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  • 1ª Revista Iberoamericana de construcción, urbanismo e inmobiliario. 

21 de julio de 2021
 
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LA COMISIÓN EUROPEA (CE) ANALIZA EL RÉGIMEN DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES 
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  • La Comisión Europea (CE) intervendrá en el laudo arbitral contra España por recortar las tarifas reguladas
La Comisión Europea (CE) ha iniciado una "investigación en profundidad" para decidir si un laudo arbitral de 101 millones de euros impuesto a España para pagar al inversor en energías renovables Antin infringe las normas de la UE sobre ayudas estatales. Se trata de uno de los muchos inversores afectados tras la reforma que hizo España de las condiciones de apoyo financiero de 2007 para instalaciones de energía renovable en 2013, un acto que, según los inversores, frustró sus actividades de inversión y los rendimientos esperados, y luego desencadenó una ola de disputas en virtud del Tratado de la Carta de la Energía (TCE).  

 
INGENIERÍA DE LA ENERGÍA.

En 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) se puso del lado de Antin Infrastructure Services Luxembourg Sarl, constituida en Luxemburgo, y de su entidad de propiedad absoluta con sede en los Países Bajos, Antin Energia Termosolar BV, que invirtió en dos plantas de energía solar concentrada (CSP) en España, en el sentido de que el gobierno español modificó significativamente su régimen regulatorio, lo que provocó que las empresas perdieran el derecho a una tarifa de alimentación esperada (FIT).

Antin Infrastructure y Antin Termosolar operaban bajo el paraguas de la firma francesa de capital privado Antin Infrastructure Partners, que utilizó las entidades para invertir en el sector español de energías renovables.

Antin Infrastructure Partners y RREEF Pan European Infrastructure Fund, con sede en el Reino Unido y gestionado por Deutsche Alternative Asset Management, compraron participaciones en las plantas de CSP de 50 MW Andasol 1 y 2 en Granada en 2011. Los socios vendieron sus participaciones a Cubico Sustainable Investments en 2017, mientras que la disputa de Antin con España ante el CIADI aún estaba en curso.

La CE dijo que el plan de apoyo de 2007 de España para las energías renovables "no fue notificado a la Comisión para su aprobación bajo las normas de ayudas estatales", pero se determinó que la revisión de 2013 estaba en consonancia con las normas de la UE.

La concesión de 101 millones de euros del CIADI, más los intereses y los costes del procedimiento, a Antin podría constituir una ayuda estatal indebida en la opinión preliminar de la Comisión. 

La CE también examinará si el laudo discrimina a los inversores en función de la nacionalidad y de su capacidad para acceder al arbitraje internacional, ya que los inversores españoles no pueden plantear tales impugnaciones legales por los cambios en el plan de 2007, añade la Comisión.
 

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