NOTICIAS INMOBILIARIAS PROFESIONALES.
NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

  • 1ª Revista Iberoamericana de construcción, urbanismo e inmobiliario. 

4 de marzo de 2021
 
NOTICIA ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. ©

EL MACROPLAN DE CARRETERAS DEPENDE DE LA CONCESIÓN PÚBLICO PRIVADA Y FALLA EN LA RENTABILIDAD.
¿Qué guía práctica soluciona este tipo de casos? Convertir conocimiento en valor añadido > Herramienta práctica >Guías prácticas
¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • Se amplía la concesión a 25 años pero no se mejora la rentabilidad.
  • El plan de colaboración público-privada de carreteras del Ministerio de Fomento comprende contratos que ya incorporan el proyecto de construcción, de manera que las constructoras no participan en el diseño del mismo  
  • El plan no incorpora finalmente el pago anticipado del 50% de las certificaciones de obra. El cobro por la construcción y mantenimiento se instrumentará a través de un canon.
  • Concesión a 25 años entre Alicante y Murcia. La primera concesión seleccionada por el Ministerio de Transportes para poner a prueba la iniciativa público-privada será la concesión de la autovía del Mediterráneo A-7, entre Alicante (Crevillente) y Murcia. En concreto, Transportes ha iniciado el trámite de la licitación con el sometimiento del estudio de viabilidad a información pública.
  • Una novedad del nuevo contrato de concesión destaca que la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la construcción se llevará a cabo por parte de la Administración.
  • Lamentablemente no se ha mejorado la rentabilidad de los proyectos, limitada por la ley de desindexación de la economía. Esto en la práctica reduce el interés de los inversores.
El nuevo plan de inversión en carreteras, que para 2019 movilizará proyectos por un importe aproximado de 1.000 millones de euros, elimina el riesgo expropiatorio para las empresas, frente a lo que ocurría en el programa original, y limita el plazo de obra y concesión a 10 años. Asimismo, la rentabilidad se circunscribe a lo que marca la ley de Desindexación de la economía, es decir, el bono del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos. Una rentabilidad a priori insuficiente para los fondos de inversión, pero que sí podría resultar interesante para los bancos, señalan en el sector. El plan no incorpora finalmente el pago anticipado del 50% de las certificaciones de obra. El cobro por la construcción y mantenimiento se instrumentará a través de un canon. A cambio se licitarán los contratos con proyectos constructivos, a los que podrán presentarse variantes. 

 
CONCESIÓN Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (P3)

PPP «PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP» O ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA APP

El Ministerio ha recurrido a los Presupuestos para sacar los concursos de algunas de las obras previstas en el PIC. Son los que tenían el proyecto constructivo más ultimado. Para el nuevo plan privado prevé incluir otros que también estaban avanzados, como alguno de los que aún no ha licitado en Murcia. La idea es que los contratos tengan un volumen de inversión de alrededor de 200 millones de euros.

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS AUTOPISTAS DE PEAJE

Dos nuevos tramos de la AP-7, entre Tarragona y La Jonquera (Gerona) y entre Montmeló y el Papiol. Pasarán a ser gestionadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El tramo Alicante-Tarragona, de 373 km, ya se había liberalizado.
Autopista AP-2 Zaragoza-Mediterráneo (Zaragoza-El Vendrell).

C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33 (Barcelona-Montmeló), que serán competencia de la Generalitat de Catalunya.

En total habrá 640 km más liberalizados. Queda por saber cuál será el coste de la explotación y conservación de estas vías, así como el impacto en el flujo de tráfico, que se intensificará sobre todo en la AP-7.

Cabe apuntar que seguirán siendo de pago los tramos de la AP-7 de Crevillente (Alicante)-Cartagena (Murcia), Cartagena-Vera (Almería) y la autopista de Circunvalación de Alicante. También los de Torremolinos-Guadiaro y Benalmádena-Estepona.

Hasta la fecha, estas son las autopistas de peaje que ya son gratuitas:

Desde el 1 de diciembre de 2018: AP-1, Autopista del Norte. Une las localidades de Armiñán (Vitoria) y Burgos.

Desde el 1 de enero de 2020: AP-4, que enlaza las ciudades de Sevilla y Cádiz, y la AP-7 en el tramo que discurre entre Alicante y Tarragona. Ambas de Abertis.

