la normativa sobre evaluación ambiental, se crea el Registro de Personas Interesadas en los Procedimientos de Evaluación Ambiental, que dependerá administrativamente del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

COMPRA PÚBLICA VERDE Y OTRAS MEDIDAS DE MEJORA AMBIENTAL

El texto contempla los instrumentos de impulso de la mejora ambiental, entre los cuales se encuentran los acuerdos medioambientales, el Sistema Comunitario de Gestión y Auditorias Medioambientales (EMAS) y la etiqueta ecológica de la Unión Europea.

La ley encomienda a las administraciones públicas la promoción de la compra pública verde. Así, para el caso de los contratos de obras, se contempla la posibilidad de establecer como condición la utilización de subproductos, materias primas secundarias o materiales reciclados. Se prevé la participación ciudadana en acciones de voluntariado para la realización de actividades de interés general con contenido ambiental y las acciones de reconocimiento para quienes contribuyan a la protección, conservación y difusión de los valores medioambientales.

INSPECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

En materia de inspección y el control ambiental la norma contempla, por un lado, las entidades de colaboración ambiental a las que las administraciones públicas pueden encomendar el desempeño de funciones de verificación y control de actividades. Por otro lado, la inspección ambiental que garantice la adecuación a la legalidad ambiental de las actividades sometidas a la ley es objeto de regulación en cuestiones como el personal encargado de las labores de control, vigilancia e inspección ambiental, que podrán realizarse bien directamente por el personal al servicio de las administraciones públicas o, por entidades de colaboración ambiental, la planificación de la inspección ambiental, que deberá plasmarse en planes que se elaborarán periódicamente con el contenido mínimo que la ley señala y que se concretarán en programas de inspección en los que se incluirán las frecuencias de las visitas para los distintos tipos de actividades con incidencia ambiental basándose en una evaluación sistemática de los riesgos medioambientales.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES Y RÉGIMEN SANCIONADOR

El texto regula también la restauración de la legalidad ambiental y la responsabilidad por daños ambientales. Detallan las medidas a adoptar para la legalización de las actividades en funcionamiento cuando no dispongan de autorización o licencia o no hayan sustanciado los trámites del procedimiento de comunicación previa, o cuando disponiendo de ellas se adviertan deficiencias en su funcionamiento. 

El procedimiento para restaurar la legalidad ambiental, autónomo del procedimiento sancionador, es también objeto de regulación, incluyendo la posible ejecución forzosa de las medidas que resulte oportuno adoptar.

La responsabilidad por daños ambientales se contempla con la finalidad de prevenir, evitar y reparar dichos daños cuando tengan carácter significativo, junto con las amenazas inminentes de que los mismos sean ocasionados.

El artículo 102 de la Ley hace compatibles esta responsabilidad medioambiental con el régimen de restauración de la legalidad ambiental y con el régimen sancionador administrativo previstos en la propia norma o en otras leyes sectoriales, así como con la responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido, aunque los hechos que la originen sean los mismos.

Finalmente, el texto regula el régimen sancionador ambiental y recoge la tipificación de los hechos constitutivos de infracción clasificándolos como muy graves, graves y leves. Se prevé la obligación de reponer la situación alterada como consecuencia de los hechos constitutivos de infracción, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración pública. Como medidas complementarias que desincentiven la comisión de infracciones se establece la prohibición de contratar con la Administración pública o la imposibilidad de obtener subvenciones públicas en aquellos casos en los que se hayan cometido infracciones muy graves o graves hasta que se hayan ejecutado las medidas protectoras y correctoras pertinentes o se haya satisfecho el importe de la sanción, así como la creación de un registro de infractores en el que se inscribirán las personas públicas y privadas sobre las que haya recaído una resolución firme. También se contempla la prestación ambiental sustitutoria de las sanciones consistentes en la imposición de multas, que podrá consistir en acciones de restauración, conservación o mejora del medio ambiente.