Decisiones
a adoptar
Necesario actuar
en dos palancas:
i)
Recuperar el modelo concesional en la contratación con nuevas fórmulas
(dinámicas y equilibradas) que posibiliten nuevos planes de concesiones
de las AAPP, siendo preciso:
-
Revisar varios
aspectos de la Ley 2/2015 de Desindexación y su normativo de desarrollo
(RD 55/2017) que, a día de hoy, constituyen un serio obstáculo
al desincentivar la captación de financiación privada,
-
Dotar a la Oficina
Nacional de Evaluación (ONE) de los medios necesarios para que pueda
realizar su función.
ii) Implementar
Nuevos modelos de gestión de infraestructuras públicas con
mayor participación del capital privado y de los usuarios en su
sostenibilidad.
Según el
informe anual publicado por Seopan, las bajas en los ministerios inversores
del Estado (Transportes y Medioambiente) se situaron por encima del 24%
sobre los presupuestos de licitación, pese a que 2019 fue un año
de recuperación en términos de contratación y de licitación
de proyecto. La temeridad fue más alta en la Administración
central que en la territorial.
La licitación
para el conjunto del Estado se situó en 11.298 millones, un 2% más,
mientras que la contratación de obras alcanzó los 9.890 millones,
un 39% más. Según Seopan, los grupos empresariales no han
aprendido nada de la última crisis y siguen con niveles de riesgo
y agresividad de antes de 2010.
La patronal
de sector cree que la situación de España es preocupante,
sobre todo, de cara al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible
2030 marcados por la ONU. Según sus estimaciones, España
necesita 103.000 millones de euros de inversión para cumplir con
los estándares medioambientales en los sectores del agua, saneamiento,
tratamiento de residuos y movilidad urbana e interurbana, entre otros.
La asociación
de las grandes constructoras estima que el Gobierno, que ha abandonado
el modelo concesional por completo, debe recuperar las fórmulas
de colaboración público privada. Entre ellas, reiteran la
idea de incorporar un peaje blando en las principales vías de transporte
(14.000 kilómetros), que supondrían un impacto con cargo
al sector privado de 104.000 millones, ingresos tributarios anuales de
4.700 millones y ahorros en el gasto de conservación de 850 millones
de euros al año.
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