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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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  • 1ª Revista Iberoamericana de construcción, urbanismo e inmobiliario. 

12 de enero de 2022
 
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LA EXIGENCIA DE TRANSPARENCIA EN EL REPARTO AUTONÓMICO DE LOS FONDOS EUROPEOS LLEGA A LOS TRIBUNALES Y A EUROPA
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  • El 20 de enero de 2021, el grupo parlamentario europeo popular presentó una pregunta a la Comisión Europa sobre posibles criterios opacos y partidistas en el reparto de los fondos «Next Generation EU» entre las regiones españolas. La carta recordaba que varios responsables regionales españoles se dirigieron por carta a la presidenta de la Comisión Europea para denunciar la deficiente gestión del Gobierno de España respecto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La carta ponía en conocimiento de la Comisión que «los criterios de reparto de los fondos europeos en el territorio nacional se están imponiendo unilateralmente por el Gobierno de España, sin transparencia, con decisiones en nuestra opinión sectarias, poco democráticas, que tratan de beneficiar a ciertos territorios por razones políticas, lo que es claramente intolerable». Y preguntaba ¿cómo garantizará la Comisión que el Gobierno español utilice criterios transparentes y no partidistas en el reparto de los fondos del MRR entre las regiones españolas? 
La respuesta llegó el 24 de marzo de 2021  firmada por el vicepresidente ejecutivo Dombrovskis (ref P-000608/2021). El tenor literal de la repuesta era “que la cohesión social y territorial es uno de los seis pilares del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Reglamento reconoce que las autoridades regionales y locales son socios importantes en la aplicación de las reformas y las inversiones. Los planes de recuperación y resiliencia deben incluir un resumen del proceso de consulta con dichas autoridades en su elaboración, que debe llevarse a cabo de conformidad con el marco jurídico nacional. Los planes deben especificar cómo se reflejan las aportaciones de las partes interesadas. Debe incluirse información sobre el ámbito de aplicación, el tipo y el calendario de los esfuerzos de divulgación realizados, de conformidad con las orientaciones facilitadas a los Estados miembros sobre los planes de recuperación y resiliencia. Los planes también deben explicar los pasos previstos para hacer partícipes y consultar a las partes interesadas pertinentes en su aplicación. Este enfoque pretende mejorar la calidad de los planes de recuperación y resiliencia y aumentar la transparencia, así como garantizar la aplicación efectiva de las reformas y las inversiones. Si bien los planes de recuperación y resiliencia se elaboran a nivel nacional en aras de la coordinación y la coherencia, garantizar la asunción de responsabilidades a todos los niveles resulta fundamental para su eficacia, que es uno de los criterios utilizados por la Comisión al evaluar los planes. Los pagos en virtud del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están vinculados a la culminación satisfactoria de los hitos y los objetivos fijados en los planes de recuperación y resiliencia. Es responsabilidad de cada Estado miembro explorar cómo pueden beneficiarse del Mecanismo cada uno de los proyectos, teniendo en cuenta los retos regionales y locales, así como otros fondos europeos disponibles. Dado que la crisis no ha afectado a todas las regiones y localidades de la misma manera, se espera que los planes de recuperación y resiliencia reflejen los efectos distributivos y tengan en cuenta las diferencias entre regiones de manera transparente. La Comisión anima a las autoridades españolas a intensificar los esfuerzos de cooperación entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la aplicación efectiva del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de otros fondos de la UE”.

 
CONCESIÓN Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (P3)

PPP «PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP» O ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA APP


