| EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS.
La ley tiene
como objetivo canalizar los fondos europeos del plan de recuperación
también en términos de edificación y eficiencia energética.
Estas son algunas de las medidas contempladas:
En los primeros
seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno debe implementar
un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana.
Las Administraciones
deberán aprobar incentivos para la “introducción de energías
renovables” para promover el autoconsumo y la calefacción y refrigeración
cero emisiones. También apuesta por el uso de materiales con la
menor huella de carbono posible y por la mejora de la accesibilidad.
LAS MEDIDAS
MÁS IMPORTANTES DE LA NUEVA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO
El Congreso
de los Diputados aprobó este jueves la Ley de Cambio Climático
y Transición Energética. El Senado debe ahora darle el visto
bueno y, si no incluye modificaciones, la ley se aprobará definitivamente,
previsiblemente en mayo. El objetivo de este reglamento es ayudar a España
a cumplir con sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio
climático para conseguir “antes de 2050” la llamada “neutralidad
climática” (que el país solo puede emitir gases de efecto
invernadero que pueden ser absorbidos por sumideros, por ejemplo, bosques).
Para ello, la norma establece una serie de metas intermedias y medidas
concretas.
En el preámbulo
de la ley, que también se presenta como un instrumento para canalizar
los fondos de recuperación europeos, se asegura que la transición
energética promovida por este reglamento “permite la movilización
de más de 200.000 millones de euros de inversión a lo largo
de la década de 2021. -2030". Además, se argumenta que “el
empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas al final
del período” gracias a las medidas propuestas.
Metas para
2030. La norma establece una serie de metas concretas para esta década
y un sistema de revisión al alza de esos objetivos para cumplir
con el Acuerdo de París. La primera de estas revisiones debería
realizarse en 2023. Estos son los principales objetivos marcados en la
ley para 2030:
•
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23%
en comparación con 1990.
• Lograr una
penetración de las energías renovables en el consumo energético
final de al menos un 42% (frente al actual cercano al 20%).
• Llegar a
un sistema eléctrico con al menos un 74% de generación a
partir de fuentes de energía renovables (en comparación con
el 40% en este momento).
• Movilidad.
En 2019, último año del que hay datos oficiales, casi el
30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de España procedieron
del sector del transporte y, en gran medida, del transporte por carretera.
La ley aprobada este jueves intenta acompañar la tendencia de cambio
en la movilidad que ya se está produciendo en la sociedad y el sector
industrial hacia el vehículo eléctrico, fundamentalmente.
Estas son algunas
de las medidas de movilidad más importantes:
-
El principal objetivo
es lograr para 2050 “una flota de turismos y vehículos comerciales
ligeros sin emisiones directas de CO?” (dióxido de carbono). A tal
efecto, a más tardar en 2040, no se podrán vender automóviles
nuevos y vehículos comerciales ligeros, no destinados a uso comercial,
que emitan CO2.
-
Todos los municipios
de más de 50.000 habitantes deben adoptar planes de movilidad sostenible
que, entre otras cuestiones, incluyan zonas de bajas emisiones similares
a las puestas en marcha en Madrid y Barcelona. Y solo se pueden revertir
con un informe favorable del gobierno regional. Además, los municipios
con más de 20.000 habitantes también deben aprobar zonas
de bajas emisiones si la calidad del aire no es buena.
-
La norma también
establece obligaciones para las gasolineras de colocar puntos de recarga
de coches eléctricos y facilitar su instalación en edificios
y aparcamientos. A partir de 2023, todos los edificios que no estén
destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento
deberán contar con infraestructuras de recarga. Además, el
Ministerio de Transición Ecológica desarrollará un
catálogo de acceso público nacional de puntos de recarga
a disposición de los conductores. Y los fondos de recuperación
europeos se canalizarán para fomentar la instalación de infraestructura
de carga.
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El Gobierno también
establecerá objetivos para la integración de combustibles
alternativos en el transporte, con "especial énfasis en los biocombustibles
avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico".
Y se abre la puerta para limitar los biocombustibles de primera generación
(los elaborados a partir de cultivos alimentarios).
-
El Gobierno redactará
una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público,
que también contemplará objetivos para la penetración
del ferrocarril en el transporte de mercancías a distancias superiores
a los 300 kilómetros.
Sector eléctrico.
El sector eléctrico representa actualmente algo menos del 14% de
las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Gracias al
cierre paulatino de las plantas de carbón y al aumento de la introducción
de renovables, el sector emite cada vez menos de estos gases. Pero se necesita
mucho más. La ley contempla duplicar en 2030 la participación
de las renovables en la generación eléctrica en España
al 74%. Y establece un objetivo para 2050 de que el 100% de la generación
de electricidad sea renovable. Estas son algunas de las medidas más
destacadas en este campo:
El Gobierno
y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberán
presentar una propuesta de reforma del sector eléctrico en un plazo
máximo de 12 meses a partir de la aprobación de la ley.
Se promoverán
plantas hidroeléctricas reversibles (aquellas que funcionan con
un sistema de bombeo de agua que permite generar electricidad cuando se
necesita). Y también se promoverá la generación de
electricidad a través de sistemas de abastecimiento y saneamiento
urbano.
