En total, se han concedido 11 licencias de obra que incorporan la reserva del 30% de HPO desde su aprobación a finales de 2018. El informe considera esta cifra totalmente insuficiente, demostrando que la medida del 30% no está funcionando.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, denunció el «fracaso estrepitoso de las medidas implantadas por el Ayuntamiento de la Sra. Colau», especialmente las que hacen referencia a la vivienda protegida.
Desde la APCE, su presidente, Xavier Vilajoana, lamentó que «desde las administraciones y los partidos políticos se piense más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones».

Los cambios normativos sobre el sector agravan la actual inseguridad jurídica y provocan que se paralice la construcción de vivienda en Cataluña.

También se pide más dotación presupuestaria en las políticas públicas para ampliar el parque de vivienda y cubrir las necesidades actuales y futuras.

El documento hace un análisis de la situación actual de la vivienda en Cataluña (producción de viviendas, libres y de protección oficial, fiscalidad, regulación, etc.), con especial atención a la ciudad de Barcelona, y propone soluciones para ampliar el parque de vivienda, actualizando el informe publicado por Fomento en el año 2019.

Entre los datos que publica el informe destacan los referentes a la aplicación de la medida del 30% de reserva de vivienda de protección oficial a las nuevas promociones y rehabilitaciones desde 600m2 de techo edificado, contemplada en la Modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona.

Según datos del Servicio de Concesión de Licencias del Ayuntamiento de Barcelona, se han concedido 11 licencias de obra que incorporen el 30% de reserva HPO entre diciembre de 2018 y julio de 2022, las cuales suponen la construcción de 52 viviendas protegidas:

Unos datos que, según el informe, constatan que la medida no funciona y está paralizando la construcción de nuevas viviendas en la ciudad, así como también grandes rehabilitaciones.

El estudio también señala que la medida del 30% se está adoptando también en otros municipios (Vallès, Terrassa, Ripollet, etc.), donde las consecuencias de una paralización de la actividad promotora-constructora pueden tener unos efectos aún peores sobre el parque de viviendas y sobre la generación de riqueza y empleo en estas localidades.

Un aspecto fundamental a tener en cuenta cuando se habla de vivienda es la dotación presupuestaria que se destina a esta materia a las políticas públicas. Éstas, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico y local, siguen siendo insuficientes para ampliar el parque de viviendas, especialmente asequibles y sociales.

El 2020 fue un punto de inflexión mínimo de inversión pública en vivienda, una situación que se intentó revertir en 2021, con una partida de gasto público consolidada de 2,3 miles de millones de euros, cifra que suponía un incremento de un 13% respecto al periodo anterior. El gasto público previsto para este 2022 es de 3,3 miles de millones de euros, con un incremento anual del 12,3% respecto al año anterior. No obstante, si ésta acaba siendo la partida asignada, sólo representaría el 0,7% del total de las partidas presupuestarias, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades sociales en materia de vivienda, y más después de seis años consecutivos siendo la partida más baja de todas las contempladas en los presupuestos.

A nivel europeo, España continúa destinando a políticas de vivienda un porcentaje del PIB (0,4%) por debajo del de Francia, Alemania, Italia, los países nórdicos, o incluso países del Este (Croacia, Hungría…,) entre otros.

El informe indica que estas cifras evidencian la necesidad de una firme apuesta por la vivienda protegida por parte de todas las administraciones. Según datos del Mitma, en Cataluña en el año 2021 se construyeron un total de 1.529 viviendas protegidas terminadas, de las cuales el 60,5% construyeron el sector privado, es decir, 925 viviendas sociales de promoción privada y 604 de promoción pública.

En 2022, los datos de calificaciones provisionales hasta el mes de junio en Cataluña muestran una disminución del número de viviendas protegidas, con 792 viviendas iniciadas respecto al total de viviendas comenzadas (8.005).