| El gobierno
también podría reformar el impuesto sobre la renta mediante
la armonización de la tributación regional. El presupuesto
estatal de 2021 ya aumentó el impuesto sobre la renta en España
en 2 puntos porcentuales para aquellos con una renta anual superior a 300.000
€. Esta medida elevó el tipo impositivo legal máximo
al 50 por ciento en Cataluña y Asturias y al 51,5 por ciento en
La Rioja.
La reforma
de las pensiones está destinada a aumentar las cotizaciones de los
autónomos a la seguridad social. Esto aumentará las contribuciones
a la seguridad social pagadas al estado, con un efecto negativo en la recaudación
del impuesto sobre la renta que va a las autonomías. Esta diferencia
debería compensarse a favor de las autonomías por su pérdida
de ingresos.
En cuanto a
los impuestos indirectos, se limitará el uso de tipos reducidos
de IVA y exenciones durante los próximos años.
España
podría obtener ingresos (sin mucho daño económico)
de la reforma del IVA, ya que sus ingresos son menos sensibles a
las recesiones económicas que los impuestos sobre la renta
o las sociedades. La recaudación del IVA podría aumentar
hasta en 26,97 puntos porcentuales si se eliminan los tipos reducidos y
las exenciones.
Los aumentos
de impuestos implementados a corto plazo podrían socavar la recuperación
económica. España debería centrarse en implementar
reformas fiscales que tengan el potencial de estimular la recuperación
económica mediante el apoyo a la inversión privada y el empleo
al tiempo que aumentan su competitividad fiscal interna e internacional.
Y lo que es
más importante, Europa debería poner el ojo en los gastos
más que en la fiscalidad, porque con un gasto excesivo por burocracia,
duplicidades y gasto no imprescindible, no hay impuestos que los cubran.
Por ejemplo, limitar el gasto a tener la competencia. Si no se tiene la
competencia no se puede asumir ese gasto.
En todo caso,
la reforma fiscal es irreversible y Europa exigirá consenso de los
dos principales partidos.
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