| El PSOE ha
propuesto una modificación legislativa para que los jueces puedan
desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas, desde que
lo pide el propietario o recibe el atestado policial tanto en los casos
de allanamiento de morada como de usurpación, lo que coincide con
propuestas similares del PP y PdeCat.
Lo han hecho
a través de una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia
organizativa del servicio público de Justicia, por el que se introduce
un nuevo artículo 544 sexies que modifica la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Se da la circunstancia
de que esta era una de las medidas que recogía el plan antiokupación
del PP, que contemplaba que el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente
pudiera producirse en 24 o 48 horas, como así manifestó en
2020.
Dos años
después, el Grupo Socialista propone que "en los procesos relativos
a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de
un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el juez o tribunal podrá
acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas
desde la petición a instancia de parte legítima o desde la
remisión del atestado policial".
Todo ello,
añade, "sin necesidad de la prestación de caución,
si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título
jurídico que legitime la permanencia en el inmueble".
En caso de
que los ocupantes sean menores, personas en riesgo de exclusión
social o de especial vulnerabilidad, el juez lo comunicará inmediatamente
a los servicios sociales y a la Fiscalía para que adopten las medidas
de protección oportunas.
Los socialistas
argumentan que "los delitos de allanamiento de morada y de usurpación
de bienes inmuebles son de naturaleza permanente y se mantienen hasta la
ejecución de la sentencia condenatoria", con "los perjuicios para
la víctima que no va poder disponer de la vivienda", teniendo que
seguir "haciendo frente a ciertas cargas derivadas de la titularidad del
bien y el progresivo deterioro del mismo" por el uso que le dan sus okupantes.
Por ello, ven
"necesario" acordar la medida cautelar de desalojo y restitución
del inmueble cuando se aprecien "sólidos indicios de la ejecución
del delito de allanamiento o usurpación" y se verifique la "existencia
de efectos perjudiciales para el legítimo poseedor".
Esta medida,
que también propuso el PdeCat en una proposición de ley en
mayo, llega después de que hace dos años la Fiscalía
dictara una circular en la que insistía en agilizar los desalojos
en todos los procedimientos, pero sin fijar un plazo en concreto.
La novedad
entonces vino dada porque la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado
ordenó que en los desalojos se tuviera en cuenta no solo los perjuicios
a los propietarios sino también a los vecinos y tratando de esquivar
los trucos para alargar los procedimientos.
Entonces, con
la okupación en el debate público, el Gobierno de Castilla-La
Mancha impulsó una iniciativa autonómica para forzar un debate
en el Congreso con el fin de endurecer la legislación contra la
okupación en la que, entre otras medidas, planteaba que se pudiera
restituir la vivienda en 48 horas al propietario.
Hasta este
momento, los propietarios de una primera vivienda deben demostrar que el
okupa ha accedido ilegalmente a la vivienda, y que no han cedido su uso.
Desde el Gobierno madrileño han propuesto un desahucio inmediato.
También
han planteado el desalojo de aquellos que no presenten algún título
o documento que acredite que el propietario ha consentido que resida en
la vivienda. Por ello, todo aquel que no tenga la capacidad de justificar
su presencia en el hogar dispondrá de 48 horas para presentarlo
antes de ser expulsado.
La formación
que en el Congreso del PdCat justificó su iniciativa porque, debido
a la crisis económica y a los desahucios que ésta ha provocado,
"han aparecido fenómenos de ocupación ilegal premeditada
con finalidad lucrativa", cuyos autores cobran una especie de alquiler
a "personas y familias vulnerables".
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