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NOTICIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,
URBANISMO E INMOBILIARIO. |
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1ª Revista
Iberoamericana de construcción, urbanismo e inmobiliario.
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15 de julio de 2021
| NOTICIA
ADAPTADA AL SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA
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| NUEVA LEY DEL SUELO DE ARAGÓN.
LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE URBANISMO DE ARAGÓN |
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prácticas |
| ¿Qué
debe saber un profesional en un caso práctico como el de la noticia? |
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El Consejo
de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley modificación del Texto
Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón. El proyecto
de Ley modificado se remitirá a las Cortes de Aragón para
su tramitación parlamentaria por el procedimiento legislativo común.
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Los municipios
que carecen de Plan General, buena parte de los de menos de 2.000 habitantes,
podrán ahora autorizar la rehabilitación de construcciones
en barrios rurales o núcleos deshabitados (suelo no urbanizable)
si requieren de pequeñas ampliaciones.
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Los pequeños
municipios que opten por una figura de ordenación menor (Delimitación
de Suelo Urbano) podrán además incluir la delimitación
de suelos no urbanizables especialmente protegidos que se correspondan
con ámbitos ya protegidos por legislación sectorial.
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Los municipios
de menos de 2.000 habitantes que no cuenten con Plan General Ordinario
pueden autorizar en la “zona de borde”, limítrofe con el suelo urbano,
la construcción de viviendas, almacenes, u otros usos, con un máximo
de 300 m2, y ello aun siendo Suelo No urbanizable.
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| En el año
2014 se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón,
pero en estos años y con la aplicación práctica de
los cambios legislativos introducidos en 2013 se requiere una modificación
para mejorar la calidad normativa y adecuarla a una realidad cambiante.
La modificación de la Ley, impulsada por el departamento de Vertebración
del Territorio, Movilidad y Vivienda, busca evitar determinadas discordancias
y se centra en varios aspectos. Con la legislación vigente los municipios
que carecen de Plan General, buena parte de los de menos de 2.000 habitantes,
no pueden autorizar la rehabilitación de construcciones en barrios
rurales o núcleos deshabitados (suelo no urbanizable) si requieren
pequeñas ampliaciones para resolver exigencias funcionales. Se modifica
la LUA para que en cualquier municipio se puedan autorizar en esos casos,
que incluyen bordas o viviendas tradicionales, ampliaciones del 20% de
lo existente, o de 20 m2 si fuese superior a ese 20%. Con la modificación
que se propone, los pequeños municipios que opten por una figura
de ordenación menor (Delimitación de Suelo Urbano) podrán
incluir la delimitación de suelos no urbanizables especialmente
protegidos que se correspondan con ámbitos ya protegidos por legislación
sectorial, tales como las que afectan a Patrimonio Cultural, dominios públicos
(carreteras, cauces de ríos, masas forestales protegidas, etc.),
o ámbitos de reconocida peligrosidad (inundaciones, riesgos geológicos,
etc.). También podrán identificar cualquier inmueble que
deba ser protegido por estar integrado en el Patrimonio Cultural aragonés. |
| Con la legislación
vigente, los municipios de menos de 2.000 habitantes que no cuenten con
Plan General Ordinario pueden autorizar en la “zona de borde”, limítrofe
con el suelo urbano, la construcción de viviendas, almacenes, u
otros usos, con un máximo de 300 m2, y ello aun siendo Suelo No
urbanizable. Pero no puede haber más que un edificio por parcela.
Con la modificación que se pretende, en una misma parcela podrá
haber, por ejemplo, una vivienda y otra edificación auxiliar (pequeño
almacén, garaje, etc.) manteniéndose la limitación
de 300 m2 construidos máximos por parcela.
Con la Ley
de urbanismo vigente los Planes Generales solo pueden clasificar como Suelo
No Urbanizable especialmente protegido aquellos suelos que ya lo están
por legislación sectorial (de Patrimonio, de dominio público
hidráulico, carreteras, ferrocarriles, por riesgos naturales, etc.),
pero son muchos los municipios con Plan General aprobado con leyes urbanísticas
anteriores, que podían clasificar como especialmente protegidos
otros suelos no urbanizables.
Además,
el régimen de protección de la legalidad es muy diferente
si se trata de Especialmente Protegido o si es No urbanizable Genérico.
En los primeros la sanción mínima es de 60.000 € y no
prescriben hasta los diez años. En los segundos la sanción
mínima es de 6.000 € y prescriben a los cuatro años.
La modificación pretende un trato homogéneo para todos los
municipios, independientemente de que sus Planes sean anteriores o posteriores
a la Ley de 2014, considerando a estos efectos como especialmente protegidos
solo los así considerados por el vigente Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo.
Según
la Ley de Urbanismo vigente, la aprobación definitiva de los Planes
Generales debe atenerse a las exigencias de la Ley que estaba vigente cuando
se aprobaron inicialmente. Pero son muchos los planes cuya tramitación
supera los diez, los quince años, lo que supone que, ahora mismo,
estamos aprobando planeamiento que responde a normativa de 1999 (la vigente
cuando se aprobaron inicialmente) a los que no se puede requerir que cumplan
con determinaciones de las tres leyes posteriores (de 2005, de 2013 y texto
refundido de 2104), lo que no parece lo más adecuado. Se propone
una modificación en orden a garantizar que ese régimen transitorio
tenga límite temporal: si entre la aprobación inicial y la
definitiva median más de 10 años, deberán adaptarse
a la legislación vigente.
La modificación
incluye, además, alguna corrección de errores y la eliminación
de disposiciones que ya no tienen aplicación.
La Comunidad
Autónoma tiene la competencia exclusiva, tal y como se recoge en
el artículo 71.9 del Estatuto de Autonomía, en materia de
Urbanismo que comprende el régimen urbanístico del suelo,
su planteamiento y gestión y la protección de la legalidad
urbanística, así como la regulación del régimen
jurídico de la propiedad del suelo respetando las condiciones básicas
que el Estado establece para garantizar la igualdad del ejercicio del derecho
a la propiedad.
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