La Ley de Propiedad
Horizontal se reformará en el plazo de un año para facilitar
las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en las comunidades de
propietarios.
Además,
la ley aboga por hacer que la implementación de nuevas energías
renovables sea "compatible con la conservación del patrimonio natural".
Para evitar los peores impactos de la instalación de grandes parques
eólicos y solares, el Gobierno preparará una zonificación
de zonas sensibles en las que no se podrán llevar a cabo proyectos
de este tipo.
Combustibles
fósiles. El reglamento establece una serie de limitaciones para
la explotación de nuevos depósitos de combustibles fósiles
en España, tanto en tierra como en operaciones offshore. La quema
de este tipo de combustible para generar energía es la principal
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas son algunas de
las medidas que se contemplan:
A partir de
la entrada en vigor del reglamento, se prohibirán nuevos proyectos
de exploración y extracción de hidrocarburos en España.
En cuanto a los permisos de investigación y concesiones de explotación
de yacimientos de hidrocarburos que ya se encuentran vigentes, “no podrán
ser prorrogados, en ningún caso, más allá del 31 de
diciembre de 2042”.
El texto prohíbe
expresamente la técnica de fracturación hidráulica
( fracking ) y también veta la minería radiactiva, como la
del uranio.
En cuanto a
los nuevos beneficios tributarios, la ley establece que solo los “productos
energéticos de origen fósil” podrán acceder a ellos
si se justifica por “razones de interés social y económico
o en respuesta a la falta de alternativas tecnológicas”. Además,
en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, el
Gobierno preparará un estudio y una propuesta de calendario para
que “la Administración General del Estado y los organismos y entidades
que integran el sector público estatal dispongan de participaciones
o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad comercial
incluye la extracción, refinación o procesamiento de productos
energéticos de origen fósil ”.
Eficiencia
energética y rehabilitación de edificios. La ley tiene como
objetivo canalizar los fondos europeos del plan de recuperación
también en términos de edificación y eficiencia energética.
Estas son algunas de las medidas contempladas:
En los primeros
seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno debe implementar
un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana.
Las Administraciones
deberán aprobar incentivos para la “introducción de energías
renovables” para promover el autoconsumo y la calefacción y refrigeración
cero emisiones. También apuesta por el uso de materiales con la
menor huella de carbono posible y por la mejora de la accesibilidad.
Adaptación
y biodiversidad. La ley incluye varios apartados referentes a la adaptación
al cambio climático. Existen ciertos impactos del calentamiento
que ya no se pueden revertir, por lo que la norma establece medidas relacionadas
con esta materia y con la protección de la biodiversidad:
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El Gobierno deberá
aprobar cada cinco años un plan nacional de adaptación al
cambio climático, que deberá incluir, por ejemplo, “la identificación
y evaluación de impactos y riesgos previsibles” para “diversos escenarios
posibles”. También la evaluación de la “vulnerabilidad de
sistemas naturales, territorios, poblaciones y sectores socioeconómicos”.
Además, cada cinco años deben aprobarse “informes de riesgo
climático”.
La ley establece
que la planificación urbana y la planificación hidrológica
deben tener en cuenta el cambio climático. E incluye un artículo
que limitará la duración de las prórrogas otorgadas
a las concesiones para determinadas actividades en el área de dominio
público marítimo.
Además,
el Ejecutivo deberá presentar una “estrategia específica
para la conservación y restauración de ecosistemas y especies
especialmente sensibles a los efectos del cambio climático”.
Y, en un plazo
de seis meses, el Gobierno se compromete a remitir a los tribunales el
proyecto de ley sobre residuos y suelos contaminados.
Riesgos financieros,
empresas y comité de expertos. La ley incluye varios apartados que
buscan ampliar el conocimiento sobre los riesgos a los que está
expuesta la economía del país por el cambio climático,
además de un cierto control externo de las medidas contra el calentamiento.
Las grandes
empresas, instituciones financieras y aseguradoras deben elaborar informes
anuales sobre los riesgos de su actividad derivados de “la transición
a una economía sostenible y las medidas adoptadas para hacer frente
a dichos riesgos”.
El Banco de
España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones también
deberán presentar un informe conjunto cada dos años sobre
el grado de alineación del sector financiero con los objetivos del
Acuerdo de París y la UE., así como una evaluación
de riesgos para el sistema. Los operadores estatales del sistema de electricidad
y gas tendrán que hacer algo similar, así como la Compañía
Logística de Hidrocarburos.
Además,
las grandes empresas -el Gobierno debe definir en el plazo de un año
qué tipo de empresas en concreto- deben realizar un cálculo
de las emisiones que genera su actividad. Y tendrán que "desarrollar
y publicar un plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero"
con objetivos para cada cinco años.
La aprobación
final de la ley implicará la creación de “un comité
de expertos en cambio climático” que deberá evaluar y hacer
recomendaciones sobre políticas y medidas para la transición.
Sus miembros elaborarán un informe anual que será “enviado
al Congreso de los Diputados y sometido a debate”. Además, el Gobierno
creará una “asamblea ciudadana sobre cambio climático” en
la que buscará promover la participación de la sociedad en
la lucha contra el calentamiento.
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