| 1.
De la penalización del riesgo promotor a una lectura más
fina del riesgo
Tras la crisis
financiera, el crédito promotor quedó marcado como una de
las grandes fuentes de problemas bancarios: suelos sobrevalorados, promociones
sin demanda real, impagos masivos y un stock de activos adjudicados que
tardó años en digerirse. La reacción regulatoria fue
contundente: todo lo que oliera a adquisición, desarrollo y construcción
se castigaba con un peso por riesgo muy alto, del orden del 150 %, frente
al 35–50 % de una hipoteca estándar a un particular solvente.
Traducido a
números, por cada 100 millones de importe de préstamo a un
promotor, el banco tenía que cargar 150 millones de activos ponderados
por riesgo y destinar un importe de capital muy superior al de otros productos.
Con tipos de interés bajos y abundancia de alternativas de inversión,
dedicar recursos escasos a este tipo de operaciones resultaba poco atractivo.
El resultado ha sido un cuello de botella: la demanda de vivienda crece,
pero el crédito promotor bancario ha avanzado a trompicones y parte
del hueco lo han ocupado fondos de deuda y otros inversores alternativos.
Con las nuevas
reglas, el regulador reconoce algo de puro sentido común: no todo
crédito promotor es igual. No tiene el mismo perfil de riesgo una
promoción con preventas firmes, un promotor bien capitalizado y
costes bajo control, que una operación especulativa con suelo dudoso
y sin una sola reserva en firme. Y por primera vez, esta diferencia se
traduce en un alivio regulatorio tangible.
2. Del 150
% al 100 % de peso por riesgo: qué significa en la práctica
La gran novedad
es la posibilidad de que determinadas exposiciones de desarrollo residencial,
si cumplen condiciones muy concretas, dejen de tratarse como “riesgo particularmente
alto” y pasen a un peso por riesgo del 100 %. No es una rebaja espectacular,
pero sí suficiente para cambiar la aritmética interna de
muchas entidades.
Imaginemos
un préstamo promotor de 100 millones de importe:
Con un peso
por riesgo del 150 %, el banco registra 150 millones de activos ponderados
por riesgo.
Con un ratio
de capital CET1 del 10 %, eso significa inmovilizar 15 millones de capital.
Si el peso
baja al 100 %, los activos ponderados por riesgo pasan a ser 100 millones
y el capital necesario se reduce a 10 millones.
Es decir, cinco
millones de capital liberado para esa operación. Ese margen puede
utilizarse para aumentar el volumen de crédito promotor sin disparar
los ratios de solvencia, o para mantener el mismo volumen con una rentabilidad
regulatoria más atractiva. A medio plazo, y dependiendo de la competencia
entre entidades, una parte de ese beneficio podría trasladarse al
promotor en forma de tipos de interés más ajustados o de
mayor flexibilidad en la estructuración de la financiación.
La clave está
en qué proyectos se consideran merecedores de este tratamiento más
favorable. El regulador ha dibujado dos grandes vías: la vía
de las preventas “sólidas” y la vía de la mayor aportación
de equity por parte del promotor.
Los nuevos
criterios europeos para crédito promotor no son un “indulto” al
riesgo, sino un premio a la buena estructuración: promociones con
preventas reales, contratos robustos y un promotor que aporte más
equity podrán consumir menos capital en el balance del banco y resultar
más financiables, sin rebajar la prudencia supervisora.
3. Preventas
y equity: las dos llaves que abren la puerta regulatoria
3.1. Preventas
firmes y demanda asegurada
La primera
vía se apoya en la idea de que una promoción con un porcentaje
elevado de unidades ya vendidas es, objetivamente, menos arriesgada. No
se trata de reservas simbólicas, sino de preventas con contenido
económico y jurídico:
Un porcentaje
significativo de la superficie o de las unidades del proyecto vendidas,
en el entorno del 50 %.
Contratos vinculantes,
con condiciones de resolución tasadas y sin cláusulas que
permitan al comprador retirarse sin coste real.
Aportaciones
de los compradores mediante pagos anticipados relevantes, en la práctica
mínimos cercanos al 10 % del precio, que funcionan como señal
de compromiso.
En el segmento
de build to rent, la lógica es similar pero aplicada al mundo del
alquiler: nivel de prealquiler suficiente, calidad crediticia de los inquilinos,
duración de los contratos y existencia de garantías efectivas
(avales, depósitos reforzados, seguros de impago). Cuanto más
estable y predecible sea el flujo de ingresos futuro, más fácil
será defender una visión “moderada” del riesgo de la operación.
3.2. Más
equity del promotor: menos apalancamiento, más alineamiento
La segunda
vía pasa por elevar el listón de fondos propios del promotor.
