| AL EVITAR
LA FRAGMENTACIÓN EN LOS MERCADOS DE DEUDA SOBERANA, SE EVITARÁ
UNA CRISIS CREDITICIA.
La política
fiscal tiene que ser la primera línea de defensa, y los déficits
fiscales serán la consecuencia de las medidas que los gobiernos
han tomado y seguirán tomando para enfrentar el impacto de la pandemia.
El gasto público tiene que centrarse en la pandemia, por ejemplo,
en licencias o planes de garantía pública, asistencia sanitaria,
etc. Como resultado, es evidente que habrá mayores ratios de deuda
pública. Pero a medio plazo, una vez superada la pandemia, será
necesario abordar la situación para garantizar la sostenibilidad
de las finanzas públicas.
Por causa de
la pandemia, no había alternativa al gasto y, en el mediano plazo,
habrá mayores ratios de deuda pública.
Esto será
el gran reto una vez que termine la pandemia.
La respuesta
a esta crisis ha sido bastante diferente a la de hace diez años,
cuando comenzó la crisis de la eurozona, porque entonces la narrativa
constante era que no podíamos permitir que la deuda pública
aumentase.
Esta vez es
diferente. Esta crisis no ha sido provocada por problemas bancarios o de
estabilidad financiera, como fue el caso en 2008. Este es un shock exógeno
de una magnitud que no hemos visto desde el final de la Segunda Guerra
Mundial. La respuesta fue la única disponible: medidas fiscales
como primera línea de defensa, acompañadas de política
monetaria. No actuar rápidamente habría provocado una caída
aún más profunda del PIB.
LA COLABORACIÓN
PÚBLICO PRIVADA
La semana pasada
se filtró un proyecto de Decreto que especifica cómo se canalizarán
los miles de millones de euros en fondos europeos de estímulo financiero
para transferir 750.000 millones de euros. La cantidad asignada a España,
140 mil millones de euros, incluidos 72 mil millones de euros en subvenciones
El fondo Next
Generation EU es una respuesta muy positiva, no solo por su tamaño,
sino también porque envía una señal muy clara de la
voluntad común de defender a Europa y la zona del euro. Y en lo
que respecta a los fondos, de hecho, no se trata de gastar, sino de gastar
adecuadamente, a través de programas que puedan transformar la economía
europea y acompañar las reformas estructurales necesarias para mejorar
la productividad y mejorar la competitividad. La Comisión Europea
supervisará este gasto. Si este dinero no se gasta adecuadamente,
estaremos perdiendo una gran oportunidad para hacer que la economía
europea sea más verde, más digital y más competitiva.
El proyecto
de real decreto especifica que la mayoría de las ayudas serán
para Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación
Económica (PERTE). Estos proyectos fomentarán las alianzas
público-privadas para “fortalecer aquellos proyectos” que contribuyan
“al crecimiento económico, el empleo y la competitividad de nuestro
país”.
El proyecto
de real decreto está diseñado para grandes corporaciones
y bancos, quienes, dada la “magnitud de los riesgos asociados con estos
proyectos”, trabajarán en estrecha colaboración con el estado.
Debido a la complejidad de estos proyectos, el nivel de recursos requeridos
y el volumen de inversión, sus principales objetivos son claramente
empresas del Ibex 35 de España y no pequeñas empresas, como
las que forman más del 90% del sector español de la construcción.
La idea es
que el PERTE canalice parte de los fondos para generar proyectos de tracción,
liderados por grandes empresas, pero en los que también entrarán
en ejecución pequeñas y medianas empresas y en los que el
Estado participe activamente en su diseño. Un ejemplo sería
crear la infraestructura necesaria para desarrollar la cadena de valor
del coche eléctrico en España, desde la fábrica de
baterías hasta los cargadores en los centros urbanos donde los usuarios
enchufan los vehículos.
La Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) está diseñando
20 “macroproyectos” y los presentará al Estado en las próximas
semanas.
Un problema
adicional es que España, tradicionalmente, se ha enfrentado a problemas
con el desembolso de fondos de la UE. Por lo tanto, se ha diseñado
un nuevo procedimiento de seguimiento rápido con controles y supervisión
más bajos.
Para evitar
que el “exceso de burocracia”, el decreto establece que la gestión
de estos proyectos tendrá prioridad sobre cualquier otro, y el órgano
de control deberá dictaminar dentro de cinco días hábiles.
No obstante, cuando por circunstancias excepcionales se produzca una acumulación
de expedientes que impida el cumplimiento del plazo de cinco días
hábiles, la Administración del Estado adoptará las
medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de este plazo.
De manera significativa,
las grandes empresas pueden recibir financiación anticipada incluso
antes de que comience el proyecto. Esto oscila entre el 50 y el 90 por
ciento.
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