| La combinación
de subvenciones y préstamos europeos se dedicará en gran
medida a acelerar la transición verde y a digitalizar la economía
y la administración pública. Los planes del primer ministro
Draghi también prevén una ambiciosa reforma del sistema judicial,
cuya lentitud se considera un impedimento para las inversiones extranjeras
directas.
El primer ministro
se asegura de que sea él y sus colaboradores más cercanos
en el gobierno los que se encarguen de las interacciones con la comisión
de la UE en Bruselas. En la capital de la UE, el primer ministro Draghi
tiene una credibilidad de la que simplemente carecen los políticos
italianos tradicionales.
Si Italia no
se reforma, es probable que Europa se quede estancada en un mal equilibrio
durante muchos años: demasiado grande para desintegrarse, pero demasiado
complicada para poder responder con la agilidad pragmática y la
ambición necesarias a los desafíos económicos y geopolíticos
que enfrenta.
El principal
objetivo del primer ministro Draghi es asegurarse de que Italia comience
a gastar bien los fondos públicos europeos para, finalmente, impulsar
una agenda europea más ambiciosa.
Paradójicamente,
con los planes de gasto del primer ministro Draghi, la deuda pública
aumentará inicialmente al 160%, incluso un poco más que con
los planes de gasto del gobierno anterior.
Sólo
hay tres formas de reducir esa proporción con el tiempo: más
crecimiento, más inflación o austeridad.
Italia es,
con mucho, el mayor beneficiario del programa. Argumentó con éxito
el verano pasado que el país no solo estaba cruelmente en la primera
línea de la pandemia en Europa, sino que también ha sufrido
décadas de austeridad y subinversión impuestas por la Unión
Europea. Por lo tanto, se asignaron alrededor de 240 mil millones de euros.
El quid del
plan de la Unión Europea es que NO SE TRATA SOLO DE GASTAR. Junto
a estas inversiones, se realizarán recortes y REFORMAS en las áreas
que más han obstaculizado la economía italiana. Se recortará
y simplificará la administración pública notoriamente
burocrática, se reformará el sistema de justicia de Italia
y se racionalizará el complicado sistema fiscal.
Pero la realidad
es que, independientemente de lo que suceda en Italia durante los próximos
10 años, tendrá efectos profundos fuera de sus fronteras,
en Europa y el resto del mundo.
Integracionistas
europeos comprometidos como Draghi están apostando a que si este
plan se desarrolla como se prevé, tendrá el efecto de convertir
a la tercera economía europea en un motor de crecimiento para el
continente y, por lo tanto, sería un argumento convincente para
el establecimiento de una unión fiscal europea permanente junto
con la unión monetaria existente.
Sin embargo,
este resultado es complicado.
Si, como creen
los euroescépticos, el dinero se desperdicia en proyectos megalómanos,
mientras que las reformas estructurales son bloqueadas en la práctica,
podría detenerse el proyecto europeo de forma permanente y, potencialmente,
podría ponerlo en marcha atrás.
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