El mensaje es sencillo: si el promotor pone más piel en el juego,
el banco puede aceptar un consumo menor de capital. Como referencia, se
trabaja con aportaciones de equity que se acercan al 25 % del coste total
del proyecto (suelo, obra, honorarios, licencias y otros gastos elegibles).
Ese equity
debe cumplir tres condiciones básicas:
Ser equity
real, no deuda subordinada maquillada.
Estar desembolsado
y no sólo comprometido en un papel.
Permanecer
en el proyecto hasta su culminación, sin retiradas anticipadas.
En mercados
con fuerte desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda, y especialmente
en proyectos de vivienda asequible o social, cabe cierta flexibilidad en
los porcentajes, pero el espíritu es el mismo: menos apalancamiento
y más compromiso económico del promotor.
4. Más
allá de los números: contratos, garantías y control
técnico
La reducción
de peso por riesgo no se decide en una hoja Excel, sino sobre un proyecto
real con múltiples aristas. Para que un banco se sienta cómodo
aprovechando el nuevo marco, necesitará mucho más que un
nivel de preventas y un porcentaje de equity.
En primer lugar,
pesa enormemente la calidad del proyecto constructivo. Una ingeniería
solvente, un diseño realista, un estudio riguroso de los costes
de construcción y un análisis de riesgos bien documentado
reducen la probabilidad de desviaciones que pongan en jaque la viabilidad
financiera. Aquí entran en juego herramientas como el BIM, la planificación
4D/5D, los análisis de costes de ciclo de vida y la gestión
avanzada de riesgos.
En segundo
lugar, el banco examinará con lupa el esquema contractual:
Tipo de contrato
de obra (precio cerrado, GMP, llave en mano, etc.) y distribución
de riesgos entre promotor y constructora.
Capacidades
técnicas y experiencia previa de la constructora en proyectos similares.
Garantías
de terminación de obra, seguros decenales, seguros de caución
de cantidades anticipadas y cualquier otro mecanismo que reduzca el riesgo
de dejar un esqueleto de hormigón a medio terminar.
Por último,
gana relevancia la gobernanza del proyecto: reporting periódico,
hitos de certificación, indicadores de coste y plazo, mecanismos
de decisión ante desviaciones y calidad de la información
que se facilita al banco. La regulación puede abrir la puerta, pero
es la gestión del proyecto la que determina si el riesgo real se
mantiene bajo control.
5. Ventajas
para promotores, constructoras, ingenierías e inversores
5.1. Para
el promotor: condiciones más claras para que el banco diga “sí”
Desde la óptica
del promotor, las nuevas reglas aportan un mapa más nítido
de lo que un banco necesita para considerar una operación como “menos
riesgosa”. Si el proyecto se plantea desde el inicio con:
Obligación
interna de alcanzar niveles altos de preventas antes de determinados hitos
de obra.
Compromiso
real de equity en el entorno del 25 % del coste de la inversión.
Contratos de
obra y de servicios diseñados para dar visibilidad sobre el coste
final y reducir sorpresas.
entonces aumenta
la probabilidad de obtener financiación bancaria en condiciones
razonables de tipo de interés y plazo. Esto no significa que desaparezca
la financiación alternativa, pero sí que el promotor puede
negociar con más opciones sobre la mesa.
En la práctica,
muchos esquemas tenderán a combinaciones mixtas: una parte de financiación
bancaria algo más barata y una parte de financiación alternativa
que cubra fases de mayor riesgo (compra de suelo, tramitación urbanística,
reposicionamiento de activos, etc.).
5.2. Para constructoras
e ingenierías: de proveedores a socios estratégicos
Las constructoras
y las ingenierías pasan de ser meros ejecutores a convertirse en
piezas clave de la ecuación de riesgo. Un proyecto que llega al
banco con un modelo BIM desarrollado, planificación 4D/5D, análisis
de constructibilidad, matriz de riesgos y un presupuesto robusto tiene
muchas más probabilidades de encajar en los parámetros de
consumo reducido de capital.
Además,
los contratos EPC, llave en mano o con garantías de precio máximo
comparten riesgo con la constructora y dan al banco una visión más
estable del coste total. Esto puede traducirse en más adjudicaciones
para empresas capaces de ofrecer no sólo obra, sino también
estructura “bancable” de la inversión.
5.3. Para el
inversor institucional: lectura más fina del riesgo y mejor pricing
Fondos, aseguradoras
y otros inversores institucionales que compran carteras de crédito
promotor o proyectos llave en mano también se benefician de un marco
más claro. La distinción entre promociones “de riesgo pleno”
y promociones que cumplen los criterios de menor peso por riesgo permite:
Diferenciar
mejor entre activos según su perfil de riesgo regulatorio y económico.
