Para el ámbito del urbanismo rural, el caso plantea un desafío adicional: la expansión urbanística en la interfaz urbano-forestal aumenta la exposición de viviendas e infraestructuras a los incendios. De ahí que los planes de prevención no solo sean una herramienta forestal, sino también un instrumento de ordenación territorial y seguridad ciudadana, que debería integrarse en la planificación urbanística.

La investigación de la Fiscalía no solo busca depurar responsabilidades, sino también enviar un mensaje claro: la prevención de incendios no puede seguir siendo el eslabón débil de la política ambiental y territorial. Su ausencia compromete vidas humanas, infraestructuras, ecosistemas y, en última instancia, la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Una de las cuestiones clave que aborda la investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo es por qué, a pesar de la obligación legal vigente, una gran parte de los municipios en zonas de alto riesgo aún carecen de planes de prevención de incendios forestales.

Entre las causas estructurales destacan:

Falta de recursos técnicos y financieros en pequeños municipios rurales. Muchos ayuntamientos carecen de equipos de ingeniería forestal o de urbanismo capaces de redactar planes complejos, y no disponen de presupuesto para contratar consultoras especializadas.

Fragmentación competencial. Aunque la Ley de Montes obliga a contar con planes, la ausencia de criterios estatales comunes hasta 2024 ha generado vacíos interpretativos. Esto ha provocado que algunas comunidades autónomas retrasen la elaboración de sus marcos propios y que los municipios se amparen en esa indefinición para no actuar.

Burocracia y falta de coordinación. La elaboración de un plan de prevención requiere datos topográficos, forestales, urbanísticos y climáticos, lo que implica la coordinación de varias administraciones (municipal, autonómica y estatal). Esta complejidad ha ralentizado el proceso.

Prioridad política a la extinción frente a la prevención. La presión mediática sobre la lucha contra los incendios durante los meses de verano ha llevado a centrar las inversiones en medios de extinción —más visibles a corto plazo— en lugar de en planes preventivos de largo recorrido.

En cuanto a la responsabilidad, la Fiscalía apunta a un principio claro: el deber de elaborar los planes corresponde en primer lugar a los ayuntamientos situados en zonas de riesgo, conforme a la Ley de Montes y a la normativa autonómica de desarrollo. No obstante, la administración autonómica conserva un papel de supervisión y, en algunos casos, de cofinanciación, lo que podría derivar en responsabilidades compartidas. Finalmente, el Gobierno central no queda exento, dado que el retraso en aprobar criterios comunes ha contribuido a la descoordinación.

De confirmarse negligencias graves, podrían abrirse vías de responsabilidad penal o administrativa contra alcaldes y equipos de gobierno municipales por omisión de sus deberes, especialmente si se demuestra una relación directa entre la falta de planes y la magnitud de los incendios registrados.

Autoría:Marcos López — Urbanista y consultor en planificación territorial sostenible.

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