| El debate
sobre el derecho a la vivienda ha llegado en varias ocasiones al Tribunal
Constitucional, como en 2015 con la ley de medidas urgentes para afrontar
la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética
del Parlament de Catalunya. El problema de fondo es que el derecho a la
vivienda es un derecho rector, como sucede con el derecho al trabajo.
El derecho
a la vivienda se encuentra dentro del Título primero de la Constitución,
“de los derechos y deberes fundamentales”, pero en el Capítulo tercero.
“De los principios rectores de la política social y económica”.
Conceptualmente no son derechos, su técnica jurídica de protección
no es de derecho y no hay un sujeto obligado a satisfacerlo.
Por este motivo
se han recurrido ante el Constitucional numerosos decretos y leyes autonómicas
encaminadas a acabar con los desahucios y con la acumulación de
viviendas vacías en manos de grandes tenedores.
La primera
comunidad autónoma en legislar en este sentido fue Andalucía,
seguida de otras como Euskadi, Navarra, Canarias o Aragón. El constitucional
siempre había rechazado las limitaciones a los grandes tenedores
hasta que permitió la obligación de formular una oferta de
alquiler social previa al desahucio, además de fijar medidas para
garantizar el suministro de agua, gas y electricidad en casos de pobreza
energética. Extremadura también se salva de momento.
LA POSTURA
DE LOS INVERSORES INMOBILIARIOS
En una reciente
jornada inmobiliaria organizada por PWC, Eduard Mendiluce, representante
de Blackstone y CEO de Anticipa y Aliseda, ha criticado que “España
es el único país que protege a los okupas” y que exista una
normativa que ‘hiperregula’ el mercado de la vivienda. “El capital extranjero
nos considera un mercado interesante, pero somos un país que penaliza
la innovación y el alquiler, que penaliza a los que tienen más
de 10 viviendas en cartera y que pone al mismo nivel a un deudor hipotecario
o del alquiler que a un okupa, lo que es preocupante”.
Mendiluce ha
asegurado que el arrendamiento social es “responsabilidad cien por cien
de la Administración pública”. Respondía así
a Unidas Podemos, que presiona a su socio de Gobierno para incluir en la
futura norma una obligación para los grandes propietarios de destinar
parte de sus inmuebles a arrendamiento social.
Mendiluce sostiene
que el modelo de construir viviendas destinadas al alquiler, el famoso
‘build to rent’, “tiene unas posibilidades enormes de desarrollo, aunque
es necesario que exista un marco estable”. En cambio, un mercado muy regulado
“no ayuda, sino que va en contra del objetivo de aumentar la oferta, y
lo que va a conseguir es crear un mercado de alquiler paralelo (en b) y
que haya un aluvión de demandas por la vulneración del derecho
de uso de los inmuebles por parte de los propietarios”.
Según
Mendiluce, la única vía posible para aumentar el parque de
viviendas destinadas al alquiler asequible, pasa por la necesidad de que
sector público y privado se sienten a estudiar y negociar alternativas
para aumentar la oferta, ya que España necesita desarrollar en torno
a dos millones de viviendas en alquiler en un plazo de 15 años para
poder situarse en línea con los principales países europeos
en términos de stock.
Mendiluce también
considera necesario que el sector público ponga en marcha incentivos
fiscales, ayudas directas para el pago del alquiler a los colectivos más
desfavorecidos y bonificaciones, como han hecho en otros países
como Portugal o Francia. “Hay muchos ejemplos y aunque siempre son mejorables,
en Francia se ha construido medio millón de viviendas asequibles”,
explica. Y defiende otra propuesta: utilizar los fondos europeos para financiar
promociones, siempre y cuando se trate de inmuebles asequibles.
LA POSICIÓN
DE PODEMOS
En esta misma
jornada inmobiliaria de PwC intervino la secretaria de Estado para la Agenda
2030, Ione Belarra, quien pedía “una ley de vivienda que corresponsabilice
al sector privado en la garantía del derecho a la vivienda y le
comprometa a cumplir con la función social que debe tener”.
Belarra, que
forma parte del equipo de Iglesias en la Vicepresidencia de Derechos Sociales,
es la persona encargada por parte de ese departamento y de Unidas Podemos
para negociar la futura ley de vivienda con el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, capitaneado por el socialista
José Luis Ábalos). “Si los grandes propietarios destinaran
el 30% de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en
muy pocos meses el parque público en unos 140.000 o 150.000 inmuebles,
ayudando a poner fin a la emergencia habitacional”, ha dicho la diputada
navarra en su comparecencia ante la comisión que hace seguimiento
de la estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. En la misma, también ha recordado
que el artículo 47 de la Constitución consagra el derecho
a la vivienda.
El cálculo
de Belarra presupone considerar que los grandes tenedores de vivienda en
España suman como mínimo 466.000 pisos, una cifra por encima
de las estimaciones que se hacen actualmente.
Blackstone,
por ejemplo, tiene unos 40.000 pisos y la segunda entidad que más
tiene, Caixabank a través de su inmobiliaria Building Center, ronda
los 25.000. Aunque hay que considerar también que el cálculo
dependería de lo que la ley considere un gran propietario. En los
decretos sobre la materia a raíz de la pandemia, el Gobierno ha
definido como tales a quienes tienen más de 10 inmuebles urbanos,
excluyendo garajes y trasteros, o que suman más de 1.500 metros
cuadrados. Y en los mismos decretos, en la parte justificativa, también
se señalaba que un 85% de los arrendamientos el propietario es una
persona física. Sobre esa base, y estimaciones oficiales que sitúan
el número de hogares en alquiler en España por encima de
los tres millones, es sobre la que Unidas Podemos ha realizado un cálculo
que la formación define como “conservador”. Implica presuponer,
eso sí, que prácticamente todos los pisos arrendados por
personas jurídicas (es decir, empresas) entran en esa categoría
de gran tenedor de vivienda.
"Si, por ejemplo,
los grandes propietarios de inmuebles en España destinaran el 30%
de sus viviendas al alquiler social, podríamos aumentar en muy pocos
meses el parque público en unos 140 o 150.000 inmuebles, ayudando
a poner fin a la emergencia habitacional", ha subrayado Belarra. Mendiluce,
consejero delegado de Anticipa y Aliseda, inmobiliarias propiedad del gigante
estadounidense, ha defendido que la colaboración para aumentar la
oferta de alquiler asequible pasa por incentivar ese tipo de contratos
"correctamente desde el punto de vista fiscal, con ayudas, impuestos locales
o lo que toque, en modos parecidos a Portugal, cuyo modelo se puede mejorar,
o a Francia, que en 2009 hizo una ley con un éxito brutal de 500.000
casas construidas en formato asequible".
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