Vilajoana
ha pedido más pisos libres, asequibles y sociales, para lo cual
insta a movilizar suelos finalistas y también a establecer una colaboración
público privada que promueva pisos asequibles y sociales "en aquellos
suelos públicos que tengan reserva para vivienda protegida: en el
municipio los hay para hacer 20.000 viviendas". Hace un balance negativo
del mandato municipal, porque cree que no han funcionado las normas impulsadas
(como modificar el PGM con la reserva del 30% del techo de nuevas promociones
residenciales y grandes rehabilitaciones para vivienda protegida), sino
que "han provocado una paralización" de la construcción y
de la rehabilitación integral. En cuanto a la ocupación,
enmarca el problema en Catalunya (donde "se ha amparado") y en toda España,
porque cree que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) se quedó
corta y debió dar cobertura tanto a personas físicas e instituciones
como a personas jurídicas.
Andreu urge
a la colaboración público-privada para ampliar el parque
de pisos sociales y recuerda que ya hay propuestas a nivel estatal: los
grandes propietarios "han ofrecido la cesión de hasta 25.000 viviendas
al Estado durante 25 años y a un precio un 20% por debajo de mercado".
Constata que la emergencia habitacional no es sólo un problema local
a solucionar, sino que afecta a España, e insiste en que el sector
privado "quiere formar parte de esta solución". En cambio, opina
que la ocupación es "especialmente preocupante en Catalunya y Barcelona,
donde se superaron los 4.200 casos en 2021", y cree que los ayuntamientos
pueden actuar, informando al propietario que sea víctima, y dando
opciones de aplazamiento de la salida, alquiler social o alojamiento alternativo
en los casos de familias vulnerables: todo eso daría seguridad jurídica
y mejoraría la imagen de Barcelona, dice.
Mendiluce afirma
que, aunque la Generalitat tiene grandes competencias, hay fórmulas
para que Consistorio y grandes propietarios colaboren: el ofrecimiento
de los grandes tenedores de 25.000 viviendas al Gobierno con un contrato
a 25 años y un descuento del 20% sobre los precios de mercado "permitiría
ofrecer alquileres asequibles a familias vulnerables, algunas en situación
de ocupación ilegal". Defiende la colaboración público-privada
porque ve un parque de vivienda social insuficiente y un importante descenso
de oferta de alquiler (lo atribuye a la inseguridad jurídica y a
la sobrerregulación de las rentas): "Este escenario ha generado
desequilibrio entre la oferta y la demanda en Barcelona, y urge revertirlo".
Además, lamenta que se penaliza al gran tenedor y lo ejemplifica
con Catalunya, "única región de la UE que ha llegado a impulsar
una normativa que protege la ocupación ilegal de vivienda, obligando
a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social en supuestos de
ocupación sin título", mientras que, para él, centrarse
en combatir el delito y las mafias daría seguridad jurídica,
atraería inversión y mejoraría la imagen de Barcelona.
Según
Matos, la necesidad de vivienda asequible y la falta de oferta en Barcelona
(sobre todo de alquiler) requieren "un gran pacto de los partidos" para
aumentar el parque de protección oficial, y que se comprometan a
hacerlo gobierne quien gobierne. 20/3/23 14:29 El sector inmobiliario plantea
colaboración público-privada al próximo gobierno de
Barcelona . "Barcelona es el municipio español más caro de
España" en alquiler (19,55 euros/m2, un 77% superior a la media
estatal), y se encareció un 16,2% en 2022, mientras que la compraventa
se estabiliza tras fuertes crecimientos en años anteriores, aunque
sigue alta: la compraventa de pisos de segunda mano en la ciudad se situó
en los 4.306 euros/m2 en diciembre de 2022, un 110% más que la media
española. Pensando en la seguridad jurídica del propietario,
ha pedido que las administraciones fomenten el respeto a la propiedad privada
y combatan el impago del alquiler y la ocupación: "No podemos olvidar
que el gran grueso de la oferta de vivienda está en manos de pequeños
propietarios".
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