| Para intentar
salvar la situación, la empresa llegó a un acuerdo con sus
acreedores financieros para paralizar el pago de la deuda a cambio de lograr
del Ayuntamiento la suspensión del PAI durante dos años.
Pero llegó el concurso y el consistorio ha optó por abrir
expediente de resolución y buscar otra salida que pasa por la gestión
directa o por la búsqueda de un nuevo urbanizador.
El problema
es que la rescisión implica, como consta en un informe municipal
del pasado año, la cancelación de la programación.
Lo mismo ha hecho Torreblanca con el PAI Doña Blanca Golf, de casi
dos millones de metros cuadrados y 4.500 viviendas. Eran los únicos
dos proyectos de golf de la provincia que habían anunciado el inicio
de las obras.
En julio, el
expediente de resolución de la condición de agente urbanizador
de Golf Sant Gregori caducó y, por lo tanto, había que comenzar
de nuevo la tramitación. Fue un procedimiento que estuvo en letargo
durante 10 meses en los cuales la empresa solicitó la suspensión
temporal por 2 años y, al no conseguirla, pidió el concurso
voluntario de acreedores el 30 de diciembre de 2014.
Ahora, la promotora
UGSG quiere continuar con este proyecto, que supondría un importante
impulso económico al municipio por lo que, con fecha 10 de septiembre,
presentó un escrito al Ayuntamiento en la que indica su predisposición
para ello, proponiendo la salida del concurso de acreedores mediante una
propuesta de convenio en la que los propietarios y Ayuntamiento mantendrían
todos sus derechos, a cambio de conseguir la suspensión del Programa
para dar tiempo a la entrada de un nuevo inversor, gestiones en estos momentos
muy adelantadas.
La resolución
de 19 de junio de 2015 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana instando al Ayuntamiento a la caducidad del expediente de rescisión
del contrato, iniciado en marzo de 2014 y aprobado inicialmente en el Pleno
del 26 de enero de 2015, abre esta nueva vía de solución
al problema, en la que la empresa ha propuesto al Ayuntamiento la suspensión
del Programa, que ya propuso en el mes de marzo de 2014 y que, incomprensiblemente,
el equipo de gobierno anterior no tramitó, a pesar del acuerdo unánime
de todos los grupos municipales de entonces, PP, PSOE y CIBUR.
La empresa
indica también en su escrito las consecuencias negativas si el Ayuntamiento
decidiera seguir con la rescisión del contrato a pesar del informe
en contra del Consell Consultiu, y que el concurso entrase en fase de liquidación,
como son, aparte de los frentes jurídicos interminables que se abrirían,
que el Ayuntamiento tendría que hacer frente al pago de más
de 1.000.000€ de su aportación a la cuota 0, actualmente no
abonada, así como que los propietarios perderían con seguridad
sus aportaciones adelantadas de cuotas de urbanización por valor
de más de 6.000.000€.
UGSG también
indica que, de los informes existentes, no queda claro en caso de rescisión
del contrato, si la reparcelación actual es válida o no,
ya que sólo reflejan que hay que volver a presentar un nuevo Programa,
con lo que puede suponer una marcha atrás del Proyecto en más
de 10 años, ya que el Programa se aprobó en fecha 17 de enero
de 2005.
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