Además,
esta colaboración también puede facilitar el acceso a financiación
a los promotores inmobiliarios. El sector público puede ofrecer
garantías y avales a los inversores privados, lo que les permite
obtener financiación en condiciones más favorables.
Las ventajas
de este modelo son múltiples. Por un lado, se pueden construir viviendas
de calidad y asequibles para los inquilinos, lo que contribuye a reducir
el problema de acceso a la vivienda. Por otro lado, los promotores inmobiliarios
pueden obtener una rentabilidad estable a largo plazo, lo que les permite
hacer frente a los costes de construcción y mantenimiento.
Sin embargo,
también existen algunos inconvenientes que deben ser tenidos en
cuenta. En primer lugar, la construcción de viviendas en régimen
de alquiler puede ser menos rentable que la construcción de viviendas
para la venta. Además, la regulación del mercado de alquileres
puede variar y afectar la rentabilidad del proyecto.
En resumen,
la colaboración público-privada para potenciar el build to
rent es una estrategia fundamental para facilitar el acceso a la vivienda.
Para ello, es necesario generar más suelo residencial, especialmente
para vivienda protegida en alquiler, en los municipios de gran demanda
de vivienda, y revisar al alza los módulos para adecuarlos a la
realidad de costes. Con esta estrategia, se puede contribuir a la creación
de un parque de vivienda asequible, tanto público como privado,
y a la contención de precios de venta y renta.
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