| El sector
inmobiliario y las administraciones demandan una mayor colaboración
público privada en un contexto como el actual, marcado por el coronavirus,
con el objetivo de ofrecer más músculo ante las limitaciones
presupuestarias en actuaciones, por ejemplo, de rehabilitación y
regeneración.
En este sentido,
el delegado del área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento
de Madrid, Mariano Fuentes, ha reconocido que para ello las administraciones
deben ofrecer al sector privado certidumbre, seguridad jurídica,
confianza y diálogo.
Por ello, ante
la mayor crisis sanitaria, económica y social que atraviesa España,
ha insistido en la importancia de trabajar mano a mano con el sector privado
ya que la administraciones no tienen el músculo suficiente para
abordar todos los cambios, como la rehabilitación y la regeneración
urbana.
Por su parte,
en el marco de SIMAPRO, el director general de Vivienda y Rehabilitación
de la Comunidad de Madrid, José María García, ha coincidido
en que es fundamental el apoyo financiero del sector privado dadas las
limitaciones de las administraciones y ha agregado que esta crisis sanitaria
ha generado una escucha activa y un diálogo continuo con el sector.
Asimismo, ha
subrayado las actuaciones puestas en marcha por la Comunidad para desburocratizar
el urbanismo y agilizar los trámites de las licencias, así
como los planes junto al Ayuntamiento para sacar adelante Madrid Nuevo
Norte, desarrollos inmobiliarios en el sureste o para identificar 10 áreas
de regeneración que abarcan 15.000 viviendas para los próximos
años.
El presidente
de la patronal de promotores de Madrid, Asprima, José Antonio Gómez-Pintado,
ha recalcado que la confianza es necesaria y que no se deben poner trabas
a la modernización del urbanismo. Además, ha insistido en
un plan de ayudas para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda
gracias a mecanismos como los avales.
Desde el Ministerios
de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el director general de Vivienda
y Suelo, Javier Martín, ha coincidido en que hay un segmento que
tendría solvencia suficiente pero no tiene ahorro previo para acceder
a la financiación y que se tienen que buscar fórmulas para
que puedan acceder a una vivienda, entre las que destacan los contratos
de aseguramiento.
Durante su
intervención, ha señalado también que la colaboración
público privada tiene que poner en el centro al ciudadano y movilizarlo
y que los planes futuros pasan por la rehabilitación integral de
edificios y de barrios, actuaciones para las que ya está hablando
con el sector privado de cara a captar fondos europeos de reconstrucción.
“Es imprescindible
profundizar en este clima de confianza”, ha pedido Juan Antonio Gómez-Pintado,
que ha insistido en que este nuevo marco de colaboración tiene que
permitir “que la clase media del mañana no esté siendo expulsada
del mercado de la vivienda hoy”. Asimismo, ha reclamado la necesidad de
encontrar fórmulas que mejoren este acceso a la vivienda. En su
opinión, “la mejor fórmula es la de los avales por parte
del Estado a los futuros propietarios”, para a continuación lamentar
la falta de comprensión en la Administración General del
Estado hacia los planes elaborados desde el sector para facilitar este
acceso, que “además se ven lastrados por la ausencia de “una estructura
financiera y empresarial para tener un parque viviendas, en propiedad y
en alquiler, que garantice este acceso”.
El director
general de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de
Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid ha reclamado
mayores dosis de creatividad para evitar “la proliferación de impagos,
por lo que estas iniciativas, con independencia de la fórmula que
final adopten, deben enfocarse en grupos solventes, con capacidad de pago
presente y futura, para no caer en el riesgo de alimentar una nueva burbuja”.
Por su parte,
Francisco Javier Martín Ramiro Director general de Vivienda y Suelo,
MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, ha querido llamar
la atención sobre un aspecto central en el enfoque del asunto por
parte del Ministerio. En su opinión, “estas fórmulas de colaboración,
cualesquiera que sean, tienen que poner en el centro al ciudadano, y este
es un déficit que tiene tanto la administración como el sector
privado”, ha matizado. Para el director general de Vivienda y Suelo este
debe de ser uno de los objetivos principales de los fondos europeos de
recuperación, que también tienen que servir para “apalancar
un proceso que genere una cartera de proyectos escalables en materia de
regeneración urbana y del espacio público, para lo que es
imprescindible la alineación público-privada y la coordinación
de los tres niveles de la administración”, ha concluido.
El tema de
la regeneración y rehabilitación ha articulado la reflexión
de Mariano Fuentes (ayuntamiento de Madrid), que se ha lamentado de que
el sector privado no sea un impulsor de este tipo de proyectos. “¿Por
qué no se ha metido el sector privado en la rehabilitación?”,
se ha preguntado el delegado del Área de Gobierno de Desarrollo
Urbano del Ayuntamiento de Madrid. “Porque no tiene incentivos, sobre todo
fiscales, que son los fundamentales. Incentivos fiscales e incentivos en
aprovechamiento urbano. Estos son los dos ejes sobre los que se fundamenta
el plan de rehabilitación de Madrid”, ha resumido.
La seguridad
jurídica en el inmobiliario ha sido la cuestión central de
la segunda mesa redonda de la jornada, que, moderada por Guillermo San
Román, presidente de la Comisión de Suelo y Urbanismo, ASPRIMA,
ha reunido a Felipe Iglesias, consultor en el bufete de abogados Uría
Menéndez, y Beatriz Toribio, directora general de Asval. Una pregunta
ha articulado los debates de este panel: ¿tiene nuestro país
un marco regulatorio lo suficientemente estable como para atraer la inversión
internacional a largo plazo tan imprescindible para sostenibilidad futura
del sector?
Felipe Iglesias
comenzó su intervención lamentando la proliferación
legislativa de nuestro país, que entre las tres administraciones
suma “cien mil normas”. Una situación que, al contrario de lo que
podía esperarse tras la reforma legal en Madrid que ha sustituido
el trámite de algunas licencias por una declaración de responsabilidad,
amenaza con enredarse todavía más. “Ya comienza a haber diferentes
interpretaciones sobre esta reforma dependiendo del Ayuntamiento, lo que
solo alimenta la inseguridad y la desconfianza”. Felipe Iglesias ha reclamado
un esfuerzo en favor de una “unanimidad interpretativa”, cuya responsabilidad
debe corresponder únicamente a la Comunidad de Madrid.
La crítica
a las normas que limitan los precios del alquiler ha centrado los argumentos
de Beatriz Toribio, que ha adelantado que serán contraproducentes
y que, en lugar de paliar la realidad que las anima, agravarán el
problema. “Las medidas solo generarán efectos contrarios a los deseados
y dificultarán más aún el acceso a la vivienda en
alquiler de los colectivos vulnerables, además de generar más
economía sumergida”, ha asegurado. Los efectos nocivos se dejarán
notar en muchos ámbitos, como, por ejemplo, en el deterioro del
parque de viviendas, “en la medida en que estas limitaciones de precio
desincentivarán al propietario a mejorar su activo”.
Para la directora
general de Asval, lo que necesita el mercado de alquiler son “medidas incentivadoras
que animen a poner vivienda en el mercado y también más colaboración
público-privada que ataje de raíz el problema, que no es
otro que el acceso a la vivienda y el déficit de la oferta en alquiler”.
Beatriz Toribio ha criticado la falta de atención que sufre el sector.
“Hay que escucharlo y no legislar contra él, que es lo que nos estamos
encontrando en muchas comunidades autónomas”, ha afirmado.
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