Esto ha supuesto 467 kilómetros libres de peaje; 373 kilómetros correspondientes al tramo de la AP-7 y 93,8 kilómetros a la AP-4. Pero también trae consigo un aumento de gasto en materia de mantenimiento que deberán asumir las arcas del Estado.

CONCESIÓN A 25 AÑOS ENTRE ALICANTE Y MURCIA

Transportes lanza la primera concesión a 25 años, entre Alicante y Murcia, de un plan de inversiones que ascenderá hasta los 5.000 millones de euros si se completa con éxito.

El plan privado de carreteras vuelve a hacerse realidad después de estar guardado en un cajón más de tres años. El Ministerio de Transportes ha conseguido luz verde para relanzar la inversión pública con un plan que podría ascender a más de 5.000 mil

El Ministerio de Transportes ha aprobado un plan que podría ascender a más de 5.000 millones de euros para modernizar 2.000 kilómetros de carreteras de alta capacidad.

Según informa Expansión, el proyecto defendido por el Ministerio de José Luis Ábalos, después de superar las resistencias en Bruselas y de adaptarse las condiciones del sistema de contratación español, supone una inyección de optimismo para el sector de infraestructuras de transporte, muy tocado en 2020 por la caída de la licitación pública en el mercado doméstico debido al impacto del Covid.

ACS, Sacyr, OHL, Ferrovial, Acciona y FCC, entre otros, han manifestado interés por participar en el plan que, por sus características, también atraerá a grandes fondos de inversión en infraestructuras como Ardian, Meridiam y John Laing, entre otros.

La primera concesión seleccionada por el Ministerio de Transportes para poner a prueba la iniciativa público-privada será la concesión de la autovía del Mediterráneo A-7, entre Alicante (Crevillente) y Murcia. En concreto, Transportes ha iniciado el trámite de la licitación con el sometimiento del estudio de viabilidad a información pública.

Los términos del contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación del tramo servirán de modelo para el resto de proyectos que el Gobierno espera licitar de manera escalonada.

El plazo de explotación será de 25 años. En el caso del tramo de la A-7, el consorcio encargado estará obligado a redactar los proyectos de construcción y ejecutar las obras del tramo B del arco Norte de Murcia, del tercer carril de la autovía A-7 entre Crevillente (enlace con AP-7) y el enlace de Orihuela, ambos en la provincia de Alicante, y entre el enlace de Orihuela y el enlace de Monteagudo (Murcia). Se trata de un corredor de casi 40 kilómetros de longitud con un presupuesto de inversión en obras de 200 millones de euros.

Según el Ministerio de Transportes, el contratista se encargará de realizar las obras de reposición y gran reparación para mantener las autovías en buenas condiciones de servicio en los 25 años de explotación. Además, realizará labores de conservación ordinaria, atención a la vialidad y explotación de la carretera.

Una novedad del nuevo contrato de concesión destaca que la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la construcción se llevará a cabo por parte de la Administración.

Por otro lado, el mecanismo previsto de retribución al concesionario consistirá en un canon mensual que varía en función del uso de la carretera, la seguridad vial, la disponibilidad y el porcentaje de la inversión realizada.

Lamentablemente no se ha mejorado la rentabilidad de los proyectos, limitada por la ley de desindexación de la economía. Esto en la práctica reduce el interés de los inversores.

Según ese límite legal, la tasa de descuento se referencia al bono español a 10 años más un diferencial de 200 puntos básicos. A los precios actuales, la rentabilidad se situaría en el 2,3%, muy baja para abordar proyectos con riesgos de construcción y de disponibilidad, según las empresas. 

“Si no se mejora la rentabilidad es más difícil atraer el interés de los inversores”, alertaron hace unos días desde la patronal Seopan, que propone como solución que sean los órganos de contratación públicos los que, a la vista de los costes reales del mercado financiero, sean los que fijen la tasa de descuento.
 

Copyright © inmoley.com Todos los derechos reservados. El uso anagramas,  símobolos o información sin autorización expresa de inmoley.com  y al margen de las condiciones generales de contratación de inmoley.com, será perseguido judicialmente.

ir a inicio de página
 
Volver a la página anterior