Además,
resulta importante que las administraciones públicas tomen medidas
para simplificar los procesos de contratación y agilizar la ejecución
de los proyectos de infraestructura. Una forma de hacerlo es a través
de la implementación de procedimientos de contratación más
eficientes y flexibles, que permitan una mayor participación de
las empresas constructoras y reduzcan los plazos de licitación y
adjudicación.
Otro factor
clave para agilizar la ejecución de los fondos europeos es la colaboración
entre las distintas administraciones públicas y los agentes implicados
en los proyectos. Es necesario fomentar una cultura de cooperación
y coordinación, que permita una mejor planificación y ejecución
de los proyectos de infraestructura.
En definitiva,
la ejecución de los fondos europeos en el sector de la construcción
es esencial para garantizar la recuperación económica y la
creación de empleo en España. Por ello, es importante tomar
medidas para acelerar la ejecución de los proyectos de infraestructura
y mejorar la eficiencia en la gestión de los mismos.
DATOS
Tan solo el
6,7% del total de estos fondos se han destinado a infraestructuras; 11.619
M€ de los 173.525 M€ totales, pese a su efecto multiplicador
en la actividad económica y el empleo.
El ineficiente
modelo actual de contratación pública y el bloqueo al modelo
concesional provocado por la Ley de Desindexación constituyen un
serio obstáculo para ejecutar la totalidad de la ayuda financiera
europea hasta 2027: la ONE ha informado negativamente 3.000 M€ de
concesiones de servicios docentes, sociales, deportivos y saneamiento en
2022.
Insuficientes
medidas de revisión excepcional de los precios de los contratos:
el 85% de las obras civiles superan el límite del 20% del RDL 3/2022
al continuar con niveles de precios muy superiores a 2020 (acero, cobre
y aluminio son un +51%, +38% y +33%, respectivamente, y gas y electricidad
un +556% y +121% con respecto a los de hace dos años).
La Asociación
de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, SEOPAN,
alerta del retraso y la baja ejecución de los PERTES y la ayuda
europea adicional (Adenda) que alcanzan en total más de 106.000
Millones de Euros (M€), con lo que será necesario prorrogar
los plazos de ejecución de los fondos NG UE. Tan sólo el
6,7% se han destinado a infraestructuras, es decir, 11.619 M€ de los
173.525 M€ totales, pese a su efecto multiplicador en la actividad
económica y el empleo.
SEOPAN, en
su rueda de prensa anual, también ha puesto de manifiesto la urgencia
en modernizar y actualizar la regulación y práctica de la
contratación pública en España para ejecutar hasta
2027 más de 212.000 M€ de ayudas financieras europeas y han
reiterado la falta de voluntad política para solucionar la parálisis
y bloqueo normativo derivado de la Ley de Desindexación ya que ésta
desincentiva la inversión privada, nacional e internacional. La
Oficina Nacional de Evaluación (ONE) emitió 28 informes en
2022 con resultado desfavorable en 7 de cada 10 expedientes de concesiones
presentados, que afectan a 3.000 Millones de euros (M€) de actividad
concesional de servicios docentes, sociales, deportivos y saneamiento.
Asimismo, la
inexistencia de sistemas de revisión de precios en contratos de
servicios de conservación, mantenimiento y operación de carreteras,
ferrocarriles y ciclo integral del agua, con más de 70.000 trabajadores,
hace insostenible su ejecución al representar sus costes salariales
y de energía, de media, un 30% (vías y ferrocarriles) y un
31% (ciclo del agua), respectivamente. El Ministerio de Asuntos Económicos,
añaden, ha rechazado las propuestas remitidas por el sector para
establecer una revisión excepcional, acotada y justificada para
estos contratos.
Los precios
de materiales y de la energía siguen en niveles muy superiores a
2020, detallan, con revisiones de precios en el 85% de las obras superando
el límite del 20% del RDL 3/2022. De esta forma, aunque el acero,
cobre y aluminio reducen precios un -6%, -12% y -12%, continúan
siendo un 51%, 38% y 33% superiores, respectivamente, a los de 2020. Gas
y electricidad bajan precios un -12% y -62%, pero continúan siendo
una losa para la actividad al incrementarse un 556% y 121% con respecto
a los de 2020.
Sobre los datos
sectoriales, en 2022, se ha producido un gran incremento de la licitación
y contratación pública de obras, subiendo, respectivamente,
un +34% (hasta alcanzar los 29.615 M€) y un +16% (hasta los 13.648
M€). Por otro lado, en 2022 se ha registrado una reducción
de 3,8 pp de las bajas de contratación.
En relación
con la inversión pública en 2022, y a pesar del +5,1% registrado
hasta septiembre, SEOPAN reitera su insuficiencia con unos registros en
transporte, depuración y abastecimiento de agua un 52%, 54% y 58%
inferiores, respectivamente, con respecto a 2010, y más teniendo
en cuenta que las necesidades de inversión pública para la
modernización de infraestructuras en España siguen creciendo,
con un mínimo de 253.000 M€ en áreas básicas
relacionadas con el agua y medioambiente, la movilidad, la energía,
la salud y la infraestructura verde.
Concluye SEOPAN,
que se incrementarán, además, por los nuevos y exigentes
requisitos de la propuesta de Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales
Urbanas en tratamientos terciarios y cuaternarios y otras actuaciones,
y el impacto del REPowerEU a desarrollar por la Comisión Europea,
con especial relevancia del binomio agua-energía asociado a infraestructuras
en la presente década, destacando entre otros ejemplos la red de
infraestructura de recarga pública, el programa OnShorePowerSupply
(OPS) en los puertos de interés general, el 50% de neutralidad energética
en EDARES o la dotación adicional de 3,5 GW en nuevas centrales
de bombeo hidráulico puro para almacenamiento energético.
La corrección
en plazo del referido déficit inversor para cumplir los objetivos
derivados del cumplimiento de la Agenda 2030, constituye una prioridad
nacional. En palabras de Julián Núñez, presidente
de SEOPAN: “La ausencia de una estrategia nacional y de un pacto de estado
sobre infraestructuras sigue penalizando su contribución a la mejora
de nuestra competitividad y de nuestro desarrollo social y económico”.
|