| Cuando un
Ayuntamiento detecte que una finca ocupada ilegalmente produzca actividades
que dañen la convivencia de la localidad, solicitará al propietario
del inmueble que inicie la acción judicial de desocupación.
Si en un mes dicho propietario no ha realizado esta acción ante
un tribunal, tanto el Ayuntamiento como la comunidad de vecinos podrán
iniciar el proceso de desalojo. La consejera Ciuró ha remarcado
que, una vez se presente la denuncia, la decisión final será
del juez, que deberá contar con pruebas aportadas por estas entidades
locales que demuestren los delitos.
Las consejeras
apuntan a que los grandes propietarios, como entidades financieras o fondos
buitres, son los que “se desentienden” de estos conflictos cuando grupos
criminales como las “mafias” ocupan una vivienda suya para actividades
delictivas. También han señalado a la SAREB como “parte del
problema”.
Según
ellas, muchos de los pisos conflictivos ocupados son propiedad de esta
empresa que el Estado controla desde abril al poseer la mayoría
de sus acciones. Cervera ha reclamado al Gobierno central el traspaso de
los pisos vacíos de esta entidad, como ya hizo esta semana el consejero
de Economía, Jaume Giró, para combatir la “emergencia habitacional”.
Respecto al
calendario, Ciuró estima que el trámite finalice en varios
meses. Después de que se presente la propuesta de modificación
del Código Civil, el Govern tiene que aprobar un decreto-ley para
que sea ratificado posteriormente en el Parlamento catalán. En paralelo,
la Consejería de Derechos Sociales trabajará en la modificación
de la Ley de Vivienda, que permitirá imponer multas entre 9.000
y 90.000 euros a los grandes tenedores que no reaccionen a los requerimientos
por sus inmuebles ocupados con actividad delictiva.
La consejera
de Justicia ha recordado que Cataluña acumula casi la mitad de las
ocupaciones producidas en España (45%), de las cuales el 75% han
sido en la demarcación de Barcelona. Los juzgados catalanes tienen
7.345 denuncias interpuestas por ocupaciones en 2021. Las políticas
han subrayado que esta medida supone un “toque de atención” a los
grandes tenedores y que “no habrá impunidad” ante estos problemas
de convivencia.
REFORMA DE
LA NORMATIVA DE VIVIENDA
La medida irá
acompañada de una modificación de la ley catalana del derecho
a la vivienda, que permitirá que se impongan multas a grandes tenedores
que no atiendan a requerimientos por inmuebles ocupados con actividad delincuencial,
con sanciones que pueden oscilar entre los 9.000 y los 90.000 euros. Según
ha explicado Ciuró, el 45% de las ocupaciones que se producen en
España se registran en Cataluña y, de estas, el 75% se han
producido en la demarcación de Barcelona. Además, ha explicado
que los juzgados catalanes cuentan con 7.345 denuncias interpuestas por
ocupaciones en general en el año 2021.
AYUNTAMIENTOS
Y COMUNIDADES DE VECINOS
Si en el plazo
de un mes el propietario no ha presentado ante ningún tribunal la
acción judicial de desocupación, el Ayuntamiento o la comunidad
de vecinos quedarán inmediatamente habilitados para activar esta
medida e iniciar el proceso de desocupación.
Ciuró
ha explicado que, una vez presentada la denuncia, quien determinará
si la petición de desocupación es o no oportuna será
un juez, y que para ello la parte que haya instado al desalojo deberá
aportar pruebas que le permitan obtener un pronunciamiento favorable.
Ciuró
ha destacado que existe "un grave problema" con las ocupaciones de este
tipo, puesto que hacen "la vida imposible" a la gente, y que las modificaciones
planteadas son una herramienta solicitada por muchos alcaldes ante la "impotencia"
que estos "sienten" para luchar contra este tipo de situaciones. "Damos
una herramienta, una respuesta", ha explicado Ciuró, para "garantizar"
la "convivencia de los ciudadanos poniendo instrumentos a su alcance" que
son "judicialmente robustos" para actuar contra aquello que "degrada barrios
en nuestro país".
La consellera
de Justicia ha asegurado que está previsto que la comisión
de codificación tenga prevista la propuesta de modificación
del Código Civil la primera semana de octubre, y que paralelamente
trabajan con Derechos Sociales para que los cambios en la ley de vivienda
vayan a la par. Una vez tengan el proyecto listo, éste deberá
ser aprobado por el Govern, con la intención de que se apruebe como
decreto-ley, y, una vez aprobado por el Consell Executiu, debe pasar por
un trámite en el Parlament que puede alargarse durante varios meses.
"Estamos haciendo todo aquello que la ciudadanía nos pide que saquemos
adelante", ha destacado Ciuró.
DATOS DE OKUPACIÓN
Según
los datos hechos públicos por la Generalitat, actualmente los juzgados
catalanes tienen 7.345 denuncias por ocupación abiertas. El plazo
de tramitación estándar ronda los ocho meses. La administración
catalana solamente dispone de datos de su parque de viviendas: 953 de los
21.000 pisos que tiene están ocupados y el 25% presenta conflictividad.
Además,
Cataluña concentra el 45% de todas las okupaciones de España.
La problemática se concentra en Barcelona, pues el área metropolitana
de la capital aglutina el 75% de los casos del territorio. Por ello, los
alcaldes de la zona pidieron la semana pasada a la consellera Cervera una
actuación decidida contra el fenómeno.
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