Por cubrir
este vacío se diseñó el proyecto MidCat, cuyo coste
se ha estimado en más de 440 millones de euros. Pero su trabajo
se vio interrumpido en 2019, por falta de acuerdo sobre la financiación
del proyecto y por la oposición de movimientos ecologistas. Desde
entonces, la invasión de Ucrania por parte de Rusia
ha revuelto las cartas y el gobierno finalmente se ha pronunciado a favor
de retomar el proyecto, al igual que la Comisión Europea. Madrid
no obstante insistió en que esta interconexión también
tendrá que ver con el transporte de “hidrógeno verde”. Otra
condición de España: que el coste de la obra no corra a cargo
de los contribuyentes españoles, dado que es
Otro punto
debilita la reanudación del proyecto destinado a traer gas
de España a Francia. Desde octubre, Argelia, en conflicto con Marruecos
por el espinoso asunto del Sáhara Occidental, ha dejado de abastecer
a su vecino a través del Magreb Europe Gas Pipeline (GME), que une
España con Argelia. Sin embargo, la decisión de España
de permitir que Marruecos compre GNL en los mercados internacionales, para
enviarlo a España donde será regasificado antes de ser transportado
a Marruecos a través de GME, ha enojado a Argelia. Argel amenazó
a Madrid a finales de abril con romper el contrato de suministro de gas
que vincula a los dos países si Madrid lo transportaba "a
un tercer destino", una referencia implícita a Marruecos. En un
intento por calmar a su proveedor, España ha querido ser tranquilizadora
diciendo que “en ningún caso el gas adquirido por Marruecos será
de origen argelino”.
El primer ministro
español, Pedro Sánchez, ha pedido a la Unión Europea
que financie las interconexiones de gas con el resto de Europa, diciendo
que la nueva infraestructura también debería incluir gases
verdes como el hidrógeno.
El Gobierno
español insiste en que será uno de los menos afectados por
la crisis del gas gracias a su extensa red de terminales de GNL, y ha mostrado
su voluntad de facilitar las interconexiones con otros países para
permitir las entregas desde España.
Sin embargo,
Sánchez insistió en que los costes de construcción
de la infraestructura necesaria deberían ser cubiertos por el presupuesto
de la UE.
Los ciudadanos
españoles “ya pagan las instalaciones de regasificación.
El precio de la regasificación lo pagamos nosotros, los consumidores.
Si queremos ofrecer a Europa nuestras capacidades de reserva, que son más
del 60% mientras que las de la UE son del 30%, no es España sino
Europa la que debe financiarlas”, ha explicado.
España
cuenta con la mayor red de plantas de regasificación de Europa,
infraestructura crítica en la actual crisis energética por
su capacidad para descargar cargamentos de gas natural licuado (GNL), en
un momento en el que el suministro energético procedente de Rusia
puede verse interrumpido.
La Comisión
Europea apoya la idea de hacer de España un gran centro gasista
europeo. El problema, sin embargo, es sacar el gas de España y llevarlo
a Europa.
Ya en 2019,
los reguladores energéticos españoles y franceses rechazaron
la construcción del gasoducto Midi-Cataluña (proyecto Midcat),
un gasoducto que habría unido la red gasista de España y
Francia a través de los Pirineos.
En la actualidad,
sin embargo, el proyecto parece estar experimentando una nueva oportunidad
de vida. Aunque gran parte del trabajo preparatorio ya se ha realizado,
su finalización llevaría años y no podría resolver
el estancamiento actual.
¿Cuál
es el estado actual de la interconexión energética de la
Península Ibérica con el resto del mercado energético
de la UE?
Con una capacidad
de interconexión de 6000 MW, España y con ella la Península
Ibérica sigue siendo en gran medida una isla energética que
difícilmente puede participar en el mercado eléctrico europeo.
Esto significa un nivel de capacidad de interconexión de solo el
6 %, muy por debajo del objetivo de interconexión del 15 % contenido
en el nuevo reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía.
Los mercados
francés e ibérico están interconectados gracias a
dos gasoductos que cruzan la frontera en Larrau y Biriatou. Los dos oleoductos
ofrecen una capacidad de intercambio de unos 7.000 millones de metros cúbicos/año.
Para el gas, no existe un objetivo de interconexión establecido
a nivel europeo.
La Comisión
Europea creó en junio de 2015 el Grupo de alto nivel para las interconexiones
en el suroeste de Europa para garantizar la implementación oportuna
del acuerdo político de Madrid. Desde entonces, se han logrado importantes
avances. La capacidad de interconexión eléctrica entre Francia
y España se duplicó gracias a la puesta en servicio de la
línea eléctrica Santa-Llogaia-Baixas en 2015. La finalización
en junio de 2017 del transformador en Arkale, España, permitió
su pleno aprovechamiento. Estos proyectos son ejemplos de logros concretos
que aportan beneficios concretos a los ciudadanos europeos: su existencia
hizo posible que España ayudara a Francia y mostrara su solidaridad
durante el invierno de 2017.
El progreso
no se limita solo a la electricidad. En tres meses, el gasoducto Val de
Saône, respaldado una vez más por fondos europeos, estará
operativo. Supondrá una importante contribución a la unificación
del mercado francés al tiempo que garantizará un mejor acceso
de la Península Ibérica al mercado europeo del gas. Además,
el tratamiento regulatorio del oleoducto Tránsito Sur Pirineos Orientales
está siendo evaluado actualmente por las autoridades nacionales.
La línea
eléctrica del Golfo de Vizcaya entre Francia y España dio
un paso decisivo en su desarrollo con la participación financiera
de la UE de 578 millones de euros. Una vez finalizado, en 2025, acercará
a España al objetivo de interconexión del 15% contenido en
el nuevo reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía,
e integrará a toda la Península Ibérica en el mercado
interior de la electricidad.
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