El problema
surgió con el conocido como el "superbono", por el que el estado
pagó un 110% del coste de la rehabilitación edificatoria,
desde el aislamiento hasta los paneles solares y el reemplazo de calderas.
Permitió
a los propietarios deducir el coste del trabajo de construcción
de sus impuestos durante un período de cinco años, o vender
el crédito fiscal al constructor como forma de pago.
El constructor
podría luego venderlo con descuento a otra empresa o banco, que
a su vez podría venderlo a otro, como cualquier otro instrumento
financiero que proporcione liquidez al sistema.
Todo iba bien,
Italia, estancada durante mucho tiempo, contribuyó con 0,9 puntos
del crecimiento económico del 6,6% del año pasado. En noviembre,
el Observatorio del Sector de la Construcción de la Comisión
Europea calificó el superbonus como “una medida muy exitosa” y recomendó
que se extendiera a una gama más amplia de edificios.
Pero a finales
del pasado año todo se torció. La agencia tributaria italiana
denunció que había encontrado un presunto fraude por valor
de más de 2.000 millones de euros relacionado con incentivos para
la construcción ecológica, incluido, en pequeña medida,
la superbonificación.
Y Europa cambió
de criterio. “No estamos de acuerdo con la superbonificación”, dijo
al Parlamento Europeo el mes pasado, en un caso inusual de un gobierno
que critica una de sus propias políticas.
Draghi dijo
que esta medida no era suya, que la había heredado del gobierno
anterior y que se había limitado a reformarla, pero que era mala
y no solo generó estafas, sino que también aumentó
los costes porque los clientes, sabiendo que serían reembolsados,
no tenían necesidad de negociar con los constructores sobre los
precios.
En una campaña
contra el fraude, Draghi fijó límites en la cantidad de veces
que los créditos fiscales podían venderse de un banco o empresa
a otra, socavando el mecanismo en el que se basaba el plan.
La incertidumbre
regulatoria y los comentarios hostiles de los ministros afectaron la confianza
y, uno por uno, los bancos más grandes del país dejaron de
comprar los créditos fiscales a clientes y constructores, dejándolos
sin dinero por el trabajo realizado.
“Más
de 33.000 empresas corren el riesgo de quebrar con la pérdida de
150.000 puestos de trabajo”, dice Claudio Giovine, director de análisis
económico del lobby de pequeñas empresas de Italia CNA.
Con el agotamiento
de los fondos del Superbonus se está produciendo un caos entre las
entidades de crédito que imponen el stop y los arquitectos que dan
la voz de alarma.
Con los fondos
Superbonus 110% ya agotados, aquellos que habían planeado presentar
su solicitud antes de la fecha límite del 30 de junio tendrán
que revisar sus planes.
Pero esto sería
el mal menor frente a los que ya han iniciado todos los trámites
y firmado contratos con empresas constructoras, que ahora podrían
ver bloqueada la obra. Y peor aún podría pasarles a los sujetos
que ya se han beneficiado de parte de las concesiones en intervenciones
de remodelación de edificios: si el gobierno no refinancia la medida,
no solo podrían sufrir una parada en las obras, sino que también
se arriesgarían a tener que devolver el crédito cobrado.
El ya complicado
panorama de los bonos de edificación se ha enredado aún más
en los últimos días después de que el último
informe de Enea constatara que las deducciones del 110% del Superbonus
ya concedidas han superado los recursos puestos a disposición por
el Gobierno para la medida: 172.450 actuaciones en edificación en
curso , actualizado a 31 de mayo, se han gastado 33.700 millones de euros
frente a los 33.300 millones asignados.
La encuesta
difundida por la Agencia de Nuevas Tecnologías, Energía y
Medio Ambiente ha disparado la alarma en el sector de la construcción,
con la reacción en cadena de las entidades de crédito.
En una carta
enviada a sus clientes en los últimos días, el banco Intesa
San Paolo anuncia que "el alto flujo de solicitudes recibidas" para la
venta de créditos de construcción "ha llevado lamentablemente
al agotamiento de nuestra capacidad de compensar" estos créditos
dado que, por ley , todos los operadores del mercado tienen una "restricción
de compensación" que los obliga a tener créditos fiscales,
tales como impuestos de construcción, que no excedan el nivel de
impuestos y contribuciones pagados por el banco.
En esta situación
corren riesgo los sujetos que han iniciado trabajos de eficiencia energética
sin activar una cláusula que vincula el inicio de las obras a la
compra de crédito por parte de la entidad de crédito.
En ese punto,
el riesgo más que concreto es que las constructoras decidan legítimamente
detener las intervenciones y desmantelar la obra. Pero los sujetos que
ya hayan cobrado parte del crédito podrán recibir una solicitud
de devolución del monto desembolsado por la Agencia Tributaria.
Ante esta situación,
el Consejo Nacional de Arquitectos reiteró la necesidad ya expresada
sobre las restricciones de acceso a los préstamos para la construcción
de desbloquear "con urgencia" la "grave situación que se ha presentado
en el sistema de transferencias de créditos para bonos de construcción".
A principios
de junio la Cna había dado la voz de alarma sobre las 33 mil empresas
profesionales en riesgo de quiebra o bloqueo de obras con la posible pérdida
de 150 mil empleos en el sector de la construcción, por el bloqueo
de la transferencia de créditos vinculados a bonos de construcción,
por un perjuicio económico de 2.600 millones de euros, calculando
los descuentos reconocidos pero no monetizados por 60 mil empresas profesionales
que se encuentran con un cajón fiscal repleto de créditos
pero sin liquidez.
Para el colegio
de arquitectos es por tanto "indispensable que el Gobierno convoque de
inmediato una mesa de diálogo con las partes sociales y representantes
del mundo profesional y productivo”. La solución al problema de
bloquear la asignación de créditos para bonos de construcción
-es decir, prorrogarla por un año- parece absolutamente inadecuada
precisamente porque en un año la situación no habrá
cambiado ya que los bancos presentarán los mismos problemas que
hoy. "
En la nota,
la Cna invoca "otras soluciones, en particular es fundamental ampliar la
posibilidad de comprar a los bancos que ya están en posesión
de transferencias de crédito: esta medida ciertamente permitiría
aliviar la situación actual y pondría a los técnicos
profesionales y a las empresas en una posición para superar la difícil
crisis actual".
Para los arquitectos
es "también necesario confirmar de forma clara e inequívoca
que quien compra un préstamo, ya tasado por los bancos a través
de sus asesores, no puede tener responsabilidad alguna, evitando así
que el mecanismo de transferencia quede bloqueado".
“Esta situación
de incertidumbre ya no se puede tolerar”, por lo que “urgen soluciones
eficaces, capaces de salvaguardar toda la cadena de la construcción
que corre el riesgo de comprometer los beneficios que se han obtenido gracias
al mecanismo de bonificación”, concluye la Cna en Nota.
En definitiva,
un aviso en toda regla a otros países, como España, que van
más retrasados en el reparto de fondos europeos para la rehabilitación.
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