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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, URBANISMO E INMOBILIARIO.

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  • 1ª Revista Iberoamericana de construcción, urbanismo e inmobiliario. 

6 de junio de 2022
 
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¿ES NECESARIA UNA LEY CONTRA LA OKUPACIÓN DE VIVIENDAS? LA SEGURIDAD JURÍDICA INMOBILIARIA A DEBATE
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¿Qué debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia?
  • El PDeCAT registra una ley para desalojar okupas en 48 horas y dar competencias a vecinos y ayuntamientos.
El objetivo de la iniciativa es "combatir que las mafias organicen okupaciones ilegales de viviendas, aprovechándose del vacío legal actual para extorsionar al pequeño propietario que quiere recuperar su piso". Este partido ya lo intentó en 2017 con poco éxito. Entonces la portavoz de Justicia del PDeCAT en el Congreso, Lourdes Ciuró dijo que "si la iniciativa prospera, quien okupa ilegalmente una vivienda deberá desalojarla por orden judicial inmediatamente, a menos que acredite en un corto plazo de tiempo un título de propiedad o alquiler que le habilite para permanecer en ella". En esta ocasión, 5 años después, la propuesta está más elaboradora y cuenta con un amplio consenso entre partidos, por lo que según fuentes consultadas podría forzar al menos un debate serio sobre este problema, definir las posiciones de los partidos políticos frente a la okupación y publicar los datos reales de okupación en España. Cataluña, Canarias, Baleares, o Andalucía son las que tuvieron una tasa de okupación por viviendas mayor tanto en 2019 como en 2020, los últimos años de los que hay datos completos. Cataluña es la que presenta cifras más altas. Con 17 denuncias por cada 10.000 viviendas (un 0,002%), supera en más de 10 veces a las seis comunidades con menor índice.

 
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En España, la okupación es un delito recogido en el Código Penal que puede darse de dos formas: la usurpación de vivienda, como un delito leve sin pena de prisión; y el allanamiento de morada, que puede tener una pena de hasta cuatro años de cárcel. La diferencia entre los dos radica en que en el allanamiento de morada se trata de una vivienda habitada, sea como habitual o segunda residencia. Esta última forma es minoritaria, la mayoría se producen como usurpación de vivienda.

El PDeCAT ha registrado una proposición de ley en el Congreso con nuevos instrumentos para poder atajar el fenómeno de las ocupaciones ilegales con el objetivo de que los 'okupas' puedan ser desalojados en 48 horas, que la comunidad de propietarios pueda denunciarlos por la vía civil y que se dote de competencias a los ayuntamientos para tomar medidas.

El encargado de presentar esta iniciativa en rueda de prensa ha sido el diputado Genís Boadella, quien ha recordado que el 42% de las ocupaciones ilegales que se registran en España tienen lugar en Cataluña y ha subrayado la necesidad de buscar nuevas vías para ponerles coto.

En primer lugar, el PDeCAT plantea modificar el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, desde que se interponga una denuncia por ocupación ilegal se abra un plazo de 48 horas tras el que un juzgado pueda ordenar el desalojo si el ocupante no presenta un título de propiedad o un contrato de alquiler que le habilite para seguir en el inmueble.

Asimismo, abogan por reformar la Ley de Propiedad Horizontal para facultar a las comunidades de propietarios a acudir a la vía civil para solicitar el desalojo. Con esta fórmula, ha explicado Boadella, se busca que los vecinos puedan actuar ante ocupaciones ilegales que a veces se producen en pisos abandonados cuyos legítimos propietarios no actúan en la vía penal.

El PDeCAT defiende también la modificación del artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local para añadir como competencia propia de los ayuntamientos su actuación ante una ocupación ilegal, de modo que puedan tomar la iniciativa desde las juntas locales de seguridad.

"La ocupación afecta al derecho a la propiedad, pero también a situaciones convivenciales y los ayuntamientos necesitan instrumentos para poder afrontarlas", ha señalado el diputado del PDeCAT.<<<El encargado de presentar esta iniciativa en rueda de prensa ha sido el diputado Genís Boadella, quien ha recordado que el 42% de las ocupaciones ilegales que se registran en España tienen lugar en Cataluña y ha subrayado la necesidad de buscar nuevas vías para ponerles coto.

En primer lugar, el PDeCAT plantea modificar el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, desde que se interponga una denuncia por ocupación ilegal se abra un plazo de 48 horas tras el que un juzgado pueda ordenar el desalojo si el ocupante no presenta un título de propiedad o un contrato de alquiler que le habilite para seguir en el inmueble.

Asimismo, abogan por reformar la Ley de Propiedad Horizontal para facultar a las comunidades de propietarios a acudir a la vía civil para solicitar el desalojo. Con esta fórmula, ha explicado Boadella, se busca que los vecinos puedan actuar ante ocupaciones ilegales que a veces se producen en pisos abandonados cuyos legítimos propietarios no actúan en la vía penal.

El PDeCAT defiende también la modificación del artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local para añadir como competencia propia de los ayuntamientos su actuación ante una ocupación ilegal, de modo que puedan tomar la iniciativa desde las juntas locales de seguridad.

“La ocupación afecta al derecho a la propiedad, pero también a situaciones convivenciales y los ayuntamientos necesitan instrumentos para poder afrontarlas”, ha señalado el diputado del PDeCAT.

 

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