En materia
de Urbanismo y Medio Ambiente supone la adaptación regulatoria a
las nuevas realidades sociales y económicas de la región,
con la flexibilidad necesaria para favorecer el dinamismo empresarial de
forma compatible con la protección del entorno natural. Por otra
parte, se permitirá la caza sostenible en zonas permitidas de aquellas
especies en las que haya superpoblación y supongan un riesgo para
el equilibrio del ecosistema.
Para alcanzar
un mayor avance económico, el nuevo marco legal posibilitará
la reducción de cargas burocráticas y precios públicos,
eliminando tasas e incorporando, entre otras medidas, la declaración
responsable en lugar de la autorización y licencia previa. Además,
incluye iniciativas para la modernización de la Administración
pública, introduciendo más eficiencia en el gasto público
y en la estructura administrativa
Para alcanzar
un mayor avance económico, el nuevo marco legal posibilitará
la reducción de cargas burocráticas y precios públicos,
eliminando tasas e incorporando, entre otras medidas, la declaración
responsable en lugar de la autorización y licencia previa.
NOVEDADES
Los ayuntamientos
con parcelas públicas de suelo calificado como equipamiento o dotacional
que no han cumplido su destino y se convierten en un vacío urbano,
tendrán la oportunidad con la Ley Ómnibus de levantar en
ellas viviendas públicas sin necesidad de realizar antes una modificación
del planeamiento. Esta medida facilitará luchar contra el éxodo
de la población joven en pequeños municipios.
En esta línea,
se podrá constituir sobre terrenos que formen parte de los Patrimonios
Públicos del Suelo un derecho de superficie para, por ejemplo, la
construcción bajo un régimen concesional de viviendas públicas
sujetas a algún régimen de protección como el vigente
Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Se trata de ampliar los fines de estos
con el objetivo de adaptarlos a los previstos en la legislación
básica estatal y posibilitar su uso para la reactivación
económica e impulsar las operaciones de regeneración urbana.
La Ley Ómnibus
también integra y regula las transferencias de aprovechamiento urbanístico
en suelo urbano. Esta operación, bajo el control municipal, va a
suponer una justa distribución del aprovechamiento, así como
una eficaz herramienta para conjugar las necesidades del interés
general y el particular al permitir una actuación en suelo urbano
consolidado que de otra forma no resultaría posible poniendo en
riesgo su actividad y viabilidad.
Un operador
propietario de un suelo cuya edificabilidad ya esté agotada y que
necesite llevar a cabo un incremento de la misma podrá comprar a
otro dueño de un suelo en el mismo ámbito ese aprovechamiento
objetivo que no haya agotado o no tenga previsto agotar, con los límites
que en la nueva regulación se establecen. De esta manera, la Comunidad
de Madrid aporta una herramienta de gestión urbanística más
a los promotores, agilizando a su vez los tiempos de tramitación.
Por otro lado,
la Ley Ómnibus también resuelve otro asunto que se arrastra
desde los años 80, época de la que datan la mayoría
de las normas urbanísticas municipales. Antes no existían
determinadas actividades como por ejemplo los alojamientos turísticos
o la instalación de placas fotovoltaicas. En consecuencia, dichas
actividades económicas no podían estar previstas y recogidas
como usos compatibles en los planeamientos. Por ello, se ha modificado
la redacción de la Ley de Suelo para que, en el no urbanizable de
protección -siempre que la legislación sectorial lo permita-,
se puedan autorizar el ejercicio de dichas actividades mediante calificación
urbanística cuando el plan y las normas sectoriales no los prohíba
expresamente.
CLAVES
Se ha modificado
la redacción de la Ley de Suelo para que, en el no urbanizable de
protección -siempre que la legislación sectorial lo permita-,
se puedan autorizar el ejercicio de dichas actividades mediante calificación
urbanística cuando el plan y las normas sectoriales no los prohíba
expresamente.
En Madrid hay
multitud de planes generales y se tarda mucho tiempo en tramitar desde
la Administración. Se tarda 9 años en la tramitación
de un plan general y una media de 4 años en anular el plan general
por los tribunales de justicia. Cada vez que falta un trámite se
anula el plan completo. El Estado lleva prometiendo una ley estatal de
seguridad jurídica en el urbanismo desde hace años y no llega.
España es un país que no tiene carestía de materia
prima que es el suelo, pero sin embargo, si carece de suelo finalista para
poder edificar y esto según los expertos tiene un claro origen en
las decisiones políticas de intervencionismo, por lo que esperan
que las nuevas legislaciones al respecto vayan hacia una tendencia más
flexible y más liberalizadora.
LA INSPIRACIÓN
ANDALUZA
En Andalucía
entró en vigor la Ley de Impulso para la sostenibilidad del Territorio
de Andalucía (Lista) el 23 de diciembre de 2021 y se creó
para desbloquear el planeamiento urbanístico de la región,
que en muchos lugares lleva paralizado más de 10 años. Desde
su entrada en vigor se ha hecho una instrucción aplicando la ley
Lista y si antes el suelo urbanizado en Marbella eran 40 millones de metros
ahora con la entrada de la Lista tenemos 50 millones, un 25% más
de suelo urbano y es que hay casos de urbanizaciones donde faltaba un papel
y la Lista no lo considera suelo urbano y ahora se incluye. Por lo que
con la aplicación de la nueva ley Lista hay más suelo urbano.
Además, se reconoce que las competencias urbanísticas de
la ordenación urbana las tienen los Ayuntamientos y a partir de
la entrada de Lista en Andalucía los planes generales los aprueban
los Ayuntamientos.
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