Ajustar TIR,
precio de adquisición y exigencias de garantías en función
de esa clasificación.
Diseñar
vehículos de inversión donde el crédito promotor conviva
con otros tipos de exposición inmobiliaria, pero con métricas
más homogéneas.
En definitiva,
se avanza hacia un mercado donde el riesgo promotor deja de ser un bloque
opaco y empieza a descomponerse en categorías mejor definidas.
6. Lo que no
cambia: el riesgo promotor sigue siendo riesgo
Sería
un error interpretar estas novedades como una barra libre. El regulador
mantiene intacto el tratamiento severo para las operaciones que no alcanzan
los nuevos estándares. Donde no hay preventas suficientes, donde
el equity es escaso o donde el proyecto es incierto, el peso por riesgo
del 150 % sigue plenamente vigente.
Además,
el riesgo promotor conserva todas sus características de siempre:
Alta sensibilidad
al ciclo económico, al empleo y al tipo de interés.
Exposición
directa a posibles bajadas de precios de la vivienda o caídas de
demanda.
Dependencia
de la ejecución correcta de la obra, de los plazos administrativos
y de la gestión urbanística.
En otras palabras,
las nuevas normas no “dulcifican” el riesgo; sólo reconocen que,
cuando se estructura y se gestiona bien, puede ser más razonable
que lo que sugerían los viejos parámetros.
7. Claves operativas
para promotores y bancos en el nuevo contexto
7.1. Recomendaciones
para promotores
Diseñar
la estrategia comercial pensando en el umbral del 50 % de preventas.
No se trata
de “vender por vender”, sino de lograr reservas sólidas, respaldadas
por contratos y aportaciones económicas significativas.
Refuerzar el
equity desde el inicio.
Estructurar
el vehículo de inversión con aportaciones reales de fondos
propios, ya sea del promotor o de socios inversores, mejora la posición
ante el banco y reduce el coste de la financiación a medio plazo.
Profesionalizar
el modelo técnico y económico.
BIM, planificación
4D/5D, análisis de VAN y TIR, escenarios de tipo de interés
y sensibilidad de costes deben formar parte del expediente que se presenta
al financiador.
Cuidar el ecosistema
contractual.
Contratos
de obra, dirección facultativa, project management y comercialización
deben cerrar el círculo de la gestión de riesgos y dar garantías
a todas las partes.
7.2. Recomendaciones
para bancos y financiadores
Actualizar
las políticas de riesgo promotor.
Incorporar
explícitamente las nuevas categorías de menor peso por riesgo
y definir procedimientos claros para evaluar preventas, equity y estructura
contractual.
Ajustar los
modelos internos de rentabilidad.
Integrar el
menor consumo de capital en el cálculo del coste de financiación
y en las decisiones de pricing, valorando cuándo trasladar esa mejora
al cliente.
Reforzar la
colaboración con el lado técnico.
Involucrar
a perfiles de ingeniería y project management en las due diligence,
para valorar de forma más precisa la coherencia entre plazos, costes
y riesgos constructivos.
Apostar por
herramientas de seguimiento avanzado.
Modelos digitales,
cuadros de mando integrados y reporting de obra en tiempo casi real permiten
detectar desviaciones pronto y reducir sorpresas desagradables.
8. Conclusiones
operativas
El crédito
promotor deja de ser un cajón de sastre penalizado por sistema y
pasa a tener un tratamiento más sofisticado, que distingue las operaciones
bien estructuradas de las que siguen siendo claramente especulativas.
La combinación
de preventas sólidas y mayor equity del promotor es la palanca que
permite al banco reducir el peso por riesgo del 150 % al 100 %, liberando
capital y facilitando una financiación más competitiva para
promociones de vivienda con demanda real.
Constructoras
e ingenierías que aporten calidad técnica, control de costes
y herramientas digitales de seguimiento se convierten en aliados clave
para que el proyecto sea bancable, lo que abre una vía de diferenciación
en un mercado muy competitivo.
La financiación
alternativa no desaparece, pero el nuevo marco empuja hacia modelos mixtos
en los que la banca recupera peso en fases de menor riesgo, mientras los
vehículos alternativos se enfocan en tramos y activos con mayor
retorno esperado.
El verdadero
éxito del cambio regulatorio no se medirá en ratios de solvencia,
sino en más viviendas terminadas, mejor adaptadas a la demanda y
con una estructura de financiación equilibrada entre promotor, banco
e inversores.
Autoría:
Luis Hernández – Economista especializado en financiación
inmobiliaria, con experiencia en banca de empresas, promotores y fondos
inversores.
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experiencias y propuestas sobre crédito promotor, financiación
de proyectos residenciales y gestión del riesgo en promociones.
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