| El Ministerio
ha recurrido a los Presupuestos para sacar los concursos de algunas de
las obras previstas en el PIC. Son los que tenían el proyecto constructivo
más ultimado. Para el nuevo plan privado prevé incluir otros
que también estaban avanzados, como alguno de los que aún
no ha licitado en Murcia. La idea es que los contratos tengan un volumen
de inversión de alrededor de 200 millones de euros.
SITUACIÓN
ACTUAL DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE
Dos nuevos
tramos de la AP-7, entre Tarragona y La Jonquera (Gerona) y entre Montmeló
y el Papiol. Pasarán a ser gestionadas por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. El tramo Alicante-Tarragona, de 373 km, ya se
había liberalizado.
Autopista
AP-2 Zaragoza-Mediterráneo (Zaragoza-El Vendrell).
C-32 (Barcelona-Lloret
de Mar) y C-33 (Barcelona-Montmeló), que serán competencia
de la Generalitat de Catalunya.
En total habrá
640 km más liberalizados. Queda por saber cuál será
el coste de la explotación y conservación de estas vías,
así como el impacto en el flujo de tráfico, que se intensificará
sobre todo en la AP-7.
Cabe apuntar
que seguirán siendo de pago los tramos de la AP-7 de Crevillente
(Alicante)-Cartagena (Murcia), Cartagena-Vera (Almería) y la autopista
de Circunvalación de Alicante. También los de Torremolinos-Guadiaro
y Benalmádena-Estepona.
Hasta la fecha,
estas son las autopistas de peaje que ya son gratuitas:
Desde el 1
de diciembre de 2018: AP-1, Autopista del Norte. Une las localidades de
Armiñán (Vitoria) y Burgos.
Desde el 1
de enero de 2020: AP-4, que enlaza las ciudades de Sevilla y Cádiz,
y la AP-7 en el tramo que discurre entre Alicante y Tarragona. Ambas de
Abertis.
Esto ha supuesto
467 kilómetros libres de peaje; 373 kilómetros correspondientes
al tramo de la AP-7 y 93,8 kilómetros a la AP-4. Pero también
trae consigo un aumento de gasto en materia de mantenimiento que deberán
asumir las arcas del Estado.
CONCESIÓN
A 25 AÑOS ENTRE ALICANTE Y MURCIA
Transportes
lanza la primera concesión a 25 años, entre Alicante y Murcia,
de un plan de inversiones que ascenderá hasta los 5.000 millones
de euros si se completa con éxito.
El plan privado
de carreteras vuelve a hacerse realidad después de estar guardado
en un cajón más de tres años. El Ministerio de Transportes
ha conseguido luz verde para relanzar la inversión pública
con un plan que podría ascender a más de 5.000 mil
El Ministerio
de Transportes ha aprobado un plan que podría ascender a más
de 5.000 millones de euros para modernizar 2.000 kilómetros de carreteras
de alta capacidad.
Según
informa Expansión, el proyecto defendido por el Ministerio de José
Luis Ábalos, después de superar las resistencias en Bruselas
y de adaptarse las condiciones del sistema de contratación español,
supone una inyección de optimismo para el sector de infraestructuras
de transporte, muy tocado en 2020 por la caída de la licitación
pública en el mercado doméstico debido al impacto del Covid.
ACS, Sacyr,
OHL, Ferrovial, Acciona y FCC, entre otros, han manifestado interés
por participar en el plan que, por sus características, también
atraerá a grandes fondos de inversión en infraestructuras
como Ardian, Meridiam y John Laing, entre otros.
La primera
concesión seleccionada por el Ministerio de Transportes para poner
a prueba la iniciativa público-privada será la concesión
de la autovía del Mediterráneo A-7, entre Alicante (Crevillente)
y Murcia. En concreto, Transportes ha iniciado el trámite de la
licitación con el sometimiento del estudio de viabilidad a información
pública.
Los términos
del contrato de concesión para la ejecución, conservación
y explotación del tramo servirán de modelo para el resto
de proyectos que el Gobierno espera licitar de manera escalonada.
El plazo de
explotación será de 25 años. En el caso del tramo
de la A-7, el consorcio encargado estará obligado a redactar los
proyectos de construcción y ejecutar las obras del tramo B del arco
Norte de Murcia, del tercer carril de la autovía A-7 entre Crevillente
(enlace con AP-7) y el enlace de Orihuela, ambos en la provincia de Alicante,
y entre el enlace de Orihuela y el enlace de Monteagudo (Murcia). Se trata
de un corredor de casi 40 kilómetros de longitud con un presupuesto
de inversión en obras de 200 millones de euros.
Según
el Ministerio de Transportes, el contratista se encargará de realizar
las obras de reposición y gran reparación para mantener las
autovías en buenas condiciones de servicio en los 25 años
de explotación. Además, realizará labores de conservación
ordinaria, atención a la vialidad y explotación de la carretera.
Una novedad
del nuevo contrato de concesión destaca que la expropiación
forzosa de los terrenos necesarios para la construcción se llevará
a cabo por parte de la Administración.
Por otro lado,
el mecanismo previsto de retribución al concesionario consistirá
en un canon mensual que varía en función del uso de la carretera,
la seguridad vial, la disponibilidad y el porcentaje de la inversión
realizada.
Lamentablemente
no se ha mejorado la rentabilidad de los proyectos, limitada por la ley
de desindexación de la economía. Esto en la práctica
reduce el interés de los inversores.
Según
ese límite legal, la tasa de descuento se referencia al bono español
a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos.
A los precios actuales, la rentabilidad se situaría en el 2,3%,
muy baja para abordar proyectos con riesgos de construcción y de
disponibilidad, según las empresas.
“Si no se mejora
la rentabilidad es más difícil atraer el interés de
los inversores”, alertaron hace unos días desde la patronal Seopan,
que propone como solución que sean los órganos de contratación
públicos los que, a la vista de los costes reales del mercado financiero,
sean los que fijen la tasa de descuento.
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