| Un juzgado
de Colmenar Viejo ha citado a declarar como imputado al alcalde y a cinco
ediles y seis exconcejales después de que la Fiscalía de
Medioambiente haya denunciado irregularidades en la concesión de
licencias urbanísticas durante los últimos diez años
Según
el Ministerio Público, el gobierno municipal concedió más
de una docena de licencias de primera ocupación haciendo caso omiso
de los informes de los técnicos municipales.
Entre los llamados
a declarar figuran, además del actual regidor, el exalcalde José
María de Federico Corral – bajo cuyo mandato se habrían cometido
la mayoría de las irregularidades denunciadas – junto con los actuales
concejales de obras, medio ambiente, cultura, desarrollo local y transportes.
Junto con ellos también han sido llamados a declarar varios exconcejales
y hasta 8 peritos.
El actual alcalde,
Miguel Ángel Santamaría, además de regidor de Colmenar
Viejo también ocupa un puesto de vocal en el Centro de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid.
En su querella,
la Fiscalía describe hasta trece casos ocurridos entre 2005 y 2011
en los que la anterior corporación municipal habría adjudicado
licencias de primera ocupación de forma irregular, haciendo caso
omiso a los informes negativos de los arquitectos y técnicos municipales
y de la administración general: muros de cerramiento que superan
la altura máxima permitida, edificios que no cumplían con
las condiciones de salubridad mínimas exigidas para el aire o un
edificio que se metía en la acera de la calle Pedro López.
En todos los
casos, las actas de la Junta de Gobierno reflejan que la corporación
municipal otorgó estas licencias “vistos informes técnicos
y jurídico desfavorables”, y en varias ocasiones “sin razonar siquiera
sucintamente los motivos” por los que las otorgaban o por los que tramitaban
el asunto por la vía de urgencia. Las licencias de primera ocupación
son aquellas que otorga la administración cuando comprueba que las
obras realizadas han respetado las condiciones de su aprobación,
y que cumplen con la legislación vigente.
En un escrito
del pasado mes de junio, cuando el caso todavía no estaba judicializado,
el entonces Fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, explicaba que “aisladamente
consideradas” cada una de las posibles irregularidades urbanísticas
cometidas podrían incluso ser tildadas de “insignificantes”, pero
entiende que “analizadas globalmente podrían ser constitutivas de
delito, evidenciando no sólo la voluntad clara de no dar cumplimiento
a la normativa urbanística, sino además la causación
de un perjuicio económico para el Ayuntamiento” por los expedientes
de Disciplina Urbanística que no fueron tramitados.
El procedimiento
abierto en el juzgado de instrucción nº 3 de Colmenar Viejo
incluye dos querellas de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid
que acumulan quince tomos de documentación y varias diligencias
abiertas en torno a diversas de estas irregularidades: el magistrado instructor
entiende que podría haberse cometido un delito continuado de prevaricación
urbanística, que en su redacción actual contempla penas de
prisión de año y medio a cuatro años, así como
penas de inhabilitación de hasta quince años.
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