El 21 de junio de 2021 los miembros de la Coalición Pro Acceso y de la Plataforma Open Generation enviaron una carta a Mercedes Caballero Fernández, Secretaria General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. La carta decía literalmente “queremos manifestar nuestra más profunda preocupación por la falta de compromisos sólidos en materia de transparencia dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: España Puede. En una investigación1 reciente llevada a cabo por la Coalición para la Contratación Pública Abierta en la UE2, una plataforma compuesta por distintas organizaciones no gubernamentales pro transparencia en la contratación pública a nivel europeo, se ha puesto en evidencia el olvido de la transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas como elementos fundamentales para evitar la corrupción y el mal uso de los recursos que recibirán los Estados miembros. El Plan español recibe una puntuación de 2 sobre 6, ya que establece que realizará la publicación proactiva de la información relacionada a los fondos y, además, la realizará en un portal único que facilitará la consulta de cualquier interesado. Sin embargo, suspende cuando se trata de publicar la información sobre los beneficiarios de los fondos, los informes de auditoría y los que deben remitirse a la Comisión Europea, así como la publicación de cualquier información relacionada con los fondos en formato de datos abiertos. Desde la Coalición Pro Acceso y de la Plataforma Open Generation EU apoyamos las demandas realizadas en el informe anteriormente mencionado, entre ellas:
• Debe garantizarse la publicación de la información de los beneficiarios finales de los fondos, obtenidos mediante subvención o contratos, así como también una explicación sobre el destino de los fondos.
• Publicidad de los informes enviados a la Comisión Europea y los de auditoría.
• La información debe publicarse en formato de datos abiertos.
• Garantizar una publicidad proactiva amplia y actualizada sobre el uso de los fondos: Para ello es necesario el desarrollo de un catálogo de la información, dentro del Real Decreto-Ley 36/2020 que regula estos fondos, que deberá indicar la información que se publicará, los responsables de la publicación y la frecuencia con la que deberá hacerse.
• Garantizar el derecho de acceso a la información de aquella información que no se encuentre publicada de forma proactiva: Por lo que deberá señalarse que será aplicable las disposiciones sobre acceso a la información y reclamaciones establecidas en la Ley 19/2013, 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
• Garantizar la transparencia de todas las fases de la contratación pública que se haga con estos fondos, incluso aquellas que se hagan mediante procedimientos especiales, tales como la contratación pública de emergencia. Así como motivar aquellos contratos que gocen de las flexibilizaciones señaladas en el Real Decreto-Ley 36/2020 que regula el manejo de estos fondos.
• Garantizar la participación de los diversos sectores de la sociedad en la planificación, desarrollo, gestión y ejecución de los fondos. Entre los cuales deben estar las organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, expertos y ciudadanía en general. La forma en que se llevará a cabo este proceso participativo debe estar claramente establecido en la norma que regula estos fondos, incluyendo los canales de información que se utilizarán para procurar la efectiva participación de estos actores”.


JUDICIALIZACIÓN DEL REPARTO DE FONDOS EUROPEOS ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra un decreto del Ejecutivo central que distribuye nueve millones de euros de los fondos europeos entre el País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana. 

A juicio de la Comunidad de Madrid, la decisión del Consejo de Ministros es “arbitraria”, carece de transparencia, y no responde a los mecanismos de distribución de las ayudas comunitarias decididos en las distintas conferencias sectoriales. 

Según el consejero de Economía y Hacienda regional, Javier Fernández-Lasquetty, “el 24 de agosto se publicó la orden en la que se indicaba la cantidad de fondos que iba a gestionar cada comunidad”,

Ha detallado que Madrid ya ha recibido 994 millones de euros de los fondos europeos destinados a financiar la recuperación de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. “Nuestra sorpresa llega cuando en octubre el Consejo de Ministros, por real decreto, le asigna una subvención directa a País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura, sin justificación, y al margen del reparto aprobado y del cauce establecido”, ha mantenido. “En nuestra opinión, eso supone un uso arbitrario de los fondos, y si no levantamos el dedo, podemos encontrarnos con que este sea el primero de una larga serie, y ahí no sabríamos de cuántos recursos estaríamos hablando”.

Según el real decreto publicado en el Boletín oficial del Estado, los nueve millones de euros se distribuirían de la siguiente manera: tres para Navarra, y dos para Extremadura, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Su destino, según recoge ese texto, son proyectos de “colectivos especialmente vulnerables” y “emprendimiento y microempresas”.

Bruselas avaló las primeras reformas del plan de recuperación de España y autorizó la entrega de 10.000 millones de ayudas a principios de diciembre. Antes y después de ese hito, la Comunidad de Madrid ha criticado los criterios de distribución de los fondos, al considerarlos poco transparentes y diseñados para perjudicar a los intereses regionales. Una tesis en la que ha insistido el portavoz gubernamental del Ejecutivo de Díaz Ayuso, Enrique Ossorio.

“Estamos muy disgustados con el reparto de los fondos europeos”, ha dicho el también consejero de Educación. “Es muy triste que se utilicen criterios sectarios o partidistas para su reparto. Es de las cosas más tristes que pueden suceder”, ha añadido. Y sobre la denuncia ante el Supremo, ha añadido: “Este es un caso flagrante”.

ANTECEDENTES 2021

El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, envió el pasado año una carta al Ministerio de Hacienda exigiéndole que proporcione «una explicación adecuada» en base al agravio, a juicio del ejecutivo regional, intencionado, de Sánchez contra Madrid a cambio de beneficiar a sus «socios independentistas». «No se puede entender cómo se ha calculado el impacto de la crisis en cada comunidad, dado que, a día de hoy, esa cifra no existe», exponía Lasquetty en la misiva. «Si no aclara en qué datos se apoya el reparto del fondo, tendremos que pensar que ha existido algún grado de arbitrariedad en su distribución».

  

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